En Abril del 2010, el Estado demandó a Williams Asphalt Materials, LLC, que también se conocía como Williams Asphalt Paving, Williams Asphalt Paving & Excavating, Williams Paving & Excavating, Williams Paving, y /o Williams Paving Asphalt Contracting (colectivamente, “Williams Paving”), porque se alegaba que habían violado el Acta de Fraude para el Consumior del Estado (Consumer Fraud Act) y el Acta de Registración de Contratistas (Contractors’ Registration Act) y sus regularizaciones. Después que la Queja del Estado fue puesta en la Corte Superior del Estado en Mount Holly, fue enmendada para añadir seis miembros de la familia Williams como demandados: Henry R. Williams, Jr. [Padre]; Henry R. Williams, Jr. [Hijo]; Bertha Williams; Saul T. Williams; Samuel Paul Williams; y Alexander W. Stanley. (Dos de los demandados tienen el mismo nombre Henry R. Williams, Jr., pero son padre e hijo).

Sin embargo al tiempo de la demanda los demandados no se podían localizar y parecía que se habían ido de New Jersey. El Estado obtuvo un fallo por falta de comparecencia de aproximadamente $17 millones en Diciembre del 2011.

En Marzo del 2012, la Oficina del Fiscal General de Arkansas alertó a la Division of Law que el demandado Henry R. Williams, Jr. [Padre] tenía intención de voluntariamente subastar su instalación de asfalto y el equipo de pavimento en Jonesboro, Arkansas.

A instancias de la Division of Law, el Juez de Arkansas Circuit John Fogleman inicialmente dio un mandato judicial temporal en Marzo 30 del 2012, la noche antes de la subasta, congelando las ganancias de la subasta, que se iba a hacer de parte del demandado Henry R. Williams, Jr. Aquella noche más tarde, para evitar el mandato judicial del Estado, socios del demandado intentaron remover la propiedad que se iba a subastar. Después de que fueron arrestados por la policía de Jonesboro, los demandados cambiaron el contrato de subasta horas antes de que iba a tener lugar, listando cinco nuevos vendedores que no eran demandados en la acción del Estado, pero que eran familia o socios del demandado Henry R. Williams, Jr.

En Abril del 2012, el Delegado del Fiscal General (DAG) Nicholas Kant, de la Division of Law's Affirmative Civil Enforcement Group, viajó a Arkansas y puso una petición para prevenir que el dinero en efectivo generado por la subasta se les diera a los demandados para poder asegurar los fondos de $285,744 en restitución que debían a los consumidores de New Jersey. El Juez Fogleman continuó congelando las ganancias de la subasta hasta que el acuerdo fue anunciado hoy, el cual proveerá $152,000. El DAG Kant previamente obtuvo $25,000 a través de un acuerdo pagado por el demandado Alexander Stanley.

“Las fronteras de nuestro estado no nos pararan para perseguir aquellos que intentan robar a los consumidores de New Jersey para enriquecerse,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. “La ley tiene un brazo largo que no conoce fronteras, como este caso claramente ilustra, y otros que piensan que pueden evadir la justicia cruzando las fronteras descubrirán lo equivocado que están.”

El Fiscal General Interino Hoffman encomendó al DAG Kant por su esfuerzo en el caso y también le dio las gracias a la Arkansas Office of the Attorney General por asistir al DAG Kant en la litigación de Arkansas.

La acción del Estado tuvo lugar debido a quejas de los consumidores de New Jersey cuyas avenidas (driveways) costaron miles de dólares, y que por lo general duran casi una década o más, empezaron a desmoronarse después de meses de haber sido instalados por Williams Paving. La compañía, que tenía direcciones de negocios en Millville, Cumberland County; Browns Mills, Burlington County; y Freehold, Monmouth County, típicamente generaba negocios haciendo que los empleados fueran a las casas de los consumidores, sin haber sido llamados, y decían que habían completado un trabajo en la vecindad, y porque tenían materiales de pavimento de sobra le podían dar un buen precio en poner el asfalto en el driveway.

El estado alega, entre otras cosas, que Williams Paving usó ilegales tácticas de precios de cebo y cambio (bait-and-switch) y mintió acerca de la calidad y cantidad de materiales que usaron en los proyectos. Los contratos que los consumidores firmaron tampoco tenían la información requerida acerca de cómo cancelarlo y omitieron la fecha de empiezo y de finalización como es requerido por la ley. Algunos proyectos se empezaron sin el permiso de los dueños de casa y sin haber firmado el contrato, en un intento de forzar a los consumidores a que emplearan a Williams Paving. También la compañía demandó los pagos finales antes de que el trabajo estuviera completado. Cuando los consumidores intentaron ponerse en contacto con Williams Paving para reparos o por garantía del trabajo, la compañía no contestó.

“Los consumidores tienen que hacer una investigación del contratista antes de emplearlo, lo que incluye ponerse en contacto con la Division para asegurarse de que el contratista está registrado y para inquirir acerca de acciones pasadas o quejas pendientes de consumidores en contra del contratista,” dijo Steve Lee, Director Interino de la New Jersey Division of Consumer Affairs. “Como hicimos en el caso de Williams Paving, estamos preparados a investigar, tomar acción en contra, y perseguir a los alegados transgresores a través de las fronteras para obtener desagravio para las víctimas de fraude.”

La Division of Consumer Affairs se pondrá en contacto con los 75 consumidores que pusieron quejas en contra de Williams Paving como parte del proceso de distribuir la restitución.

Los consumidores que creen han sido engañados o defraudados por un negocio, o sospechan cualquier otra forma de abuso al consumidor, pueden poner un aqueja yendo a: www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde New Jersey) o al 973-504-6200.

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