Con este sistema ilegal  Birdsall Services Group realizaba contribuciones políticas corporativas a las campañas y organizaciones políticas que lo habiliten para los contratos públicos adjudicados por ciertos organismos gubernamentales, mientras que los accionistas y empleados de la empresa se presume efectuaron contribuciones políticas personales de $ 300 o menos, que se consideran fuera de ser y que se consideran fuera de informe. Los múltiples cheques personales se juntaron y fueron enviados juntos con BGS a la campaña correspondiente u organización política

Se presume que los accionistas y los empleados eran entonces ilegalmente reembolsados ​​por Birdsall, directa o indirectamente, a través de pagos de bonos adicionales, y la empresa omitió ilegal o falsamente la devolución de la documentación que deben presentarse ante  la Comisión Electoral (ELEC) indicando las agencias gubernamentales que recibieron contratos de la firma de servicios de ingeniería . El sistema  continuó durante más de seis años e involucró cientos de miles de dólares en contribuciones.

Todos los acusados ​ enfrentan a cargos de primer grado de conspiración y lavado de dinero, así como otros cargos. Los delitos de primer grado se castigan con sentencias de 10 a 20 años de prisión, y los delitos de lavado de dinero también conllevan multas y penas de hasta US $ 1 millón de dolares. Dos empleados del departamento de marketing de Birdsall previamente se declararon culpable de participar en este cuantioso fraude.

"Estos hombres habían participado en un esquema de corrupción mediante cientos de miles de dólares en contribuciones políticas corporativas, pero disfrazadas como contribuciones individuales para evadir la Ley  Pay-to-Play ", dijo el Fiscal General Chiesa. "Los acusados ​​aseguraron millones de dólares en contratos públicos de los que debería haber sido descalificados. Tenemos reglas para evitar las conexiones políticas de las  empresas  en  favor de contrataciones pública, pero estos acusados ​​presuntamente rompieron las reglas y cometieron crímenes graves”.

"La Ley Pay-to-Play de New Jersey, la ley tiene por objeto garantizar la contratación pública justa y abierta, libre de la influencia de intereses políticos", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. Con esta acusación, vamos a presentar cargos graves contra cualquier persona que se involucra en una conducta delictiva a eludir esta ley importante”.

Lista de acusados

La División de Justicia Criminal formuló al Jurado Investigador nueve  acusaciones vinculadas a Birdsall Services Group, con sede en Eatontown, y los demandados individuales siguientes:

Howard C. Birdsall, de 69 años, residente en Brielle, el mayor accionista de Birdsall, quien se retiró el año pasado como presidente ejecutivo. Al parecer hizo por lo menos $49,808 dólares en contribuciones políticas ilegales reembolsadas.

Thomas Rospos, de 61 años, de Belmar, ex vicepresidente ejecutivo de Birdsall.  Rospos fue acusado de otro delito previo en el caso, pero esta acusación sustituye a la anterior. Al parecer hizo por lo menos $241,000 dólares en contribuciones políticas ilegales reembolsadas.

Alan Hilla Sr., de 73 años, de Brielle. Es vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Negocios para Birdsall y un accionista significativo de Birdsall. También es semi-retirado. Al parecer hizo por lo menos $148,309 dólares en contribuciones políticas ilegales reembolsadas.

Scott  MacFadden, de 58 años, de Brick, alto funcionario administrativo de Birdsall. Al parecer hizo por lo menos $ 7,957 dólares en contribuciones políticas ilegales reembolsadas.

James Johnston, de 51 años, de North Brunswick. Es presidente de la División de Consultoría Ambiental de Birdsall y un accionista significativo. Al parecer hizo por lo menos $45,797 dólares en contribuciones políticas ilegales reembolsadas.

Robert Gerard, de 52 años, de Wall. Ex jefe de Marketing de Birdsall y fue un accionista significativo. Al parecer hizo por lo menos $ 48,700 dólares en contribuciones políticas ilegales reembolsados.

Las cantidades que aparecen en contribuciones ilegales por los acusados ​​son cifras aproximadas basadas en la investigación hasta la fecha. La investigación está en curso.
Cada uno de los acusados ​​está acusado de conspiración (en primer grado), dos cargos de lavado de dinero (primer grado), declaraciones falsas en los contratos públicos (segundo grado), mala conducta de un funcionario corporativo (segundo grado), manipulación de los registros públicos o de información (tercer grado), falsificación de documentos (cuarto grado), no cumplir con la prohibición de las contribuciones de corporaciones a través de empleados (cuarto grado), y  tergiversación  o mantener oculto los gastos de las contribuciones (cuarto grado).

Los cargos se derivan de una investigación realizada por la División de Justicia Criminal. El Vice Fiscal Anthony A. Picione, Jefe Adjunto de la Oficina de la Corrupción, y el Vice Fiscal Víctor Salgado presentaron el caso a un Jurado Investigador y tomaron las declaraciones de culpabilidad anteriores. Los Detectives Kiersten Pentony, Edward Augustyn, Janine Buchalski y Melissa Calkin  han sido que dirigieron a los detectives.

Las informaciones de los contribuyentes, incluyendo el nombre, la dirección y el empleador, deben ser reportados a ELEC .las contribuciones de más de $ 300, pero esa información no tiene por qué ser reportada  por las contribuciones de $ 300 o menos. Cada entidad comercial con fines de lucro en New Jersey que ha recibido $ 50.000 o más en contratos con el gobierno en un año natural deberá presentar la Declaración de Entidad Comercial Anual (Formulario BE) a  ELEC de modo que informe los contratos públicos que ha recibido, y se ha efectuado y reportan las contribuciones políticas. Se presume que en los formularios presentados por Birdsall, los acusados ​​fraudulentamente no dieron a conocer el reembolso ​​ilegalmente por contribuciones políticas. Además, se presume que, en relación con las propuestas presentadas por Birdsall para recibir contratos públicos, presentaron numerosas certificaciones falsas de cumplimiento declarando que la empresa ha cumplido con las normas legales.

La acusación fue entregada al Juez de la Corte Superior Thomas W. Sumners Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Ocean, donde los acusados ​​ comparecerán ante el tribunal en una fecha posterior para su comparecencia en los cargos.

El 30 de noviembre de 2012, Philip Angarone, de 40 años, de Hamilton (Mercer County),  ex director de marketing para Birdsall, admitió en la Corte que participó en el programa, y se declaró culpable ante el Juez Wendel E. Daniels en Ocean, de manipulación de los registros públicos o de información en tercer grado,  y no cumplir con la prohibición de efectuar contribuciones de corporaciones a través de los empleados en cuarto grado. Según el acuerdo de culpabilidad, enfrenta hasta 364 días de cárcel y una pena de libertad condicional. Asimismo deberá renunciar a $ 26,775, lo que representa el total del reembolso ilegal por las contribuciones políticas que  hizo.

###