Además del acuerdo del dinero, la arrendadora de Bayonne, Donna Ferraro, también tiene que remitirse a la supervisión del estado de sus prácticas de renta, incluyendo reportar a la División todos los apartamentos vacantes que ha alquilado y la razón por rechazar/aceptar las aplicaciones de arrendamiento.

“Los arrendadores tienen la obligación de tratar a todos los presuntos inquilinos de la misma manera, y darles a todas las elegibles aplicaciones igual consideración” dijo el Director de la División Craig T. Sashihara. “No es solamente eso es lo correcto, es la ley, y estamos comprometidos a implementarla.”

La denunciante Aja Spooner vio un anuncio puesto por Ferraro para arrendar un apartamento en un periódico de Hudson County a mitad de Marzo del 2011. Ella prosiguió llamando a Ferraro de su lugar de empleo. Spooner les dijo a los investigadores de la División que, durante la conversación, las dos mujeres acordaron a que se reunirían al día siguiente y Spooner podría ver el apartamento.

Spooner alega que, al final de la conversación, Ferraro le dijo que ella “era muy selectiva” a quien arrendaba el apartamento, y no tenía intención de arrendarlo a nadie que fuera afroamericano o hispano. Spooner dijo que era evidente por su conversación telefónica que Ferraro creyó que ella era blanca.

Ferraro niega haber hecho declaraciones discriminatorias, le dijo a la División on Civil Rights que ella tiene una historia de arrendar a los hispanos, y le dijo que ella no tenía memoria de haber tenido tal conversación con Spooner. Sin embargo, Spooner proveyó a la División con expedientes de su empleador documentando una llamada de casi 13 minutos al número de Ferraro en Marzo 15, 2011.

La Division subsecuentemente puso Finding of Probable Cause (Encontrando Causa Probable) en contra de Ferraro. Ferraro entonces puso una denuncia criminal en contra de Spooner – la cual fue últimamente rechazada – cargando que Spooner dio información falsa a una agencia del Estado. En Marzo del 2012, Spooner puso una segunda denuncia en contra de Ferraro alegando represalia en la forma de cargos criminales no comprobados.

El acuerdo anunciado hoy fue alcanzado por ambas partes a través de la mediación antes del juicio supervisado por la Office of Administrative Law (Oficina de Ley Administrativa).

Bajo el acuerdo, Ferraro no admitió haber hecho ninguna infracción o tener responsabilidad, pero tiene que establecer un sistema de mantener los documentos de todos los presuntos inquilinos que completan las aplicaciones para arriendo de vivienda. A través del final del calendario del 2016, Ferraro tiene que notificar a la División si una de sus propiedades de arriendo está disponible, y tiene que proveer a la División con una copia de cualquier aviso o anuncio solicitando aplicaciones de arriendo.

Ferraro también tiene que reportar a la División cada vez que una de sus unidades de arriendo vacante es ocupada, anotando cuando la unidad de arriendo está disponible, como el apartamento vacante se anunció, la cantidad de solicitantes que vieron la unidad, y la razón por qué el solicitante que la arrendó fue escogido (así como los solicitantes que fueron rechazados). Ferraro también tiene que proveer a la División con una copia de cada aplicación remitida por el vacante apartamento, junto con la información de contacto de cada solicitante.

Bajo el acuerdo, Spooner retiene el derecho de proseguir con el reclamo de represalia en la forma de cargos criminales no comprobados puestos en contra de ella por Ferraro, en la corte federal.

La Delegada del Fiscal General Beverley Lapsley y la Investigadora Adriana Tovar trataron el asunto de Ferraro/Spooner de parte del Estado.

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