Frank J. Rizzo, de 55 años de edad, admitió culpabilidad a un cargo de segundo grado de conspiración ante el Juez de la Corte Superior James W. Palmer Jr., in Burlington County. Bajo el acuerdo de admisión de culpabilidad, el estado recomendará que Rizzo sea sentenciado a tres años en la prisión del estado. Además, Michael Kouvaras de 61 años de edad de Maplewood, también admitió culpabilidad ante el Juez Palmer a un cargo de tercer grado en violación del Acta de Licenciamiento de Control de Asbestos. El estado recomendará que Kouveras sea sentenciado a 364 días en la cárcel como condición a término de probación. La Delegada del Fiscal General Mary Erin McAnally recibió las admisiones de culpabilidad de parte del Buró de Crímenes Especializados de la División de Justicia Criminal. La sentencia de los demandados está programada para el día 25 de Abril.

Declarándose culpables, los demandados admitieron que a través de su compañía, Deuteron Capital LLC, haciendo negocios como South Street Fillit Recycling of Riverside, ilegalmente removieron los asbestos y se deshicieron de estos en el local del Zubrugg Memorial Hospital. Los cargos están descritos en la acusación judicial del día 20 de Junio del 2012 que resultaron de la investigación conjunta de la Unidad de Crímenes del Medio Ambiente de la División de Justicia Criminal y la División de Investigaciones Especiales del Departamento de Correccionales.

“Estos dos hombres demostraron un menosprecio total por la salud y seguridad de los trabajadores que contrataron, así como por los residentes que viven cerca del local,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “No toleraremos contratistas que ignoran nuestras leyes y ponen al público en peligro por ganancias.”

“Estamos avisando a los operadores de negocios y a los contaminadores que violan nuestras leyes del medio ambiente y las de trabajo, como estos demandados hicieron, que se enfrentarán con tiempo en la cárcel,” dijo el Director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. “Los residentes de Nueva Jersey tienen el derecho de trabajar en un ambiente seguro, e impondremos todo el peso de la ley a aquellos que violan estos principios.”

Al principio del 2010, Rizzo solicitó al dueño del local de Zubrugg el contrato de demoler el hospital. Se le concedió el contrato a South Street, en el que se especificaba que la compañía se quedaba con todas las ganancias del metal reciclable y organizar y pagar por los costos de la demolición, incluyendo eliminar y deshacerse de los asbestos. Un reporte de un ingeniero de las estructuras del hospital, que fue proveído a los demandados, identificó gran cantidad de asbestos por todas las estructuras.

Los demandados inicialmente contrataron a un licenciado contratista de eliminación de asbestos, el cual proveyó los 10 días de notificación para remover asbestos en el lugar al Departamento de Trabajo, al Departamento de Servicios de Salud y Mayores de Edad, y a la Agencia de EE UU de Protección del Medio Ambiente.
Sin embargo, los demandados pagaron solamente unos cuantos dólares del 10 por ciento del depósito requerido por el contratista para empezar el trabajo. El contratista estimó que la eliminación de los asbestos costaría alrededor de $220,000. El contratista licenciado trabajó un día en el lugar, removiendo una pequeña cantidad de asbestos.

La investigación del estado determinó que entre Agosto del 2010 y Marzo del 2011, Kouvaras, el dueño de South Street y Rizzo, el organizador del proyecto, usaron trabajadores sin entrenamiento, incluyendo reclusos de Clinton House, un programa de trabajo para ayudar a los reclusos, de Trenton, para remover los asbestos de las secciones del hospital en conexión con la demolición del lugar, en sus esfuerzos de salvar valiosos metales de cobre y hierro. Se involucraron en remover asbestos sin requerir una licencia del Departamento de Trabajo de Nueva Jersey y sin seguir los requisitos federales y las leyes del estado para prevenir la emisión tóxica del polvo y los escombros de los asbestos.

La investigación reveló que los demandados mandaron a los trabajadores sin entrenamiento a remover asbestos o materiales que los tenían, enterrar bolsas de asbestos en la tierra, y volcar bolsas de asbestos en el suelo de la habitación de la caldera para que pareciera que la estructura había sido vandalizada. Los trabajadores no se pusieron equipo de protección, excepto por mascarillas de papel que no estaban autorizadas para remover asbestos, y que rápidamente se las quitaron porque estas hacían muy difícil respirar.

La División de Justica Criminal ejecutó una orden de allanamiento del lugar de Filmore Street el día 28 de Marzo del 2011, y descubrió los materiales conteniendo asbestos esparcidos en el suelo en el cuarto de la caldera. Encontraron un contenedor de ruedas que tenía 200 bolsas de plástico con materiales, 30 de las cuales fueron examinadas y contenían asbestos. También descubrieron dos bolsas conteniendo lozas de asbestos enterradas en el suelo durante una limitada excavación del lugar.

La Agencia de Protección de EE UU del Medio Ambiente de la Región 2 ha tomado jurisdicción del lugar y ha completado la eliminación.

La investigación del estado empezó al principio del 2011 cuando la División de Investigaciones Especiales del Departamento de Correccionales (DOC) recibió un aviso que reclusos se estaban usando para remover asbestos en el lugar. DOC alertó a la División de Justicia Criminal que se unió a la investigación. El Departamento de Protección del Medio Ambiente, el Departamento de Trabajo y Desarrollo de Fuerza Laboral, y el Departamento de Servicios de Salud y Mayores de Edad, ayudaron en la investigación, incluyendo las órdenes de allanamiento al lugar de Zubrugg y a las oficinas de South Street empezando el día 28 de Marzo.

La investigación fue conducida por la Unidad de Crímenes del Medio Ambiente, dentro del Buró de Crímenes Especializados de la División de Justicia, por el Sgt. Steven Ogulin, la ex Detective Dawn Ryan, ex Detective Michael Klumpp, las Delegadas del Fiscal General McAnally, Phillip Leahy y la jubilada Supervisora Delegada del Fiscal General Betty Rodriguez. La investigación fue liderada por la División de Inspecciones Especiales del Departamento de Correccionales Investigador Daniel Klotz.

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