TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor u OIFP, anunciaron que una mujer de Gloucester County fue acusada judicialmente hoy en cargos de que escondió de su bancarrota personal un regalo de $100,000 que recibió del patrimonio de un ex paciente de una residencia de cuidado de largo tiempo donde ella trabajó.
Deborah Campbell, 57, de Williamstown, fue cargada en segundo grado de fraude de insolvencia y en tercer grado de robo por no hacer la requerida disposición de propiedad recibida.
En 2011, Campbell sirvió como directora de enfermeros en Oceanview Centro de Rehabilitación y Cuidado Continuo en Cape May y en Septiembre de ese año ella recibió el aviso que un ex residente muerto le dejó un regalo de $100,000 en su testamento. El administrador del patrimonio notificó a Campbell que ella recibiría el regalo en dos plazos de $42,500 después de los impuestos. Ella recibió los plazos en Noviembre del 2011 y Marzo del 2012. En Marzo 16 del 2012, un día después de que el segundo cheque fue fechado, Campbell declaró bancarrota personal (Chapter 7), reclamando $96,000 en deuda personal.
Se alega que Campbell falsificó su petición de bancarrota de varias maneras omitiendo la siguiente información:
- Haber recibido el primer desembolso del regalo y que sabía que iba a recibir un segundo.
- Haber abierto una cuenta de banco y que la estaba usando por transacciones con el dinero del regalo.
- Ser parte de un contrato para comprar una piscina escavada y que ella hizo un pago de $21,000 por la piscina.
- Transferir un auto de su nombre al nombre de su novia que vivía con ella que usó las ganancias para comprar un vehículo valorado en casi $80,000.
Campbell recibió la decisión final de su bancarrota en Agosto del 2012, liberándola de más de $75,000 en deuda personal.
La Delgada del Fiscal General Crystal Callahan presentó el caso al gran jurado,
El Detective L. Cross condujo la investigación y fue asistido por la Analista Terri Drumm.
La acusación judicial es solamente una acusación y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable. Crímenes en segundo grado llevan una sentencia máxima de 5 a 10 años en la prisión del estado y multas de hasta $150,000, mientras que crímenes en tercer grado llevan una sentencia máxima de 3 a 5 años en la prisión y multas de hasta $15,000.
El Procurador Interino de Fraude en Seguros Chillemi anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarla anónimamente llamando a la línea directa gratis ‑1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución, y convicción de fraude de seguro
### |