TRENTON - El Fiscal General interino John J. Hoffman informó que tres individuos, entre ellos una abogada del condado de Essex, han sido acusados por delitos de conspiración para robar aproximadamente $ 873,520 dólares de un prestamista al utilizar identidades robadas para someter las solicitudes de préstamos hipotecarios fraudulentos para dos transacciones de viviendas, falsificación de documentos de liquidación y desviar los fondos de los préstamos.
Un Jurado Investigados a solicitud de la División de Justicia Criminal abrio cargos criminales a cada uno de los tres acusados por conspiración, lavado de dinero y robo por engaño en segundo grado. Ellos son:
- Stephanie Hand, de49 años, de Livingston, abogada, cuya oficina de abogados se encuentra en Newark;
- Julio Concepción, de 48 años, de Passaic, y
- Thomas D' Anna, de 38 años, de Saddle Brook.
Los tres acusados presuntamente conspiraron en dos ventas fraudulentas en enero y febrero de 2009 que involucran las propiedades ubicadas en 248 River Road en Garfield y 91 Isabella Avenue, en Newark. En ambos casos, D'Anna era el vendedor y no existía un comprador real. D' Anna y su esposa eran dueños de la propiedad en Garfield, y también era dueño de la propiedad en Newark través de su compañía Metro Property Partners, LLC.
Los acusados presuntamente utilizaron identidades robadas a dos residentes de Puerto Rico, para solicitar préstamos y efectuar las compras, sometiendo falsos estados de cuenta falsos y otras informaciones falsas para apoyar las solicitudes de préstamos. Por la propiedad de Garfield, la firma que realizó el préstamo les otorgó la suma de $415,865 dólares precio de venta $ 458.000), que la pareja D' Ana había comprado el año 2003 solamente por 269,000 dólares, y otro préstamo de $457,655 dólares, por la propiedad ubicada en Newark (precio de venta $ 510.000), que Metro compró por 92,000 dólares el año 2007, Stephanie Hand fue la abogada y agente de liquidación para el cierre de ambas propiedades. Se presume que la abogada presentó declaraciones falsas de los acuerdos y declaraciones de HUD indicando que los compradores / prestatarios efectuaron los pagos requeridos y los procedimientos de los préstamos se desembolsaron correctamente. Se presume que la suma de $74,500 dólares en ingresos de la propiedad en Garfield y $ 84.400 dólares de la propiedad en Newark fueron desviados a empresas propiedad de Julio Concepción. D' Anna pagó tres hipotecas de las propiedades y presumiblemente recibió más de $100,000 dólares en ganancias de las dos ventas.Unos cuantos pagos mensuales se realizaron de cada uno de los préstamos.
"Es particularmente preocupante que una abogada - una persona que tomó un juramento de defender la ley - esté siendo acusada de conspirar en este tipo de fraudes", dijo el Fiscal General interino Hoffman. Los abogados y corredores de bienes raíces con licencia deben servir como vigilantes para prevenir el fraude hipotecario. Si por el contrario utilizan sus licencias para cometer fraude, nos aseguraremos que se enfrenten fuertes castigos".
“Estamos viendo con mas frecuencia esta combinación de fraude hipotecario y robo de identidad, ya que los estafadores tratan de llevar a cabo grandes préstamos, robar las ganancias y escapar al amparo de una identidad falsa", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. "Esta acusación formal sirve de aviso que estamos trabajando agresivamente para perseguir a los que cometen estos fraudes".
Los Vice Fiscales Jillian Carpenter y Mary Erin McAnally presentaron la acusación a un Jurado Investigador. La investigación fue realizada por la División de Justicia Criminal a través de la Detective Roxanna Ordóñez, el Teniente (en retiro) James MacInnes y las analistas Rita Gillis y Amy Patterson. Los Detectives Anthony Fasolas de la Oficina del Fiscal del Condado de Passaic, y el Servicio Secreto de los EE.UU. proporcionaron valiosa asistencia en la investigación
Los delitos en segundo grado se castigan con una pena de 5 a 10 años en prisión y una multa de hasta $ 150.000 dólares.
La acusación fue entregada al juez del Tribunal Superior Pedro J. Jiménez Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Essex, donde se ordenó a los demandados a comparecer ante el tribunal en una fecha posterior.
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