Bajo este trato con el desarrollador Renaissance Properties Inc., Durr compró la finca en el 2006 por $2 millones y subsecuentemente vendió los “transfer development rights” (transferencia de derechos de desarrollo) de ésta a Renaissance a un precio pre aprobado. Durr recibió $2, 372,500, lo que significa que efectivamente obtuvo la finca gratis y una ganancia de $372,500. Transfer development rights (“TDRs”) es un sistema de preservación de tierras de fincas financiadas privadamente en el cual agricultores con tierra en un área de Chesterfield designada por preservación – el “área emisora” – retienen el título de su tierra mientras pueden vender los derechos de desarrollo a promotores, quienes pueden usarlo para construir en otro sitio reservado por el pueblo como “área de recibimiento.” Durr había estado interesado por mucho tiempo en la adquisición de la finca, la cual está localizada junto a su casa y que él ha cultivado por muchos años en un acuerdo con los dueños. Durr retuvo dos TDR créditos para que el pudiera construir una casa para su hija en la finca. La tierra con dos TDR créditos, valía cerca de medio millón de dólares.

El Division of Criminal Justice Corruption Bureau obtuvo una acusación judicial de gran jurado del estado ayer imputando a Durr, 64, de Chesterfield, con cargos de mala conducta de un oficial y de especular o apostar acción oficial o información, ambos cargos en segundo grado. Cada cargo lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado, incluyendo una sentencia mandataria de 5 años sin la posibilidad de libertad condicional, y una multa de hasta el doble de sus ganancias ilegales. El estado también ha puesto una acción civil para que Durr renuncie a su finca de 104 acres. El caso fue investigado por el Buró de Corrupción de la Policía Estatal de Nueva Jersey (New Jersey State Police Official Corruption Bureau). Fue el resultado de la Oficina del Interventor Estatal de Nueva Jersey (New Jersey Office of the State Comptroller).

“Las leyes del Estado prohíbe esta clase de negociaciones encubiertas por un oficial público,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Como alcalde del pueblo y un miembro de la Junta de Planificación, Durr sabía exactamente lo que un desarrollador necesitaba, y alegamos que él corruptamente se aprovechó de esa información. Adquiriendo una finca que él codiciaba por mucho tiempo y una ganancia enorme, él tomó varias acciones oficiales para ayudar a este desarrollador que nunca hubieran sido aceptadas si su relaciones se hubieran hecho públicas”

“En vez de usar su posición oficial para avanzar solamente el interés público, como fue su obligación, Durr, se alega, puso su autoridad e influencia en Chesterfield de venta, avanzando sus intereses personales y aquellos de un desarrollador importante,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “No hay sitio en el gobierno para auto-contratación, y continuaremos trabajando para arrancarlo de raíz.”

“Este caso es un ejemplo como la fuerte relación de trabajo entre la Oficina del Interventor del Estado y la Oficina del Fiscal General sirve para proteger a los ciudadanos de New Jersey de aquellos que quieren abusar de su posición pública para ganancias personales,” dijo el Interventor Interino del Estado Marc Larkins. “Esperamos continuar esta colaboración en el futuro.”

Renaissance compró una parcela grande de tierra en Chesterfield “area de recibimiento” en 2005 y necesitaba 260 transfer development rights (“TDRs”) para desarrollarlos con casas, apartamentos y comercios, consistente con el plan de desarrollo del pueblo. En Febrero del 2006, Renaissance negoció con Durr para comprar los créditos TDR de la finca de 104-acres por $65,000 por crédito, aunque todavía Durr no era el dueño de la finca. Renaissance pagó un depósito no reimbursable de $150,000. Se le había asignado a la propiedad 26 TDR créditos, pero Durr sabía que la asignación era muy baja y que se podía apelar. En Abril del 2006, Durr negoció un acuerdo con los dueños de la parcela, la Martin Family Partnership, para comprar la finca por $2 millones. Durr dio una entrada de $400,000 y financió el resto con un préstamo de hipoteca. Él incluyó su acuerdo con Renaissance como parte de su aplicación de préstamo. Él firmó el contrato de la finca en Julio del 2006.

Se alaga que Durr tomó las siguientes acciones usando su influencia y sus posiciones oficiales en Chesterfield sin declarar su trato con Renaissance de vender los créditos de TDR:

• En Mayo del 2006, antes de que fuera el dueño de la finca Martin, Durr exitosamente aplicó a la junta de planificación del pueblo para que incrementaran los TDR de la finca a 38.5. Durr, que era un miembro de la junta y un concejal, no votó en el cambio, pero formalmente no se excusó. En la audiencia, él se bajó de la plataforma y se representó a sí mismo en la aplicación.
• En Septiembre del 2006, Durr se presentó ante la Burlington County TDR Bank Board, la autoridad que gobierna los TDRs, y advocó que la junta debía vender los créditos directamente a Renaissance, porque la compañía estaba encontrando dificultades para poder comprar crédito de los agricultores. En el pasado, Durr había vigorosamente opuesto una propuesta que pedía que la junta del banco directamente vendiera los créditos a otro desarrollador para un proyecto en Chesterfield. La Junta últimamente subastó los créditos, y Renaissance pudo comprar los créditos en la subasta.
• En Abril del 2007, Durr, en su capacidad de miembro de la junta de planificación, introdujo una enmienda al plan de zonificación reduciendo a 17 el número de créditos de TDR que Renaissance- que estaba en pos del desarrollo de su proyecto a través de una subsidiaria, Chesterfield LLC- necesitaba para terminarlo. La junta de planificación aprobó la enmienda.
• En Julio del 2007, Durr introdujo una propuesta en un mitin en el Chesterfield Township Committee pidiendo que el pueblo comprara una parcela de tierra por $1.5 millones, “siguiendo en los pasos” de Chesterfield LLC, que había entrado en un contrato de $2.25 millones para comprar la tierra y pagaría $750,000 del precio. La justificación era que el pueblo quería construir una escuela en ese sitio, conocido como Wilkinson Parcel, que serviría a las familias del nuevo desarrollo de casas propuesto. Renaissance estaba interesado en obtener los 17 TDR créditos por la parcela. Los oficiales del pueblo previamente habían estado interesados en construir una escuela en el sitio, pero tenían reservas de pagar más de $1millón por la parcela. El pueblo compró la tierra por $1.5 millones, pero la escuela nunca se construyó.

El caso fue presentado al gran jurado del estado por el Delgado del Fiscal General Jonathan Gilmore, bajo la supervisión del Delegado del Fiscal General Peter W. Lee, el Delgado Jefe de la Division of Criminal Justice Corruption Bureau, y el Delegado del Fiscal General Anthony A. Picione, Jefe del Buró. La investigación fue conducida por los Detectives Erick Goncalves y John Scalabrini, del New Jersey State Police Official Corruption Bureau que fueron los detectives principales. Fueron asistidos por el Detective Sargento de 1ª Clase Daniel Strassheim y el Teniente Eric Barlow. El Investigador Civil Wayne Cummings del Division of Criminal Justice Corruption Bureau también asistió. El Fiscal General Interino Hoffman le dio las gracias a la Oficina del Interventor del Estado por su reporte y referencia.

###