El Division of Criminal Justice Specialized Crime Bureau obtuvo una acusación judicial de gran jurado cargando a estos individuos de conspiración en segundo grado, robo de computadora en segundo grado, manipulación de documentos públicos en tercer grado, y dos cargos de violación del Acta de Control de Contaminación del Aire (Air Pollution Control Act):

• Christopher Alcantara, 29, de Paterson, dueño de Five Stars Auto Inspection, el cual está ubicado en 34 1st Avenue en Paterson;

• Mariano Alcantara, 52, de Clifton, (tío de Christopher Alcantara);

• Lewis Alcantara-Sosa, 22, de Paterson, (primo de Christopher y sobrino de Mariano); y

• Gary Davis, 62, de Rochelle Park, del que se alega sabiéndolo les pago a los acusados para obtener los aprobados resultados fraudulentos de emisiones de las limosinas que conducía, usando los simuladores de data.

Las acusaciones son el resultado de una conjunta investigación por la Division of Criminal Justice (División de Justicia Criminal), la New Jersey Motor Vehicle Commission (Comisión de Vehículos Motorizados o MVC) y el Departamento de Protección del Medio Ambiente (New Jersey Department of Environmental Protection o DEP).

“Los acusados se beneficiaron a expensas de todos nosotros porque se alega que fraudulentamente permitieron que los clientes descuidaran sus vehículos y que estos emitieran niveles ilegales de emisiones tóxicas en el aire que respiramos,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Esto es un crimen en contra de nuestra salud igual que en contra del medio ambiente.”

“Continuaremos trabajando con el MVC y el DEP para proteger la integridad del programa de inspección del estado de motor vehicle,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Como en este caso, agresivamente procesaremos a operadores deshonestos que hacen trampas y amenazan la salud pública.”

“El programa estricto de emisiones del estado está diseñado para quitar a los ‘contaminadores’ de las carreteras y ponerlos dentro de los talleres de reparos,” dijo el Comisionado de la Comisión de Vehículos Motorizados y Jefe Administrador Raymond P. Martínez. “Estos talleres de reparos deben ser la solución – no el problema – para no permitir que toneladas de contaminantes entren en el aire.”

“El Gobernador Christie y yo estamos comprometidos a proteger la calidad del aire y de implementar las leyes y regularizaciones para salvaguardar la salud de los residentes y de nuestro medio ambiente,” dijo el Comisionado del DEP Bob Martin. “Esta clase de conducta no será permitida.”

La mayoría de autos de pasajeros y vehículos de trabajo liviano de modelo del año 1996 o posterior tienen el sistema abordo de diagnósticos (OBD) que monitorea el sistema de emisión del vehículo. Durante una inspección de OBD, un inspector en una facilidad privada de inspección (PIF) o un centro de facilidad de inspección (CIF) conecta el equipo de inspección aprobado por el estado a un estandarizado “enlace conector de data” en el vehículo para obtener OBD data para determinar si el vehículo pasa o falla.

Se alega que, en numerosas ocasiones durante el año pasado, los acusados temporalmente instalaron simuladores OBD en lugar del enlace del conector de data en vehículos que habían fallado la inspección de emisiones para generar falsa data que permitía a los vehículos pasar. Se alega que los acusados cargaban entre $80 y $150 a cambio de usar un OBD simulador para permitir que el vehículo del cliente pasara la inspección de emisión. Five Stars Auto Inspection que es una PIF, frecuentemente instaló OBD simulado, pero luego llevó el vehículo a facilidades centrales de inspecciones, particularmente a la CIF de Lodi. También los llevaron a la CIF de Paramus.

Durante el curso de la investigación, los investigadores vigilaron a los acusados de Five Stars Auto Inspection. Además, alegedamente arreglaron para que los acusados instalaran OBD simuladores en 2 vehículos encubiertos para poder pasar inspección. En Enero 15 del 2013, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en el Five Stars Auto Inspection, donde confiscaron evidencia incluyendo seis OBD simuladores y documentos. Christopher and Mariano Alcántara fueron arrestados y detenidos en la cárcel con libertad bajo fianza de $50,000 cada uno. Lewis Alcantara-Sosa fue cargado con una citación y puesto en libertad.

Davis estaba empleado como un conductor de limosinas y era responsable de mantener los limos que conducía. Se alega que pagó a los Alcantara para fraudulentamente obtener resultados aprobados de varias limosinas.

Las Delgadas del Fiscal General Debra Conrad y Michael King de la Division of Criminal Justice presentaron el caso al gran jurado del estado, bajo la supervisión de la Delegada del Fiscal General Jill Mayer, Jefa del Buró de Crímenes Especializados (Chief of the Specialized Crimes Bureau). Los investigadores líderes de la Division of Criminal Justice, son Detective Sean Egan y State Investigator Ruben Contreras, bajo la supervisión del Teniente Bill Newsome y asistido por el Detective Nicholas Olenick, Detective Joseph C. Saiia Jr. y el Sargento Pat Kendig; de parte de la Motor Vehicle Commission, Investigator Frank VanWie de la Divisón de Seguridad, Investigación y auditoria Interna (Division of Security, Investigation and Internal Audit), y el Manager James Arose y Compliance Officer Theodore Lefkowich de la Unidad de Mejoras de Inspeciones y Mantenimiento (Enhanced Inspection and Maintenance Unit); y del Department of Environmental Protection, Environmental Engineer Jeffrey Kennedy del Buró de Fuentes Móviles (Bureau of Mobile Sources).

Un crimen en segundo grado lleva una sentencia en la prisión del estado de 5 a 10 años y una multa de hasta $150,000. Además, un cargo en segundo grado de robo de computadora lleva un periodo mandatario sin libertad condicional igual a un tercio o a la mitad de la sentencia impuesta. Un crimen en tercer grado lleva una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000.

La acusación es meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Pedro J. Jiménez Jr. en Mercer County, quién asignó el caso a Passaic County, donde se les mandará a los acusados que aparezcan a una fecha más tarde para ser procesados.

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