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Attorney General's Biography
     
 
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Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 4 de Mayo del 2015 

Oficina del Fiscal General
- John J. Hoffman, Fiscal General Interino
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director 
Prensa:
Peter Aseltine
609-292-4791
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Ciudadanos:

609-984-5828
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Una ex empleada del Departamento de Servicios Humanos acusada judicialmente de usar la computadora del estado para hacer falsas tarjetas de seguro
También se alega que hizo falsos ID que intentaba usar para robar beneficios de asistencia pública
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TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que una ex empleada principal de pagos de sueldos del New Jersey Department of Human Services (DHS) fue acusada judicialmente porque se alega que usó su computadora para generar falsas tarjetas de seguro usando su computadora de trabajo para sí misma y 3 otras personas. También se alega que robó beneficios de asistencia pública por reclamar costos de cuidado de niños, y que usó aparatos del DHS para crear falsas fotos de identificación con la intención de usarlas en ese esquema.

Laquanda Tate, 38, de Trenton, fue acusada judicialmente por un gran jurado del estado en cargos de mala conducta oficial (en segundo grado), patrón de mala conducta oficial (en segundo grado), falsear documentos del gobierno (en segundo grado), falsificar una tarjeta de identificación de seguro de vehículo motorizado (en tercer grado), mala conducta oficial (en tercer grado), robo por decepción (en tercer grado), y dos cargos de falsificar o manipular documentos (en cuarto grado).

Los cargos son el resultado de una investigación de la Division of Criminal Justice y el Department of Human Services (DHS). Tate fue despedida de su trabajo en Abril del 2013 después de que su alegada conducta fue descubierta.

Se alega que entre Abril del 2009 y Diciembre del 2012, Tate usó la computadora de DHS para generar falsas tarjetas de identificación para su uso personal y para venderlas a otras tres personas. Además se alega, en un esquema separado, Tate creó cartas notariadas falsas que fueron presuntamente firmadas por proveedores de cuidado de niños, que ella usó para reportar gastos que no fueron reembolsados de $8,677 desde el 2010 al 2012. Incluyendo esos gastos en aplicaciones a los Mercer County Board of Social Services para cupones de alimentos, Tate se alega recibió un beneficio adicional de $3,635 a los que no tenía derecho. Ella también se alega reclamó tales falsos gastos en aplicaciones al State Department of Community Affairs para la Section 8 de asistencia de renta, por lo tanto recibiendo más de $1,000 en beneficios de vivienda a los que no tenía derecho. Además, Tate se alega usó el equipamiento de DHS para crear falsas cartas de identificación de empleados con su foto pero con el nombre de otra persona. Tate tenía acceso al equipamiento como persona principal de plantilla de trabajo. Tate se alega intentó usar la tarjeta con la foto de ID para personificar el nombrado individuo y obtener una carta notariada de que la mujer había proveído servicios al niño de Tate. Sin embargo, ella nunca usó la tarjeta falsa con la foto de esa manera.

El Delgado del Fiscal General Jonathan Gilmore y Peter W. Lee, Delegado del Jefe del Buró, presentó el caso al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Corruption Bureau. La investigación fue conducida de parte de la Division of Criminal Justice por el Detective Thomas Page. El Delegado del Fiscal General Victor R. Salgado asistió en la investigación. Los Detectives Policías de la DHS Alex Rivera y Carlos Ramirez investigaron de parte del Department of Human Services.

Un cargo en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años e la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras un cargo en tercer grado lleva una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000. Un cargo en segundo grado de mala conducta oficial lleva un término mandatario sin posibilidad de libertad condicional de 5 años, y un cargo en tercer grado de mala conducta oficial lleva un término mandatario sin la posibilidad de libertad condicional de 2 años. Un cargo en cuarto grado lleva una sentencia de hasta 18 meses en la prisión y una multa de hasta $10,000.

La acusación judicial es meramente una acusación y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable.

La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobson, quien asignó el caso a Mercer County, donde Tate recibirá la orden de aparecer a una fecha más tarde para ser procesado.

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