TRENTON- El Fiscal General Interino John J. Hoffman y la División de Leyes anunciaron hoy que el Estado ha puesto una demanda en contra de Standard & Poor’s Financial Services, LLC diciendo que la compañía engañó a los consumidores acerca de la independencia y objetividad de sus servicios de evaluación, y por razones de sus propios intereses, usó obsoletos modelos analíticos para maximizar las cuotas del mercado y las ganancias.
Puesta hoy en la Corte Superior del Condado de Essex, la demanda del Estado carga a Standard & Poor’s, así como a su firma matriz McGraw Hill Financial, Inc., con tres violaciones del Acta de Fraude para el Consumidor de Nueva Jersey.
La demanda alega que Standard & Poor’s dañó a los consumidores de Nueva Jersey proclamando ser una fuente independiente de análisis en inversiones complejas conocidas como valores de finanzas estructuradas, cuando en realidad, sus evaluaciones de estos valores fueron hechos con la meta de ganancias para la compañía, así como preferencia a clientes de banca de inversión que dieron los valores y que pagaron a Standard & Poor’s los pagos relacionados.
“La independencia y objetividad de Standard & Poor’s es de una importancia crítica para los consumidores de Nueva Jersey, los cuales confiaron en la compañía supuesta objetividad de análisis,” dijo el Fiscal Interino John J. Hoffman. “Nuestra demanda alega que esta confianza fue inmerecida, porque Standard & Poor’s no proveyó información independiente a los inversionistas, pero en vez actuó en sus propios intereses, y en los intereses de unos cuantos clientes favoritos los cuales proveían a la compañía con un flujo significativo de ingresos.”
La demanda del Estado alega que Standard & Poor’s enfoque “amigable emisión” a los análisis de valores y evaluaciones estaba basado en el miedo de perder cuotas del mercado a los competidores.
Estas preocupaciones de competición no solamente mermaron la integridad de la metodología de evaluación de la compañía, sino que también causaron que ésta relajara el monitoreo de desempeño de los valores de finanzas estructuradas que ya había evaluado, dice la demanda.
Los valores de finanzas estructuradas son valores de bonos de titulación, un producto de finanzas cuyo valor es derivado de un flujo de un fondo de activos subyacentes. Estos valores se venden a los inversionistas que dependen del flujo de ingresos generados por los bonos de titulación del fondo para repagar el principal de los inversionistas así como colectar el interés. Una clase de valores de bonos titulados de Standard & Poor´s son valores respaldados por hipotecas residenciales, que están asegurados por un fondo de hipotecas residenciales- con frecuencia incluyen hipotecas subprimes-que están empaquetados juntos.
“Los valores de finanzas estructuradas son muy complejos, y solamente hay una información limitada al público inversionista acerca de los activos subyacentes del cual derivan su valor. Standard and Poor´s engañosamente anunció sus evaluaciones de estas inversiones como un producto independiente de análisis y objetividad cuando ese no era el caso,” dijo el Director de la División de Leyes Christopher S. Porrino. “La compañía hizo estas declaraciones en su sitio web, en su testimonio al Congreso, y en numerosas otras ocasiones. Nuestra posición es que estas proclamaciones fueron falsas, y hay bastante evidencia para demonstrar cómo estas declaraciones fueron engañosas.”
La demanda del Estado señala que el mercado de analizar y evaluar valores de finanzas estructuradas en lucrativo. Standard & Poor’s carga tres o cuatro veces más en analizar valores de finanzas estructuradas que cuando evalúa un bono de corporación, según la Queja. La demanda anota que, en el 2006, Standard & Poor’s ingresos incrementaron aproximadamente un 15% – $12.7 billones – mayormente basado en el incremento de los pagos colectados por la evaluación de valores de finanzas estructuradas.
El Estado fue representado en el asunto de Standard & Poor’s por el Asistente del Fiscal General Brian McDonough, el Delegado del Fiscal General Edward Mullins, y los Delegados Especiales del Fiscal General Steven Scutti y Krima Shah, todos asignados de la Division of Law’s Affirmative Civil Enforcement Practice Group.
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