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Attorney General's Biography
     
 
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Para su Publicación Inmediata:
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13 de junio 2013

Oficina del Fiscal General
- John J. Hoffman, Fiscal General Interino
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
Oficina de
Información Pública:

Peter Aseltine
609-292-4791

Información para
los ciudadanos:

609-984-5828
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Birdsall Services Group se declara culpable de efectuar contribuciones políticas corporativas  ilegales mediante aportes de sus empleados para evadir Ley “Pay to Play” y conseguir contratos públicos lucrativos
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TRENTON – El Primer Asistente del Fiscal General Thomas R. Calcagni informó que la empresa Birdsall Services Group se declaró culpable de participar en un plan criminal para efectuar cientos de miles de dólares en contribuciones políticas corporativas a través de sus empleados para evadir  la Ley “Pay-to-Play” de New Jersey  y obtener millones de dólares en contratos públicos a las que podrían haberse descalificado.

La firma Birdsall Services Group, a través de su abogado defensor, Joseph A. Hayden Jr., se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero en primer grado y efectuar falsas representaciones de los contratos del gobierno en segundo grado, al momento de comparecer ante el Juez del Tribunal Superior Wendel E. Daniels en el condado de Ocean, según declaró el Primer Asistente Fiscal Calcagni. El Fiscal General interino John J. Hoffman se abstuvo en este asunto.

Según el acuerdo de culpabilidad, esta empresa de ingeniería con sede en el Condado de Monmouth deberá pagar al Estado $ Un millón de dólares en multas y restituciones. La firma estará prohibida de mantener contratos con el gobierno de New Jersey durante 10 años. Además, deberá cooperar plenamente en la investigación en curso del Estado y con el enjuiciamiento a los acusados ​​individuales que se presume orquestaron o participaron en el cuantioso fraude para canalizar las contribuciones corporativas a las campañas políticas y las organizaciones a través de los empleados de la empresa.

Para resolver esta acción civil de confiscación, Birdsall previamente acordó pagar al Estado $ 2 millones 600 mil dólares presentada por la Fiscalía General en relación con este caso criminal. Birdsall debe pagar  la suma de un millón de dólares como parte del acuerdo y se considera una cantidad del monto del acuerdo establecido. Birdsall se declaró en quiebra en respuesta a la acción de confiscación del Estado, y el acuerdo, que fue aprobado por el Juez de bancarrotas   incluido el requisito que la empresa creó un fondo de $ Un millón de dólares para pagar las multas, sanciones e indemnizaciones derivadas de la acción penal. El 5 de junio, el Juez de Bancarrotas aprobó la venta de los activos de Birdsall a una empresa de ingeniería con sede en California por US $ 5,6 millones de dólares, que el Juez usará para pagar las obligaciones de Birdsall. Los $ 3.6 millones para el Estado provendrán de los ingresos de la venta, así como los activos que se contabilicen del acuerdo legal.

"Con esta declaración de culpabilidad, Birdsall Services Group, admitió que tenía más de medio millón de dólares en contribuciones políticas corporativas ilegales y mintió acerca de su procedencia para obtener contratos públicos a los que debería haber sido descalificado", dijo el Primer Asistente General Calcagni. "Esta es una victoria para el público y para todos los que creen que los contratos públicos deben adjudicarse de manera justa y abiertamente, sin entregarse a las empresas con conexiones políticas que pagan por el privilegio de  las contribuciones de campaña”.

"Esta declaración de culpabilidad refleja la fortaleza de nuestro caso  en contra de la empresa y los ejecutivos claves", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. "La justicia exige que esta empresa no siga beneficiándose por los años de conducta delictiva que tergiversó ilegalmente el proceso de contratación pública en su favor. Hemos logrado la justicia y hacemos público un poderoso mensaje que no vamos a tolerar a los que se involucran en conductas delictivas para evadir las reglas”.

El Vice Fiscal Anthony A. Picione, quien es Jefe de la División de Justicia Criminal y el Vice Fiscal Victor R. Salgado está procesando el caso y tomaron la declaración de culpabilidad en el tribunal.  El Juez Daniels fijó la sentencia para el 30 de agosto

El 26 de marzo, la División de Justicia Criminal consiguió que un Jurado investigador abriendo acusaciones contra Birdsall Services Group, su principal accionista y ex CEO Howard C. Birdsall y otros seis ejecutivos y accionistas por delitos de conspirar para evitar  cumplir las restricciones de la Ley “Pay-to-Play” de New Jersey disfrazando las contribuciones políticas corporativas ilegales como aportaciones personales de los empleados de la empresa.

Según el fraudulento plan, en lugar que Birdsall Services Group efectué contribuciones políticas corporativas a las campañas y organizaciones políticas que los podrían descalifican de los contratos públicos adjudicados por determinadas agencias gubernamentales, de hecho, los accionistas y empleados de la empresa efectuaron contribuciones políticas personales de $ 300 dólares o menos, que se consideraron no necesarios de informar. Los cheques personales múltiples fueron agrupados al Birdsall Services Group y enviados a la campaña o la organización política adecuada. Los accionistas y los empleados eran luego reembolsados ​​ilegalmente por Birdsall, directa o indirectamente, a través de pagos de bonos adicionales, y la empresa falsamente omitió el reembolso ilegalmente de las contribuciones en los documentos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley Electoral (ELEC)  con las agencias gubernamentales que otorgan contratos a la firma de ingeniería. El programa continuó durante más de seis años e involucró cientos de miles de dólares en contribuciones.

Todos los acusados ​​ enfrentan a distintos cargos de primer grado de conspiración y lavado de dinero, así como otros cargos. Los delitos en primer grado se castigan con una pena de 10 a 20 años de prisión, y los delitos de lavado de dinero también conllevan multas y penas de hasta $ un millón de dólares.

Dos ex empleados del departamento de marketing de Birdsall, Philip Angarone, de 41 años, de Hamilton, ex director de Marketing, y Eileen Kufahl, de 48 años, de Bradley Beach, previamente se declararon culpables de participar en la conspiración y esperan la fecha de la sentencia.

Los delitos se derivan de una investigación realizada por la División de Justicia Criminal. El Fiscal Adjunto Picione y el Vice Fiscal Salgado presentaron el caso a un jurado investigador. Los Detectives Kiersten Pentony, Edward Augustyn, Janine Buchalski y Melissa Calkin efectuaron las investigaciones principales.

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