| NEWARK – La New Jersey State Board of Medical Examiners ha revocado la licencia de Dr. Adam C. Gilliss, un doctor de Merchantville quien, según un comité de la Junta, “estaba percibido como ‘marca fácil’ por los pacientes que buscaban drogas” y que ponía en peligro a sus pacientes y al público a través de su negligente manera de recetar analgésicos adictivos.
“La autoridad de hacer disponibles analgésicos controlados a pacientes es una responsabilidad verdadera de vida o muerte,” dijo el Acting Attorney General John J. Hoffman. “Los médicos que abusan esta autoridad, a través de avaricia o negligencia, deben ser removidos de la práctica.”
Bajo una Consent Order con la Board of Medical Examiners, Gilliss tiene que esperar por lo menos 2 años antes de aplicar por la reinstalación de su licencia médica. Él también tiene que pagar al Estado $50,000, incluyendo $30,000 de multa civil y $20,000 de reembolso al Estado por costos legales y de investigación. Antes de aplicar por la reinstalación Gillis tendrá entre otras cosas, que completar un curso de entrenamiento y evaluaciones, y presentarse delante de un comité de la Junta para demostrar que está preparado para resumir su práctica.
Además, la autoridad de Gilliss de recetar sustancias peligrosas controladas (controlled dangerous substances o CDS) en New Jersey está permanentemente revocada – lo cual quiere decir, que incluso cuando la Junta restaure su licencia médica, se le estará prohibido recetar medicamentos que están clasificados como CDS.
“La Board of Medical Examiners actuó para prevenir que este doctor nunca más contribuyera a la epidemia de abuso de opioides,” dijo el Director Interino de la Division of Consumer Affairs Steve Lee. “Esto es una parte vital para prevenir adicción, sobredosis y los sufrimientos que estas causan.”
La licencia médica de Gilliss ha sido temporalmente suspendida desde Julio del 2014, después de una audiencia de un comité de la Board of Medical Examiners en una queja administrativa presentada por el Attorney General.
El Attorney General alega que Gilliss prescribió narcóticos adictivos para el dolor a múltiples pacientes, por periodos largos de tiempo, sin adecuadamente evaluar el riesgo de los pacientes a la dependencia de las drogas o de determinar si el uso de las drogas era medicamente necesario o justificado.
El Estado alega que la conducta de Gilliss en relación con cada uno de los 7 pacientes constituyó negligencia profesional u ocupacional, puso a los pacientes a riesgo de sobre uso de opioides y de dependencia, y o facilitó a los pacientes la posible desviación de las CDS.
Considerando la Consent Order para la revocación de la licencia de Gilliss, la Junta anotó que “Sus recetas sin frenos de opioides… pusieron a cada paciente en un significante riesgo de daño” y demostró “una ausencia fundamental de juicio… junto con un patrón consistente de prácticas arriesgadas y peligrosas” que crearon un “profundo riesgo de daño” para los pacientes y o para el público.
Considerando la previa Order de Julio del 2014 que temporalmente suspendió su licencia, un comité de la Junta anotó que Gilliss “sabía que él estaba percibido como una ‘marca fácil’ por los pacientes que estaban buscando drogas, pero no tomó medidas para alterar sus prácticas laxas” hasta que se dio cuenta de que la Junta lo estaba investigando a través de la Division’s Enforcement Bureau.
La Division of Consumer Affairs’ Enforcement Bureau condujo la investigación.
La Deputy Attorney General Bindi Merchant representó al Estado en este asunto.
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