TRENTON- El Fiscal General Interino anunció hoy que la División de Leyes entre acuerdos y sentencias obtuvo un total aproximado de $304 millones de dólares el año pasado de parte del Estado.
La cantidad obtenida por la División representa un incremento de $104 millones –
aproximadamente un 52% - sobre la cantidad obtenida en el 2011. Los pagos al Estado debido a litigación fueron de un total aproximado a $77.7 millones.
El Fiscal General Interino Hoffman acreditó a la División de Leyes por su esfuerzo en
representar a las agencias del gobierno del estado, defendiendo las leyes y obteniendo
incrementación substancial de dólares de parte del Estado.
Los dineros obtenidos por la División en el 2013 incluyen acuerdos y fallos de litigación del medio ambiente, deudas recobradas, y demandas de consumidores alegando fraude de valores y otros fraudes así como otras clases de litigación afirmativa.
“Los abogados de la División de Leyes continúan haciendo un trabajo fantástico tratando litigación afirmativa, defendiendo las leyes del estado y conservando los recursos valiosos del medio ambiente y financieros,” dijo el Fiscal General Interino. “Aunque nuestra recuperación anual y desembolso de pagos pueden estar influenciadas por un número de variables, aquí siempre existe una ecuación constantes- el increíble calibre del trabajo legal bien hecho por la División de Leyes, y el esfuerzo excepcional del personal de abogados de DOL que dan cada día.”
Entre los resultados obtenidos por la División de Leyes en el 2013 merecen mención especial:
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Los acuerdos de Litigación del Passaic River: Los abogados de la División de Leyes, trabajando mano a mano con otros abogados, finalizaron dos acuerdos en el 2013 sumando $165.4 millones relacionados a la limpieza del contaminado por mucho tiempo rio Passaic. Bajo un acuerdo, un total de $130 millones que serán pagados al Estado por varios inculpados no condenados: Spanish compañía de petróleo Repsol, S.A.; Argentina-basada energía conglomerada YPF, S.A., YPF Holdings, Inc., y YPF International; CLH Holdings, Inc.; Maxus Energy Corporation; Maxus International Energy Company y Tierra Solutions, Inc. En el segundo acuerdo, 261 acusados de parte tercera – incluyendo 70 municipalidades y otras entidades públicas – colectivamente pagarán al Estado un total de $35.4 millones. El Estado no demandó a los acusados de partes terceras. Fueron traídos al caso por dos de los demandados en el acuerdo – Maxus y Tierra. Los dos acuerdo del Passaic River finalizados en el 2013 permitieron que le Estado siguiera adelante con su resto de substancial litigación en contra del principal demandado Occidental Chemical Corporation. El legal sucesor de Diamond Shamrock Chemical Company, Occidental es acusado de intencionadamente descargar dioxina y otros desechos químicos en el rio Passaic por décadas.
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Merrill Lynch & Co. Settlement: Los abogados de la División de Leyes llegaron a un acuerdo en el 2013 con Merrill Lynch & Co. en el cual la compañía pagó $45 millones a la División de Inversiones de Nueva Jersey, la cual trata los bienes de los fondos de la pensión del Estado. El acuerdo resolvió las alegaciones de que Merrill Lynch quebrantó una provisión del contrato de Julio del 2008 bajo la cual el Estado cambió su inversión en Merrill Lynch preferred stock por Merrill Lynch common stock.
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Google “DoubleClick” Settlement: En Noviembre del 2013, New Jersey se unió a 36 estados y al Distrito de Columbia en un acuerdo de $17 millones con el gigante de internet Google que resolvió las alegaciones de que Google ilegalmente evadió la preconcebidas configuraciones de los buscadores de Safari Web. New Jersey fue un miembro del Executive Committee que lideró la investigación de Google y negoció el acuerdo de los múltiples estados. El Estado compartirá parte del acuerdo de Google que fue aproximadamente $655,000, que será usado para fundar iniciativas de protección para los consumidores.
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Cooper Health System: Bajo este acuerdo envolviendo el gobierno federal y el Estado, Cooper Health System en Camden acordó a pagar un total de $12.5 millones para resolver las alegaciones que entró en inapropiados acuerdos de consulta y compensación con doctores para aumentar su programa de cardiología. Además de pagar el Estado $2.3 millones y al gobierno federal $10.2 millones, Cooper acordó a numerosas reformas de corporación designados para aumentar responsabilidad, entrenamiento y otros aspectos de sus operaciones. El acuerdo de Cooper resolvió la investigación conjunta federal y estatal en la relación financiera envolviendo Cooper Heart Institute en Camden, el Cooper Heart Institute Advisory Board y doctores que servían en el Advisory Board.
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PHH Mortgage: Resolviendo una investigación lanzada por el Estado en el 2011, la División anunció un acuerdo de $6.25 millones con PHH Mortgage Corporation en Diciembre del 2013. El acuerdo resolvió las alegaciones de que PHH había engañado a los dueños de casa que estaban en dificultades financieras que buscaron préstamos de modificación u otra ayuda para evitar delincuencia en sus pagos de hipoteca o ejecución hipotecaria. El acuerdo incluyó $3.61 millones en restitución para 2,000 prestatarios por toda la nación cuyos préstamos habían sido servidos por PHH. El resto $2.64 millones fue pagado al Estado. PHH también acordó bajo el acuerdo a implementar ciertas reformas y adoptar por toda la nación estándares de servicios de hipoteca.
- Toyota Motor Company: Como parte de una investigación de múltiple estados y un acuerdo liderado por New Jersey, el Estado recibió $1.9 millones de Toyota Motor Company para resolver las alegaciones de que el fabricante de autos se involucró en prácticas injustas y engañosas ocultando un asunto de seguridad que sabían – una tendencia que tenían ciertos modelos de Toyota y Lexus de acelerar inesperadamente. Además de pagar un total de $29 millones a 29 estados y a un territorio de EE UU, Toyota acordó a hacer cambios en su cultura de corporación y cadena de mando para evitar una situación similar en el futuro. Poca comunicación entre el nervio central de corporación de Toyota entre Japón y sus operaciones en EE UU tuvieron parcialmente la culpa por el fallo de la compañía de no reportar el problema de seguridad al tiempo apropiado, según la investigación de muchos estados encabezada por la División.
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