Gustavo Valencia, de 70 años, de Morris, fue sentenciado a 6 años de prisión, incluyendo a 2 años sin derecho a libertad condicional, al comparecer ante el Juez de la Corte Superior Salem Vincent Ahto en el condado de Morris. Valencia  estuvo a punto de ir a juicio el pasado 25 de febrero, cuando se declaró culpable de 2 acusaciones en su contra, incluyendo múltiples cargos de conspiración en segundo grado, mala conducta oficial y la actividad informática criminal, así como manipulación de los registros públicos o de información en tercer grado. Valencia, admitió que negoció la venta ilegal de licencias de conducir en las  agencias de Vehículos Motorizados de Edison y el de East Orange. Valencia admitió haber recibido miles de dólares por renovar  licencias  de conducir para las personas sin que mostraran los 6  puntos de identificación que son obligatorios.

Ricardo Jalil, de 65 años, fue sentenciad hoy a 300 días de cárcel y 2 años de libertad condicional por el Juez Ahto. Jalil se declaró culpable el 19 de febrero de conspiración para manipular los registros públicos en tercer grado. Jalil  admitió que conspiró con su esposa, Martha Jalil, y otros individuos, incluyendo una ex empleada de la Agencia de Vehículos Motorizados de Edison, Lorena J. Escobar, para ayudar a renovar las licencias para las personas que se encontraban en el país ilegalmente y no tenían los 6 puntos de identificación.

Martha Jalil, de 55 años, de Dover, se declaró culpable el 23 de febrero de conspiración en segundo grado, admitiendo que ella conspiró con Escobar y otros para proporcionar licencias de conducir a personas no autorizadas a cambio de dinero en efectivo. Según el acuerdo de culpabilidad, el Estado recomendará que sea sentenciada a 7 años de prisión. Su sentencia ha sido fijada para el 12 de abril.

"Hay que cerrar el mercado negro de licencias de conducir de New Jersey, porque no podemos darnos el lujo de tener conductores peligrosos, estafadores y aquellos que deseen hacernos daño obteniendo de esta forma una identificación a través de fraude", dijo el Fiscal General Chiesa. "Vamos a seguir para arrestar a los que trafican con licencias ilegales  utilizando  la tecnología  especial de MVC para este tipo de investigación".

"El mensaje aquí es claro: las personas que buscan beneficiarse con este tipo de fraude de documentos va a acabar en la cárcel", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. "Estamos trabajando con MVC para detectar y perseguir estos delitos".

La  ex empleada que conspiró en este fraude en MVC en Edison, Lorena J. Escobar, de 32 años, de Bound Brook, se declaró culpable el 24 de marzo de 2010 de conspiración en segundo grado. El Estado recomendará que sea sentenciado a prisión estatal. Está programado para ser sentenciado el 12 de abril. Su sentencia fue aplazada porque ella tenía la obligación de cooperar con el Estado y que iba a testificar en el juicio de Valencia.

40 personas fueron  nombradas en acusaciones el pasado 5 de diciembre de 2011, por conspirar para vender ilegalmente licencias de conducir en las agencias de MVC de Edison, East Orange, Jersey City, North Bergen y Lodi. Los clientes pagaron entre $ 2,500 a $ 7,000 por una renovación de la licencia o autorización, y los empleados de MVC y corredores después se dividían las ganancias.

Las Vice Fiscales Debra Conrad y  Krystle Nova procesaron a los acusados ​​en el fraude de licencias en Edison en representación de la División de Justicia Criminal. Los cargos se derivan de las investigaciones conjuntas llevadas a cabo por la División de Justicia Criminal, MVC, mediante  investigaciones y Auditoría Internas. El Detective Nicholas Olenick  y el investigador Rubén Contreras manejaron la investigación del fraude cometido en Edison. El Vice fiscal Paul Salvatoriello presentó la acusación realizada en  Edison a un Jurado Investigador.

Fiscal General Chiesa y el Director Honig  señalaron que la División de Justicia Criminal ha establecido una línea gratuita 1-866-TIPS-4CJ para  denunciar la corrupción, delitos financieros y otras actividades ilegales. El público también puede reportar presuntas irregularidades. Toda la información recibida a través de la División de Justicia Criminal seguirá siendo confidencial.

###