TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que una mujer de Monmouth County fue sentenciada hoy a la prisión del estado por defraudar al estado de más de $8,800 remitiendo un reclamo que contenía información fraudulenta al Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral (New Jersey Department of Labor and Workforce Development) para poder colectar dinero del seguro del estado de discapacidad temporal al cual no tenía derecho.
Jennifer Massimo-Ruiz, 32, de Belmar, fue sentenciada a 4 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior Robert J. Mega en Union County. La sentencia fue basada en la admisión de culpabilidad en tercer grado de fraude de seguro por Massimo-Ruiz el día 9 de Septiembre. El cargo estaba explicado en una acusación judicial de gran jurado puesta el día 25 de Julio de 2013.
Massimo-Ruiz admitió en la corte hoy que remitió 3 cartas al Juez Mega falsamente diciendo que tenía cáncer. También admitió que falsificó las firmas de tres doctores en las cartas. Massimo admitió que remitió las cartas en un esfuerzo para evitar o influenciar la sentencia pendiente. Como resultado de las cartas, la Office of the Insurance Fraud Prosecutor y la acusada acordaron a una revisada admisión de culpabilidad en la que el estado recomendó que Massimo fuera sentenciada a 4 años en la prisión del estado en vez de los tres años que había acordado previamente en Septiembre.
Admitiendo culpabilidad el día 9 de Septiembre del 2013, Massimo-Ruiz admitió que en o cerca del 19 de Abril del 2010, ella remitió un formulario de reclamo del Department of Labor and Workforce Development conteniendo la información fraudulenta. Como resultado del fraude, Massimo-Ruiz recibió $8,819 en beneficios de seguro de discapacidad a los cuales no tenía derecho.
La ley de New Jersey de discapacidad temporal requiere que una persona esté empleada en el pasado año para poder ser elegible para beneficios de discapacidad temporal. Una investigación por la Office of the Insurance Fraud Prosecutor determinó que Massimo-Ruiz no había estado empleada durante las 52 semanas antes de remitir su aplicación por beneficios temporales de discapacidad. La investigación reveló que Massimo-Ruiz falsamente dijo que ella estaba empleada como una administradora de oficina desde el 2008 al 2010 y por lo tanto era elegible por beneficios de seguro de temporal discapacidad cuando ella se fue del trabajo por ausencia de maternidad, empezando en Marzo del 2010. Los dueños de la compañía para la cual Massimo-Ruiz presuntamente estaba trabajando eran sus familiares.
El Delgado del Fiscal General James Carey y los Detectives Matthew Armstrong, Eric Flickenger y Christine Sullivan coordinaron la investigación. El Delegado del Fiscal General Carey procesó el caso y representó a la Office of the Insurance Fraud Prosecutor en la sentencia. El Procurador Interino de Fraude en Seguros Ronald Chillemi le dio las gracias al Department of Labor and Workforce Development por referir el asunto a la Office of the Insurance Fraud Prosecutor.
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