| NEWARK – La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey (New Jersey Division of Consumer Affairs), representada por la División de Leyes, ha obtenido un acuerdo de $1.8 millones, plus restitución para los consumidores, de 8 concesionarios de autos y sus dueños, Carmelo Giuffre, de Brooklyn, New York, e Ignazio Guiffre, de Colts Neck. El acuerdo resuelve una investigación del Estado de alegadas engañosas prácticas de ventas tales como no revelar los defectos mecánicos o daño pasado en autos usados; cargar por suplementarias garantías y otros artículos costosos “después de la venta” sin el consentimiento de los clientes; y no cumplir con el precio anunciado o negociado por los vehículos.
El acuerdo incluye Route 22 Auto Sales Inc., haciendo negocio como “Route 22 Toyota,” Route 22 Automobiles Inc, haciendo negocio como “Route 22 Honda,” Route 22 Nissan Inc. haciendo negocio como “Route 22 Nissan,” Hillside Automotive Inc. haciendo negocio como “Route 22 Kia,” todos localizados en Hillside; Hackettstown Auto Sales, Inc haciendo negocio como “Hackettstown Honda,”; Hudson Auto Sales Inc. haciendo negocio como Hudson Honda, en West New York; y Freehold Automotive LTD, Inc. haciendo negocio como “Freehold Hyundai” y Freehold Chrysler Jeep, Inc haciendo negocio como “Freehold Chrysler Jeep.” Todos los 8 concesionarios pertenecen a Carmelo e Ignazio Giuffre.
“Este acuerdo es un gran éxito para los consumidores que fueron afectados por las alegadas prácticas engañosas,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. “Las consecuencias, incluyendo una multa civil de $1.8 millones, son particularmente apropiadas en vista del hecho de que los dueños de estos concesionarios, se alega, violaron un previo acuerdo en el que prometieron no involucrarse en tales prácticas.”
El Estado alega que las acciones tomadas por los concesionarios directamente violaban un previo acuerdo que Carmelo e Ignazio Giuffre, y ciertos de los concesionarios, acordaron con el Estado en el 1999, después que el Estado recibió semejantes quejas de consumidores acerca de las prácticas engañosas de los concesionarios.
La Division of Consumer Affairs recibió quejas de numerosos consumidores que documentaron una cantidad de alegaciones en contra de estos concesionarios. Además de las tácticas del bait-and-switch (cebo y cambio) y añadidos a las ventas sin el consentimiento del cliente, los consumidores alegaron que los concesionarios no le devolvieron el dinero en el tiempo apropiado después de que los consumidores cancelaron la compra o fueron negados financiamiento; anuncios de autos sin la requerida información acerca de los vehículos como número de identificación, de esta manera previniendo a los consumidores por chequear el historial del vehículo de uso y daño; y no proveer a los consumidores con los títulos de los vehículos y las registraciones de forma oportuna.
“Comprar un auto usado puede ser un proceso intimidante, especialmente para los consumidores que no tienen la habilidad o independencia de aprender acerca de la condición o historia del vehículo antes de hacer una decisión,” dijo el Director Interino de la Division of Consumer Affairs Steve Lee. “Las leyes del Estado protegen a todos los consumidores asegurando que los consumidores tienen acceso a relevante información cuando compran un auto. Este acuerdo intenta asegurar que estos concesionarios no violen nuestras leyes o engañen a presuntos clientes.”
En Febrero del 1999, Carmelo e Ignazio Giuffre, así como Route 22 Toyota, Route 22 Honda, y Route 22 Nissan entraron en un acuerdo en el que los acusados acordaron a pagar $450,000, incluyendo $250,000 como fondo de compensación para los consumidores, que fue el resultado de quejas semejantes.
El nuevo acuerdo, anunciado hoy, requiere un pago de $1.8 millones lo que incluye $1,733,059 en multas civiles y $66,941 reembolsar al Estado por costos de investigación y de abogados.
Además del pago, los demandados tienen que trabajar para resolver las 45 quejas de los consumidores que han documentado las alegaciones con la Division of Consumer Affairs. Los acusados tienen que proveer restitución o, si disputan la queja del consumidor y piden desagravio, tienen que notificar a la División, la cual referirá el asunto a su Unidad de Alternativa a la Resolución de Disputa (Alternative Dispute Resolution Unit) por arbitraje vinculante.
Adicionalmente, bajo el acuerdo, los acusados tienen que, de su propio bolsillo emplear un monitor aprobado por el Estado que revise el cumplimiento por dos años,. El monitor supervisará el cumplimiento de los acusados con las leyes, reglas, y regularizaciones estatales y federales, y las políticas y procedimientos internos; revisará la política y procedimiento de los acusados y recomendará cambios; facilitará la resolución de adicionales quejas de consumidores; y proveerá reportes trimestrales escritos a la Division of Consumer Affairs.
La Investigadora Kelly Fennell, de la Office of Consumer Protection dentro de la Division of Consumer Affairs, condujo la investigación.
El Delegado del Fiscal General Jeffrey Koziar, de la Sección de Prosecución de Fraude al Consumidor dentro de la División de Leyes, representó al Estado en esta acción.
Los consumidores que creen que han sido engañados o defraudados por un negocio, o sospechan cualquier otra forma de abuso al consumidor, pueden poner una queja con la State Division of Consumer Affairs yendo a su sitio web www.NJConsumerAffairs.gov o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde New Jersey) o al 973-504-6200.
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