La Final Order on Default (Orden Final por Incomparecencia) provee $585,395.74 en restitución a los consumidores, $5, 710,000 en multas civiles y $39,625.52 en pagos y costos de abogados. El Estado ha arreglado en la Final Order on Default un gravamen contra los bienes de Pizza y sus compañías.

Bajo la Orden dada por el Juez de la Corte Superior del Estado Robert P. Contillo, a Pizza también se le ha prohibido permanentemente que anuncie, ofrezca de venta, venda o haga mejoras de vivienda en New Jersey y que sea dueño, opere o de otra manera haga mejoras de vivienda en New Jersey. Además, los certificados de sus dos compañías han sido permanentemente cancelados. Las compañías mantienen sus locales de negocios en Clifton y Rutherford.

“A través de nuestros esfuerzos, se le ha prohibido a este contratista sin escrúpulos de que posea u opere compañías de mejoras de vivienda,” Acting Attorney General John J. Hoffman dijo. “Nuestro foco ahora será identificar los bienes que se puedan obtener y liquidarlos para proveer restitución a los consumidores que no recibieron las mejoras de vivienda por las que pagaron y que Pizza prometió completarlas.”

En las quejas remitidas a la División, los consumidores alegan que Pizza y o sus compañías hicieron trabajo substándard, a pesar de que recibieron los pagos. Además, Pizza usó contratos de mejoras de vivienda en los que no incluyó información requerida como firmas, descripción del trabajo, fecha de comienzo y término, e información de cancelación.

“Las quejas de los consumidores relacionadas a mejoras de viviendas fueron la categoría de quejas más grande el año pasado,” dijo Steve Lee, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor del Estado. “La División está siempre trabajando para ayudar a los consumidores identificar señales de alarma de fraude de consumo, como las que están alegadas en el caso de Pizza y sus compañías.”

En Octubre del 2014, el Estado puso una queja de 7 cargos en la Corte Superior del Estado en Bergen County, alegando que AP Building & Construction, LLC preformó trabajo, aunque nunca estuvo registrado como contratista de mejoras de vivienda con la División. Además, el Estado alega que A. Pizza Contracting, LLC no mantuvo una póliza de seguro de responsabilidad general y no reveló un fallo civil en su aplicación de renuevo como es requerido.

En su queja puesta por el Estado, el Estado alega que Pizza y sus compañías:

• No empezaron o completaron el trabajo en la fecha prometida o dentro del periodo acordado oralmente o puesto en el contrato;

• No respondieron a las llamadas, emails, o mensajes de texto de los consumidores preguntando cuando se iba a comenzar el trabajo o cuando el trabajo que había sido abandonado iba a continuar;

• Empezaron a hacer el trabajo sin confirmar que los requeridos permisos se habían dado;

• No se programaron las requeridas inspecciones por el trabajo por el cual los requeridos permisos no se obtuvieron;

• Acelerar la programación de los pagos que se habían acordado y obtener pago completo sin que el trabajo se hubiera completado;

• No proveer, después que el consumidor lo pidiera, copias de los recibos de evidencia de que Pizza y sus compañías ordenaron o compraron materiales de construcción (e.g., accesorios, gabinetes, tejas) con fondos acelerados o adicionales que él consumidor había proveído a Pizza y a sus compañías con ese propósito;

• Parar el trabajo de mejoras de vivienda contratado, y luego informar a los consumidores que no iban a continuar el trabajo si no pagaban dinero adicional;

• Aceptar el pago de depósito por el trabajo de mejora de vivienda bajo la condición de que si un municipio no le diera el permiso, Pizza y sus compañías le devolverían el dinero, pero nunca lo hizo;

• Instalar un producto que era distinto del que se acordó, sin el consentimiento del consumidor (e.g., instalar suelos y ventanas usadas, el modelo de suelo equivocado, una de modelo distinto, el color de tejado diferente);

• Preformar trabajo de mejoras de vivienda de una manera inferior y no hacer los reparos necesarios para corregirlos;

• Causar daño a la casa del consumidor cuando se estaban hacienda las mejoras de vivienda y no corregirlos, limpiar o compensar al consumador por el daño;

• Decir que ellos iban a retornar a las casas de los consumidores y hacer los necesarios reparos, pero no lo hicieron;

• No retornar las llamadas de los consumidores cuando estos trataron ponerse en contacto con Pizza y sus compañías concerniendo, entre otras cosas, trabajo inferior; y

• Rehusar dar los reembolsos cuando fueron pedidos por los consumidores después que Pizza y sus compañías no hicieron el trabajo de mejora de vivienda por el que habían hecho un contrato.

En la Final Order on Default, la Corte descubrió que Pizza y sus compañías se involucraron en conducta que constituían 571 violaciones del Consumer Fraud Act (prácticas de comercio sin conciencia, falsas promesas o engaños), el Contractors’ Registration Act, las Contractors’ Registration Regulations, y las Home Improvement Regulations.

El investigador Jared O’Cone de la Division of Consumer Affairs Office of Consumer Protection condujo la investigación.

La Delegada del Fiscal General Cathleen O’Donnell de la Division of Law’s Consumer Fraud Prosecution Section representó al Estado en esta acción.

Los consumidores que creen han sido abusados o engañados por un negocio, o sospechan de cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja en línea con la State Division of Consumer Affairs o pueden llamar al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde New Jersey) o al 973-504-6200.

Para aprender más acerca de cómo emplear a un contratista de mejoras de vivienda, y como reconocer señales de una posible estafa, lea el Mensaje para el Consumidor en español aquí.

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