Birdsall Services Group, una empresa de ingeniería con sede en el Condado de Monmouth, se declaró culpable el 13 de junio de los cargos de lavado de dinero en primer grado y efectuar falsas representaciones de los contratos del gobierno en segundo grado. Los cargos fueron sometidos por la División de Justicia Criminal. Los cargos contenidos fueron presentados el 26 de marzo 201 en los cuales también se acusó a siete ejecutivos de la firma. Los cargos contra los acusados ​​individuales están pendientes.

La empresa, a través de su abogado defensor Joseph A. Hayden Jr. compareció para la sentencia ante el Juez del Tribunal Superior Wendel E. Daniels en el Condado de Ocean. La empresa fue sentenciada a pagar dos importantes sanciones penales dentro de 10 días: (1) una sanción pública por corrupción de $ 500,000 dólares,y (2) otra sanción penal de $500,000 dólares en la lucha contra el lavado de dinero. En cada caso, la sanción ha sido la cantidad máxima autorizada por Ley. Birdsall previamente había pagado el Estado de $ 2.6 millones de dólares para resolver una acción de confiscación civil presentada por la Fiscalía General en relación con el caso criminal.

Según el acuerdo de culpabilidad, se requiere a la empresa la cooperación plena en el enjuiciamiento de los acusados ​​individuales por parte del Estado. Además, la empresa ha sido prohibida de trabajar mediante contratos públicos en New Jersey durante 10 años. Como una cuestión práctica, la empresa ya no está en el negocio y se declaró en bancarrota a principios de este año como resultado de la acusación y de la acción de confiscación civil, por lo que sus activos fueron posteriormente vendidos a una empresa de ingeniería con sede en California.

El Vice Fiscal Anthony A. Picione, quien es Jefe de Oficina contra la Corrupción de la División de Justicia Criminal y el Vice Fiscal Víctor R. Salgado, están procesando el caso y manejaron la sentencia por parte de la División de Justicia Criminal.

"Las máximas sanciones que deben ser pagadas por Birdsall Services Group están en consonancia con el ámbito de aplicación del régimen criminal que los llevó a la ruina", sostuvo el Primer asistente del Fiscal General Calcagni. "Birdsall realizó más de medio millón de dólares en contribuciones políticas ilegales, asegurando al mismo tiempo millones de dólares al año en los contratos públicos los cuales deberían hacer sido descalificados. Este caso tiene que ver con la vigencia de nuestra ley “Pay- to-Play y salvaguardar la integridad de los contratos públicos en New Jersey, y asegurar que los contribuyentes no paguen la factura por los favores políticos”.

El Fiscal General interino John J. Hoffman se abstuvo en este asunto.

"Estas sanciones sirven para enviar un mensaje fuerte y claro que las empresas que se dedican a la conducta delictiva al no cumplir con nuestra ley “Pay-to–Play” pagarán muy caro ", dijo Elie Honig Director de la División de Justicia Criminal. "Teniendo en cuenta los beneficios obtenidos en el pasado a través de este tipo de contribuciones políticas, tenemos que mostrar que el precio de pago por estos sistemas son prohibitivos, y no sólo son otro costo en hacer negocios”.

La acusación obtenida por la División de Justicia Criminal abre serios cargos en contra de Birdsall Services Group, su principal accionista y el ex CEO Howard C. Birdsall y otros seis ejecutivos y accionistas, por conspirar en un plan para evitar cumplir con respetar la ley “Pay to Play” y por disfrazar las contribuciones políticas corporativas ilegales como aportaciones personales de los empleados de la empresa.

Según el fraudulento plan, en lugar que Birdsall Services Group efectúe contribuciones políticas corporativas a las campañas y a las organizaciones políticas que los podrían descalifican de los contratos públicos adjudicados por determinadas agencias gubernamentales, de hecho, los accionistas y empleados de la empresa efectuaron contribuciones políticas personales de $ 300 dólares o menos, que se consideraron no necesarios de informar. Los cheques personales múltiples fueron agrupados al Birdsall Services Group y enviados a la campaña o la organización política adecuada. Los accionistas y los empleados eran luego reembolsados ​​ilegalmente por Birdsall, directa o indirectamente, a través de pagos de bonos adicionales, y la empresa falsamente omitió el reembolso ilegalmente de las contribuciones en los documentos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley Electoral (ELEC) con las agencias gubernamentales que otorgan contratos a la firma de ingeniería. El programa continuó durante más de seis años e involucró cientos de miles de dólares en contribuciones.

Todos los acusados ​​ enfrentan a distintos cargos de primer grado de conspiración y lavado de dinero, así como otros cargos. Los delitos en primer grado se castigan con una pena de 10 a 20 años de prisión, y los delitos de lavado de dinero también conllevan multas y penas de hasta $ un millón de dólares.

Dos ex empleados del departamento de marketing de Birdsall, Philip Angarone, de 41 años, de Hamilton, ex director de Marketing, y Eileen Kufahl, de 48 años, de Bradley Beach, previamente se declararon culpables de participar en la conspiración y esperan la fecha de la sentencia.

Todos los acusados ​​ enfrentan a distintos cargos de primer grado de conspiración y lavado de dinero, así como otros cargos. Los delitos en primer grado se castigan con una pena de 10 a 20 años de prisión, y los delitos de lavado de dinero también conllevan multas y penas de hasta $ un millón de dólares.

Un ex empleado del departamento de marketing de Birdsall, Philip Angarone, de 41 años, de Hamilton, ex director de Marketing, previamente se declaro culpable de participar en la conspiración y espera la fecha de la sentencia.

Los cargos se derivan de una investigación realizada por la División de Justicia Criminal. Fiscal General Adjunto Picione y el Vice Fiscal Salgado presentó el caso a un jurado investigador. Detectives Kiersten Pentony, Edward Augustyn, Janine Buchalski y Melissa Calkin son los detectives de plomo.

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