| TRENTON – El Acting Attorney General John J. Hoffman anunció que una ex empleada de la plantilla de sueldos del New Jersey Department of Human Services (DHS) admitió culpabilidad hoy a usar su computadora de trabajo para generar falsas tarjetas de seguro para ella y para otros. Ella también admitió que robó de los beneficios de asistencia pública creando falsos documentos de costos de cuidado de niños.
Laquanda Tate, 39, de Trenton, admitió culpabilidad hoy a cargos en tercer grado por imitar una tarjeta de identificación de seguro de vehículos motorizados y a robo por decepción ante el Juez de la Corte Superior Timothy P. Lydon en Mercer County. Los cargos estaban explicados en una acusación judicial puesta en Mayo 4 del 2015. Bajo el acuerdo de culpabilidad, el estado recomendará que Tate sea sentenciada a 364 días en la cárcel del condado y a 30 horas de servicio a la comunidad como condición de términos de probación. Ella tiene que pagar restitución completa de los beneficios que recibió de asistencia pública y se le prohibirá empleo público. El Juez Lydon programó la sentencia de Tate para Dic. 18.
El Deputy Attorney General Jonathan Gilmore aceptó la admisión de culpabilidad de Tate de parte del Division of Criminal Justice Corruption Bureau. Los cargos resultaron de una investigación de la Division of Criminal Justice y del Department of Human Services (DHS). Tate fue despedida de su trabajo del estado en Abril 2013 después de que la alegada conducta fuese descubierta.
La investigación del estado descubrió que entre Abril del 2009 y Diciembre del 2012, Tate usó su computadora de DHS para generar falsas tarjetas de seguro de identificación para su uso personal y para otras tres personas. En un separado esquema, Tate creó falsas cartas notariadas que presuntamente fueron firmadas por proveedores de cuidado de salud que ella usó para reclamar reembolsos de gastos de cuidado de niños de $8,677 desde el 2010 al 2012. Incluyendo estos gastos en las aplicaciones al Mercer County Board of Social Services para cupones de alimentos, Tate se alega recibió $3,635 en beneficios a los que no tenía derecho. También se alega que ella reclamó en las aplicaciones al State Department of Community Affairs de la Section 8 para asistencia de renta, y por lo tanto recibiendo más de $1,000 en añadidos beneficios de asistencia de vivienda a los que no tenía derecho.
Los Deputy Attorneys General Jonathan Gilmore y Peter W. Lee, Deputy Bureau Chief, presentaron el caso al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Corruption Bureau. La investigación fue conducida de parte de la Division of Criminal Justice por el Detective Thomas Page. El Deputy Attorney General Victor R. Salgado asistió en la investigación. Los Police Detectives Alex Rivera y Carlos Ramírez de la DHS investigaron el caso de parte del Department of Human Services.
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