TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que cuatro hombres han sido acusados judicialmente en cargos de que conspiraron a robar más de $180,000 del Estado de Nueva Jersey remitiendo falsos reclamos de beneficio de desempleo. Los cargos son el resultado de una investigación conjunta de la División de Justicia Criminal (Division of Criminal Justice) y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (New Jersey Department of Labor and Workforce Development).
La Division of Criminal Justice obtuvo una acusación judicial de 6 cargos de gran jurado del estado el día 26 de Junio en contra de los siguientes 4 hombres:
- Stephen Pirrone, 53, previamente de Old Tappan y Norwood, N.J., actualmente de Paramus;
- Wilfredo Sanchez, 37, de Newark;
- Andre Brown, 36, de Woodland Park; y
- Jose Flores, 38, de Newark.
La acusación no se hizo pública hasta hoy, cuando los acusados Pirrone, Sanchez y Flores fueron arrestados. Están detenidos con libertad bajo fianza puesta a $75,000 dólares por cada uno. Brown no fue arrestado. Se le mandará que aparezca en la corte a una fecha más tarde. Todos los 4 acusados están cargados con segundo grado de conspiración. Pirrone está cargado con segundo grado de robo por decepción y lavado de dinero. Sanchez, Brown y Flores están cargados con tercer grado de robo por decepción y lavado de dinero. Sanchez y Flores también están cargados con segundo grado de robo de identidad.
Pirrone, se alega, originó la fraudulenta artimaña y enlistó a otros acusados. Entre Noviembre del 2006 y Marzo del 2013, los 4 acusados, se alega, colectaron más de $180,000 en beneficios de desempleo en 7 fraudulentos reclamos de seguro de desempleo. Todos los falsos reclamos estuvieron basados en un fraudulento reclamo de salarios trimestrales de empleador remitidos al estado en el nombre de 2 negocios que ya no existían: una compañía de camiones previamente operada por Pirrone llamada Culver Transportation, Inc., y una compañía de camiones que había declarado bancarrota de la cual Pirrone previamente había arrendado una oficina y un espacio de terminal.
Desde el 2011, el Department of Labor ha estado tomando medidas en contra del fraude de seguro de desempleo, ahorrando a la New Jersey Unemployment Trust Fund un estimado de $448 millones hasta hoy. Entre los muchos procedimientos para parar la práctica de fraude adoptados hay cambios de software y de programas que permite al departamento detectar falsos reclamos intercambiando información internamente y con otras bases de datos para señalar información inválida o patrones sospechosos envolviendo elementos comunes como entre múltiples reclamos, como residencias idénticas o direcciones de Internet Protocol (IP). La investigación de Pirrone y sus co-acusados empezó cuando los reclamos fueron marcados basados en el uso de los mismos empleadores no existentes y otros elementos comunes.
“Hemos unido nuestras fuerzas con el Department of Labor y estamos usando sus mejoras de seguridad avanzada para poder atrapar a los estafadores que roban de los beneficios de desempleo,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Diligentemente custodiaremos estos beneficios, que son un salvavidas para los trabajadores de New Jersey que temporalmente se encuentran sin trabajo.”
“Trabajando con el Department of Labor, hemos cargado a numerosos acusados en los dos pasados años con acusaciones judiciales enfocándonos en las artimañas más grandes de fraude de desempleo,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Queremos que estos criminales sepan que sabemos sus trucos, tenemos la tecnología y que los traeremos a la justicia.”
“El Fiscal General ha sido un fuerte aliado en los esfuerzos de mi departamento de perseguir más y más a estos casos de fraude como actos criminales. Aunque hemos desarrollado procedimientos eficaces para prevenir el fraude y parar que el dinero se vaya de los cofres del estado, no vamos a perdonar a aquellos que creen que han encontrado un camino para derrotar a nuestro sistema y engañar a los contribuyentes,” dijo el Comisionado Harold J. Wirths del New Jersey Department of Labor and Workforce Development.
La investigación del estado reveló que 2 reclamos puestos en el nombre de Pirrone, generaron beneficios de $46,287 y $8,336. Un reclamo fue puesto en el nombre de cada uno de los demandados, generando beneficios de $59,400 para Brown, $34,827 para Sanchez, y $25,505, para Flores. Sanchez y Flores, se alega también pusieron 2 reclamos usando identidades robadas, lo que generó beneficios de $7,943 y $1,220. Sanchez y Flores, se alega intentaron poner reclamos adicionales usando 8 otras identidades falsas, pero esos reclamos fueron determinados inválidos por el Department of Labor y no se distribuyeron ningunos
beneficios.
Pirrone debía dinero a Brown y se alega que usó esta artimaña para pagar la deuda. También se alega que Pirrone le enseñó la artimaña a Sanchez, que trabajó con Flores rellenando los falsos reclamos. Sanchez y Flores se alega pagaron parte de las ganancias de sus falsos reclamos a Pirrone transfiriendo dinero a la cuenta de economato de éste en la prisión federal. Pirrone fue sentenciado a la prisión federal en Marzo del 2012 por fraudulentamente colectar reembolsos de impuestos federales poniendo falsos retornos.
La Delgada del Fiscal General Debra A. Conrad presentó el caso al gran jurado del estado de parte del Buró de Crímenes Especializados de la División de Justicia Criminal (Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau). La investigación fue conducida de parte de la Division of Criminal Justice por los Detectives Lynn Patrick Fitzgerald y Glenn Stanton. La investigación por el Department of Labor and Workforce Development fue conducida por el Investigador Supervisor Michael Kulyk y el Supervisor de Investigaciones Michael B. Marich del Bureau of Benefit Payment Control, bajo la dirección de Charles J. Walkowiak, Director de Prevención de Fraude y Administración de Riesgo (Fraud Prevention and Risk Management).
Los crímenes de segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000. Los cargos de lavado de dinero acrecientan una multa de hasta $500,000. La acusación judicial es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.
La acusación judicial fue presentada al Juez dela Corte Superior Pedro J. Jimenez Jr. en Mercer County, quién asignó el caso a Bergen County, donde se les mandará a los acusados que se presenten a una fecha más tarde por procesamiento.### |
