Frank J. Rizzo, 57, de Parlin, fue sentenciado hoy a 3 años en la prisión de estado por el Juez de la Corte Superior Philip E. Haines en Burlington County. Él admitió culpabilidad en Enero 30 del 2014 a un cargo en segundo grado de conspiración. Su coacusado Michael Kouvaras, 62, de Maplewood, fue sentenciado por el Juez de la Corte Superior James W. Palmer Jr. en Agosto 25, 2014 a 364 días en la cárcel del condado a condición de un término de 3 años de probación. Kouvaras admitió culpabilidad en Enero 30, 2014 a un cargo en tercer grado de violación del Asbestos Control and Licensing Act.

La Deputy Attorney General Mary Erin McAnally procesó a los acusados y trató el proceso de la sentencia de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau.

Admitiendo culpabilidad, los acusados dijeron que, a través de la compañía que administraban, Deuteron Capital, LLC, hacienda negocio como South Street Fillit Recycling of Riverside, ilegalmente removieron los asbestos sin tener licencia e ilegalmente se deshicieron de los asbestos en el lugar de Zurbrugg Memorial Hospital. Los cargos estaban explicados en una acusación judicial en Junio 20, 2012 que resultaron de una investigación conjunta de la Division of Criminal Justice Environmental Crimes Unit y el Department of Corrections Special Investigations Division.

“Estos contratistas esperaban un día grande de pago por reciclaje de cobre y acero en el lugar del hospital, pero cuando aprendieron del costo de remover peligrosos asbestos que estaban por medio, insensiblemente pusieron las ganancias delante de la salud y seguridad del público y de sus trabajadores,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “La avaricia e insensatez que demostraron es atroz.”

“Operadores de negocios sin conciencia que sabiéndolo ilegalmente contaminan y violan las leyes que protegen a nuestros trabajadores tienen que prestar atención, porque hay multas criminales importantes para tal conducta,” dijo el Director Elie Honig of the Division of Criminal Justice. “Continuaremos defendiendo los derechos de los residentes de New Jersey para que vivan y trabajen en un ambiente seguro.”

Al principio del año 2010, Rizzo solicitó al dueño del local de Zurbrugg el contrato de demolición del hospital. Se le dio a South Street el contrato, el cual especificaba que la compañía retendría todas las ganancias del reciclaje del metal y arreglaría y pagaría por los costos de la demolición, incluyendo la eliminación y evacuación de los asbestos. Un reporte de ingeniería de los edificios del hospital, el cual fue proveído a los acusados, identificó asbestos en gran cantidad en todas las estructuras.

Los acusados inicialmente retuvieron un contratista que estaba licenciado para remover asbestos, el cual proveyó el requerido aviso de 10 días y su intención de preformar eliminación de asbestos del sitio, al Department of Labor, al Department of Health & Senior Services y al U.S. Environmental Protection Agency. Sin embargo, los acusados pagaron solamente unos cuantos miles de dólares del 10% de depósito que el contratista requería para comenzar el trabajo. El contratista estimó que el costo de remover los asbestos sería alrededor de $220,000. El contratista licenciado trabajó un día en el local removiendo una pequeña cantidad de asbestos.

La investigación del estado determinó que, entre Agosto del 2010 y Marzo del 2011, Kouvaras, el dueño de South Street, y Rizzo, el organizador del proyecto, usaron trabajadores que no tenían ningún entrenamiento, incluyendo presos de la Clinton House, una residencia de transición de trabajo en Trenton, para remover asbestos de secciones del hospital en conexión con la demolición, en sus esfuerzos de salvar valioso cobre y acero. Ellos se envolvieron en remover asbestos sin la requerida licencia del New Jersey Department of Labor y sin seguir los requisitos de las leyes estatales y federales para prevenir la emisión de polvo tóxico de asbestos y de los escombros.

La investigación reveló que los acusados dirigieron a trabajadores sin licencia a que removieran asbestos o materiales conteniendo asbestos, enterraron bolsas llenas de asbestos en la tierra, y pusieron bolsas de asbestos en el suelo de la habitación de la caldera para que pareciera que el edificio había sido vandalizado. Los trabajadores no llevaban equipo de protección, excepto por mascarillas de papel que no estaban autorizadas como seguras para remover asbestos, y estos rápidamente removieron las mascarillas de papel porque estas hacían muy difícil respirar.

Los detectives de la Division of Criminal Justice ejecutaron una orden de allanamiento en el local de Filmore Street en Marzo 28, 2011, y descubrieron que material conteniendo asbestos estaba esparcido por toda la habitación de la caldera. Estos encontraron un contendor con ruedas que contenía 200 bolsas de plástico, 30 de las cuales fueron probadas y se descubrió que contenían asbestos. También descubrieron 2 bolsas conteniendo lozas de asbestos enterradas en el suelo durante una excavación limitada en el lugar.

La U.S. Environmental Protection Agency Region 2 tomó jurisdicción del sitio y ha completado la acción de remuevo.

La investigación del estado empezó al principio del 2011 cuando el Department of Corrections (DOC) Special Investigations Division recibió un aviso que presos se estaban usando para remover asbestos del lugar. DOC alertó a la Division of Criminal Justice, la cual se unió a la investigación. El Department of Environmental Protection, el Department of Health & Senior Services y el Department of Labor & Workforce Development asistieron en la investigación, incluyendo ayudar en la ejecución de las órdenes de allanamiento en el lugar de Zurbrugg y en las oficinas de South Street empezando en Marzo 28, del 2011.

La investigación fue conducida por la Environmental Crimes Unit, dentro de la Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau, por el Sgt. Steven Ogulin, el ex Detective Dawn Ryan, el ex Detective Michael Klumpp, el Deputy Attorney General McAnally, el Deputy Attorney General Phillip Leahy y la jubilada Supervising Deputy Attorney General Betty Rodriguez. La investigación por el Department of Corrections Special Investigations Division fue liderada por el Principal Investigator Daniel Klotz.

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