Shane B. Streater, 40, de Camden, fue cargado ayer con una denuncia en Segundo grado de robo por decepción. Se le dio a Streater una citación; no fue arrestado. El cargo es el resultado de una invesigación del Division of Criminal Justice Corruption Bureau. El asunto fue referido a la Oficina del Fiscal General por la Board of the Police and Firemen’s Retirement System (PFRS).

En Febrero del 2009, Streater aplicó por pensión de discapacidad por accidente, diciendo que estaba discapacitado como resultado de 2 accidentes mientras estaba trabajando: uno en Diciembre del 2007, cuando un auto chocó contra el camión de bomberos que estaba conduciendo, y el segundo en marzo del 2008, cuando su camión de bomberos tocó un bache. En cada incidente, él reclamó haberse dañado la espalda y su cuello. Basado principalmente en declaraciones de Streater acerca de su discapacidad de involucrarse en actividad física, un doctor independiente descubrió que él tenía discapacidad total y permanente. El médico, sin embargo concluyó que sus discapacidades eran por condiciones preexistentes y no relacionadas con el trabajo.

La PFRS Board le dio a Streater una ordinaria pensión de discapacidad en Enero 9 del 2010. Streater apeló a la Oficina de Ley Administrativa, insistiendo que su discapacidad era relacionada al trabajo y que tenía derecho a una pensión de discapacidad de accidente de trabajo, en la cual no se paga impuestos y paga dos tercios del salario del beneficiario, mientras una pensión de discapacidad ordinaria paga el 40 por ciento del salario y se pagan impuestos. Un delgado del fiscal general e investigador trató el caso de apelación por la PFRS Board subsecuentemente aprendiendo que Streater estaba enseñando jiu jitsu dos o más veces a la semana en una mixta academia de artes marciales. También encontraron un video de YouTube de Streater participando en una competición sumamente competitiva la Grapplers Quest Mixed Martial Arts Tournament en Junio del 2010, en el cual ganó una medalla de bronce. Más investigación reveló que Streater obtuvo el cinturón negro en jiu jitsu en el 2010, mientras estaba colectando la pensión de discapacidad de PFRS. La Junta de PFRS Board revocó la pensión de discapacidad de Streater en Abril 9 del 2012, pero él había colectado un total of $82,488 en beneficios.

“Es incomprensible que este ex bombero estaba demostrando su destreza en artes marciales mixtas, mientras durante todo el tiempo estaba mintiendo acerca de su discapacidad y colectando beneficios del sistema de pensión de los bomberos,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Su conducta fue una bofetada en las caras de sus colegas del departamento de bomberos, los cuales continúan arriesgando sus vidas para proteger al público y ganar un salario honesto.”

“Esta clase de fraude es muy costosa al sistema de pensión pública, la cual tiene que vigilar cada dólar para pagar a los legítimos beneficiarios,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Si alguien cree que un individuo está fingiendo una discapacidad y está colectando ilegalmente beneficios de pensión de discapacidad, les urgimos que se pongan en contacto con nosotros confidencialmente para que podamos tomar acción.”

El Fiscal General Interino Hoffman y el Director Honig anotaron que el Division of Criminal Justice Corruption Bureau ha establecido un número gratis 1-866-TIPS-4CJ para que el público pueda reportar confidencialmente corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales. El público también puede reportarlo yendo al sitio web de la Division of Criminal Justice www.njdcj.org.

La investigación fue conducida por el Division of Criminal Justice Corruption Bureau por el Delegado del Fiscal General Jon Gilmore, Detective John Sheeran y Detective Paul Marfino Jr. bajo la supervisión del Delegado del Fiscal General Peter W. Lee, Jefe Delegado del Buró, y Delegado del Fiscal General Anthony A. Picione, Jefe del Buró. El Fiscal General Interino le dio las gracias a FRS Board y a la División de Leyes por la investigación y referencia.

Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000. El cargo es meramente una acusación y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable. Porque el cargo es una ofensa procesable, el caso será presentado a un gran jurado para posible proceso.

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