TRENTON - El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa informó que la Oficina contra los Fraudes en Seguros a través de un Jurado investigador abrió cargos contra un hombre del condado de Essex de robo y tráfico de identidades de 15 personas que habían solicitado crédito al concesionario de vehículos usados donde trabajó.
Stuart Simpson, de 52 años, de Newark, fue acusado el viernes 12 de abril de robo de identidad en segundo grado y el tráfico en la información de identificación personal perteneciente a otra persona en segundo grado.
"En el mundo actual, el acceso a la información personal de identificación es muy frecuente y sin restricciones", dijo el Fiscal General Chiesa. "Sin embargo, los consumidores deben poder confiar que cuando se solicitan un crédito, esta información no debe ser objeto de tráfico Este acusado violó flagrantemente la confianza de estas personas”, agregó Chiesa.
La acusación afirma que en septiembre de 2010, Simpson había distribuido aproximadamente 74 aspectos de la información de identificación personal de 15 individuos en forma separada, incluyendo, entre otras cosas, copias de las licencias de conducir, solicitudes de informes de crédito y / o de crédito conteniendo la identificación personal. Una investigación determinó que los perfiles de identidad corresponden a las personas que habían solicitado crédito en el concesionario de automóviles usados donde Simpson trabajó.
Una investigación encubierta por la Oficina contra los Fraudes en Seguros determinó que Simpson intentó vender los perfiles de identidad a un comprador con quien debía reunirse en el estacionamiento de un restaurante en la Ruta 22 en Union. El "comprador" era en realidad un detective encubierto de la División de Justicia Criminal. Simpson fue arrestado el 24 de marzo de 2011 como resultado del presunto delito y fue posteriormente puesto en libertad bajo fianza.
El Vice Fiscal T.J. Harker, y el sargento Jarek Pyrzanowski coordinaron la investigación. El procurador Interino de Fraude en Seguros Ronald Chillemi agradeció a la División de Justicia Criminal por su asistencia en la investigación. Los delitos en segundo grado se castigan con sentencias máximas de 10 años en prisión y una multa de hasta $ 150,000 dólares
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