Mientras que actualmente hay más de 400 aparatos conductores de energía – conocidos comúnmente como “stun guns” – desplegados por las agencias de implementación de leyes por toda Nueva Jersey, incluyendo los departamentos de policía en casi todos los condados, los procuradores de los condados y los jefes de policía han indicado que el alto costo de las stun guns es la primera razón por la cual no son utilizadas en mayor cantidad. El costo de una stun gun, con accesorios y equipo relacionado es aproximadamente $2,500.

Distribuyendo $1 millón a agencias calificadas en el próximo año a través de las oficinas de los procuradores en los condados, la Oficina del Fiscal General efectivamente reducirá el costo de las stun guns para que los departamentos de policía puedan incrementar el número de estos aparatos disponibles a sus oficiales, y para que más departamentos los obtengan. El millón está proveído por la Division of Criminal Justice usando fondos criminales confiscados.

“Una stun gun puede salvar vidas cuando un oficial puede usarla aseguradamente como una alternativa de fuerza letal para controlar a una persona que está amenazando usar violencia a si misma o a otros. Eso es por lo que la policía y la comunidad de salud mental han urgido el despliegue de estos aparatos,” dijo el Fiscal General Hoffman. “Proveyendo un millón de dólares en fondos, aumentará el número de estos aparatos en las manos de los oficiales y la probabilidad de salvar vidas.”

La Oficina del Fiscal General también está tomando pasos para hacer más conveniente entrenar y re-cualificar a los oficiales en el uso de estos aparatos facilitando más entrenadores, haciendo los requisitos de re-cualificación más fáciles y permitiendo el uso de la máquina Firearms Training Simulator, o FATS, para entrenamiento. Se requerirá que los oficiales se re-califiquen con el aparato una vez al año, en vez de dos veces como estaba mandado previamente.

“Estamos trabajando arduamente para proveer a los oficiales de implementación de leyes en Nueva Jersey con cada herramienta posible para que lleven a cabo su misión crucial de proteger vidas,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Los departamentos de policía se enfrentan con serias demandas de tiempo y recursos, y estos fondos y reglas nuevas ayudarán a aliviar las cargas envueltas en equipar y entrenar a los oficiales con las stun guns.”

Los procuradores de los condados tendrán hasta el 31 de Diciembre del 2014 para remitir pedidos de fondos de parte de las agencias de implementación de leyes dentro de sus condados, con fondos topes como sigue: $30,000 por condados de hasta 200,000 personas; $40,000 por condados de hasta 400,000 personas; $50,000 por condados de hasta 600,000 personas; y $60,000 por condados con más de 600,000 personas.

Por cada departamento que pida fondos, el procurador tiene que proveer información de la tasa de crimen en la localidad, la necesidad de stun guns, y el plan del departamento para distribuir los aparatos. Todas las compras de equipo utilizando los fondos confiscados por la Division of Criminal Justice tienen que hacerse antes del 30 de Junio del 2015.

Los fondos bajo este programa no cubrirán el costo total de una stun gun. En vez, los fondos aminorarán el costo de las stun guns y los equipos relacionados en una escala gradual, consistente con los objetivos de la financiación. Uno de los objetivos es recompensar los departamentos que previamente invirtieron sus propios fondos para comprar stun guns. Un segundo objetivo es satisfacer la necesidad de las agencias que compraron Karbon Arms stun guns que ya no están certificadas para uso en el estado. Actualmente dos aparatos están aprobados para la policía en New Jersey: Taser International X26 y Taser International X2.

Las compras de stun guns que están aprobadas por los fondos serán aminoradas como sigue: agencias que compraron Karbon Arms stun guns recibirán el 75% del precio de cada nueva stun gun, hasta el número de los aparatos Karbon Arms comprados, después de los cuales recibirán el 66% del precio por cada stun gun adicional; las agencias que previamente compraron el modelo Taser y quieren comprar más recibirán el 66% de precio de cada nueva stun gun; otras agencias haciendo compras iniciales de stun guns o comprando recámaras recibirán el 50% del precio; y agencias comprando equipo relacionado, tal como aparatos de grabación, pistoleras, etc., recibirán entre el 25 al 33% del precio.

La Oficina del Fiscal General está doblando más los posibles “certified CED instructors” (cerificados instructors de CED) que están autorizados a conducir el entrenamiento inicial de operador de CED y de calificaciones para los oficiales. Ha autorizado a cada oficina de procurador de condado, a la Division of Criminal Justice, a la New Jersey State Police y a la State Parole Board incrementar el número de instructores certificados de dos a cinco. Para facilitar tal expansión, la Oficina del Fiscal General está permitiendo a agencias que utilicen a apropiados entrenados oficiales de policía y a oficiales de la oficina del sheriff a servir en esas posiciones. Además, oficiales adicionales se pueden entrenar – consistente con los requisitos de entrenamiento de los instructores certificados del CED – para actuar estrictamente como “CED instructores de re-cualificación” para administrar la re-cualificación CED.

Como se ha mencionado antes, la Oficina del Fiscal General está reduciendo la frecuencia en la que los oficiales tienen que re-calificarse con el aparato, de dos veces al año a solamente una vez. Todo esto aliviará las cargas de los instructores individuales y hacer más fácil que los oficiales por todo el estado obtengan el requerido entrenamiento y re-cualificación en los aparatos. Permitiendo a los oficiales entrenarse en la máquina FATS también aumentará las oportunidades de entrenamiento y reducirá los costos asociados con descargar el actual aparato, sujeto a los requisitos del fabricante por re-cualificación y certificación.

La política del Fiscal General en el uso de stun guns por oficiales en New Jersey fue desarrollada en el 2010 en consultación con la comunidad de implementación de leyes. Restringe el uso de stun guns, en su mayor parte, a situaciones donde un oficial intenta prevenir a un sospechoso de causar muerte o serio daño corporal a un oficial, a sí mismo o a otra persona. Los oficiales no la pueden usar en contra de una persona que solamente está ofreciendo pasiva resistencia a órdenes. La política requiere que todos los oficiales que llevan stun guns reciban un curso de entrenamiento en stun guns aprobado por la Police Training Commission, la cual incluye entrenamiento en como reconocer enfermedad mental y como tratar a una persona emocionalmente desequilibrada.

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