| TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció hoy que una abogado de Chatham fue acusada judicialmente hoy con 11 co-acusados porque se alega que conspiraron con ella en un esquema de robar casi un $1 millón de los prestamistas a través de un esquema de fraude de hipoteca.
La abogado, Andrys Sofia Gomez, 47, de Chatham, quién formalmente tenia oficinas en West New York y Union City, se alega tuvo un papel central en la conspiración, en la cual ella y sus co-conspiradores remitieron falsas aplicaciones de hipotecas, falsificaron los formularios de acuerdos de HUD, y desviaron las ganancias de las hipotecas, lavándolas a través de su cuenta de abogado de fideicomiso. El Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau hoy obtuvo una acusación de gran jurado de tres cargos en contra de Gomez y todos los 11 co-acusados en primer grado de conspiración, primer grado de lavado de dinero y en segundo grado de robo por decepción.
Gomez y sus co-acusados se alega compraron 3 casas en descuentos -2 en Paterson y una en East Rutherford – a través de “short sales,” (venta corta o de deficiencia) las cuales ocurren antes de las ejecuciones hipotecarias, en las que el propietario de la hipoteca permite que se venda la casa por menos de lo que se debe en el préstamo. Los acusados usaron ‘compradores de paja’, que luego de vuelta vendieron las casas a un precio mucho más alto a un co-conspirador o a un comprador cuya identidad se usó sin su completo conocimiento o sin su autorización. En cada caso, obtuvieron préstamos por el precio más alto de venta de la casa y no se le informó al banco del short sale, el cual ocurrió casi al mismo tiempo.
Gomez, que trató todos las ventas de cierre de los bienes raíces, se alega usó las ganancias de los préstamos para pagar por los precios de los short sale y se guardó el resto del dinero como ganancia, compartiéndolas con sus co-conspiradores. Para ocultar su participación en las transacciones fraudulentas, Gomez pretendía que era otro abogado, usando su nombre en los formularios de acuerdos de HUD y recibiendo las ganancias de los préstamos en su cuenta de fideicomiso de abogado. Ella se alega, lavó el dinero de la cuenta de fideicomiso del otro abogado a su propia cuenta de fideicomiso de abogado. El abogado, Amedeo Gaglioti, admitió culpabilidad en Sept. 17, 2012 a un cargo en segundo grado de conspiración de cometer lavado de dinero por asistir a Gomez en el esquema. Él está esperando la sentencia.
Se alega que los acusados robaron un total de $925,138, que es el total de las ganancias de los préstamos obtenidos a través de las tres aplicaciones fraudulentas de hipoteca. Sustrayendo las cantidades usadas para pagar los precios del short sale, los acusados se alega hicieron ganancias ilegales de más de $610,000.
“Los prestamistas de hipotecas dependen de los abogados y otros profesionales licenciados que tratan los cierres de los contratos de bienes raíces que actúen con integridad, pero este abogado se alega traicionó su juramento y conspiró con los co-acusados para robar casi $1 millón en ganancias de los préstamos,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Esta clase de fraude debilita la seguridad del mercado de hipotecas y últimamente incrementa el costo de los préstamos para los honestos y trabajadores compradores de casa. Haremos que estos ofensores paguen por sus crímenes.”
“Con tanto dinero a mano, los estafadores tienen un incentivo grande en enfocar sus esquemas criminales en los préstamos de hipoteca y los cierres de los contratos de bienes raíces,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Disuadimos de tales esquemas a través de prosecuciones como esta, donde los acusados se enfrentan con posibles sentencias de 20 años en la prisión.”
Gomez y sus 11 co-acusados se alega defraudaron a los prestamistas en conexión de los 3 préstamos en total de $925,138.77: (1)un préstamo de $402,903.70 de una casa en 21 Jersey Street en East Rutherford, la cual fue comprada en un short sale por $207,507; (2) un préstamo de $274,274.40 por una casa en 71-73 Putnam Street in Paterson, la cual fue comprada en un short sale por $54,680; y (3) un préstamo de $247,960,67 de una casa en 496 Summer Street en Paterson, la cual fue comprada en un short sale por $52,276.11.
Los siguientes 11 co-acusados fueron cargados junto con Gomez en todos los 3 cargos de la acusación:
- Pascual E. Aquasvivas, 46, de Bloomfield,
- Luis Percy, 45, de East Rutherford,
- Maria Percy, 38, (esposa de Luis Percy) de East Rutherford,
- Fausto Codio, 43, de Paterson,
- Jose Vasquez, 46, de Paterson,
- Jorge Romero, 36, de Passaic,
- Keila Sosa, 35, de Passaic,
- Frank Luciano, 48, de Wayne,
- Jennifer Ramirez, 39, de Wayne,
- Ramon Ramirez, 46, (esposo de Jennifer Ramirez) de Wayne, and
- Francel Martinez, 35, de Passaic.
Las Delegadas del Fiscal General Jillian Carpenter and Mary E. McAnally presentaron el caso al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, bajo la supervisión del Supervisor Delegado del Fiscal General Michael Monahan, quien es el Jefe del Bureau, y el Delegado del Fiscal General Mark Kurzawa, quién es Jefe Delegado del Bureau. El Detective Anne Hayes, el ex Detective Joshua Mathewson, el jubilado Teniente James MacInnes, y las Analistas Alison Callery, Rita Gillis y Amy Patterson investigaron el caso.
Lavado de dinero en primer grado lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado, incluyendo un periodo mandatario sin la posibilidad de libertad condicional a un cuarto o a la mitad de la sentencia puesta, y una multa de hasta $500,000. Conspiración en primer grado lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa de hasta $250,000. Los crímenes en segundo grado llevan una sentencias de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000.
Las acusaciones son solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.
La acusación fue presentada al Juez de la Corte Superior Pedro J. Jimenez Jr. en Mercer County, quien asignó el caso a Union County, donde se les ha ordenado a los acusados a que aparezcan a una fecha más tarde para proceso. Una copia de la acusación judicial (en inglés) está puesta con este comunicado de prensa en www.njpublicsafety.com.
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