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Attorney General's Biography
     
 
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Para su Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 15 de Enero del 2014

Oficina del Fiscal General
- John J. Hoffman, Fiscal General Interino
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
Oficina de Información Pública:
Peter Aseltine
609-292-4791

Información para
los ciudadanos:

609-984-5828
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El Dueño y los Empleados de un Negocio de Inspección de Paterson Cargados por Usar Aparatos Electrónicos para Falsificar los Resutados de Inspecciones de Emisión
Tres hombres se enfrentan con cargos por la investigación de la Oficina del Fiscal General, la Comisión de Vehículos Motorizados y el DEP
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TRENTON-El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que tres hombres que operaban un negocio privado de inspección de autos en Paterson fueron cargados hoy por usar fraudulentamente simuladores de data para generar falsos resultados de las inspecciones de vehículos. Se alega que los hombres recibieron pagos de clientes por usar aparatos electrónicos para generar resultados aprobados de vehículos que fallaron las inspecciones de emisión, que dependen en la data de sistemas de diagnóstico a bordo.

Los cargos son el resultado de una investigación co-junta de la División de Justicia Criminal, la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, y el Departamento de Protección del Medio Ambiente (por su sigla en inglés DEP) de Nueva Jersey.

La División de Justicia Criminal cargó a los siguientes individuos con segundo grado de conspiración, segundo grado de crímenes de computadora y de tercer grado por manipular archivos públicos o información:

  • Christopher Alcantara, 28, de Paterson, dueño de Five Stars Auto Inspection, que está localizado en 34 1st Avenue in Paterson;
  • Mariano Alcantara, 51, de Clifton, (un tío de Christopher Alcantara); y
  • Lewis Alcantara-Sosa, 21, de Paterson, (primo de Christopher y sobrino de Mariano).

Christopher y Mariano Alcantara fueron arrestados esta mañana por los detectives de la División de Justicia Criminal y fueron llevados a la Bergen County Jail con libertad bajo fianza puesta a $50,000 cada uno. Lewis Alcantara fue cargado con citaciones y fue puesto en libertad sin poner la fianza después de que fue procesado en los cargos.

“Esta clase de fraude amenaza el aire que respiramos, porque el resultado es más vehículos mal mantenidos en nuestras carreteras y más emisiones tóxicas,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “No toleraremos esta clase de individuos deshonestos que buscan ganancias a expensas de la salud del público y del medio ambiente.”

“El mensaje aquí es que aquellos que cometen fraude de inspección se enfrentaran con castigo severo,” dijo el Director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. “Tenemos la capacidad de detectar el uso del simulador de data, y cualesquiera que sean descubiertos se enfrentaran con serio tiempo en la cárcel como estos acusados.”

“El programa de prueba estricta de emisiones del estado está designado para mantener fuera de nuestras carreteras a los ‘contaminadores’ y llevarlos dentro de los talleres de reparo,” dijo el Oficial y Jefe Administrador de la Comisión de Vehículos Motorizados Raymond P. Martinez. “Estos talleres de reparo tienen como objetivo ser la solución-no el problema – para mantener toneladas sin fin de contaminación fuera del aire.”

“Estamos comprometidos a proteger la cualidad de nuestro aire implementando las leyes y regularizaciones que protegen la salud de nuestros residentes y del medio ambiente,” dijo el Comisionado del DEP Bob Martin. “Esta clase de conducta no será tolerada.”

La mayoría de autos de pasajeros y vehículos industriales ligeros de modelo 1996 o después tienen un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que monitorea el sistema de emisiones del vehículo. Durante una inspección del OBD, un inspector en una facilidad privada de inspección (PIF) o en una facilidad central de inspección (CIF) conecta un aparato de inspección aprobado por el estado a un estándar “enlace conector de data” en el vehículo para obtener OBD data para determinar si el vehículo pasa o falla.

Se alega que, en numerosas ocasiones durante el año pasado, los acusados instalaron OBD simuladores en lugar del enlace conector de data en vehículos que habían fallado las inspecciones de emisión para generar data falsa que permitía que los vehículos pasaran. Se alega que los demandados cargaron a los clientes hasta $150 por usar los simuladores OBD que permitían que los clientes pasaran las inspecciones de emisión. Los acusados, se alega, con frecuencia instalaron el OBD simulador en Five Stars Auto Inspection, el cual es un PIF, pero luego llevaron el vehículo a una facilidad central de inspección CIF incluyendo, Lodi, Paramus y Wayne.

Durante el curso de la investigación, los investigadores vigilaron a los acusados y a Five Stars Auto Inspection. Además, se alega que estos arreglaron para que instalaran un OBD simulador en dos vehículos encubiertos para que pudieran pasar inspección. Los investigadores ejecutaron una orden de registro hoy a Five Stars Auto Inspection, donde confiscaron la evidencia incluyendo un OBD simulador y archivos. Los investigadores tienen la habilidad de detectar fraude revisando la data en la base de datos de inspección de vehículos, donde pueden identificar las “huellas electrónicas” de los simuladores OBD que estaban usando para falsificar los resultados de las inspecciones.

La Delegada del Fiscal Genral Debra Conrad de la División de Justicia Criminal es la fiscal asignada al caso, bajo la supervisión del Delegado del Fiscal General Jill Mayer, Jefe del Buró de Crímenes Especializados. Los investigadores principales fueron, por la División de Justicia Criminal, Detective Sean Egan, bajo la supervisión de Lt. Bill Newsome y asistido por el Detective Nicholas Olenick, Detective Joseph C. Saiia Jr. y Sgt. Pat Kendig; por la Comisión de Vehículos Motorizados , Investigator Frank VanWie de la División de Seguridad, Investigación e Interna Auditoría, y el Administrador James Arose y el Oficial de Implementación Theodore Lefkowich de la Unidad de Mejora de Inspección y Mantenimiento; y por el Departamento de Protección del Medio Ambiente, el Ingeniero de Medio Ambiente Jeffrey Kennedy del Buro de Fuentes Móviles.

Los crímenes de segundo grado llevan una sentencia de cinco a diez años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. Además, el cargo de crimen de segundo grado de computadora lleva un tiempo mandatario de no ser elegible para libertad condicional, igual a un tercio o a la mitad de la sentencia impuesta. Los crímenes de tercer grado llevan una sentencia de cinco años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000.

Los cargos son solamente acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se prueben culpables. Porque estos cargos son ofensas de acusación formal, estos se presentaran a un gran jurado por posible proceso.

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