TRENTON – El Acting Attorney General John J. Hoffman anunció que Accutest Laboratories con base en Nueva Jersey pagará al Estado $2 millones para resolver alegaciones de que se desvió de los requisitos federales y estatales en la extracción y pruebas de ciertos compuestos, y por lo tanto remitiendo falsos reclamos al Estado y a sus agencias por pago.

Con base en Dayton, Middlesex County, Accutest proveyó una variedad de servicios de pruebas del medio ambiente, incluyendo las pruebas de compuestos orgánicos semivolátiles. El Estado y sus agencias – incluyendo el New Jersey Department of Environmental Protection o DEP (Departamento de Protección del Medio Ambiente) – habían contratado a Accutest para preformar una variedad de pruebas del medio ambiente en su laboratorio de extracción.

Las alegaciones centrales al acuerdo de hoy provienen de una demanda de qui tam o “whistleblower” (denunciante) federal puesta hace dos años por un ex empleado de Accutest. La demanda alega que Accutest violó la ley federal y la de New Jersey False Claims Acts (Acta de Falsos Reclamos) por no seguir los requisitos de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) en la extracción y prueba de ciertos compuestos orgánicos semivolátiles.

Específicamente, la Complaint (Denuncia) alega que algunos de los técnicos en los laboratorios de extracciones de Accutest no cumplieron con los métodos proscritos de las Standard Operating Procedures (Procedimientos Estándar de Operaciones).

Mientras que la mayor parte del acuerdo de hoy cubre los daños del False Claims Act, una porción de — aproximadamente $920,000 — resuelve las alegadas violaciones de Accutest de las DEP Regulations Governing the Certification of Laboratories and Environmental Measurements. Bajo el acuerdo, Accutest admite no haber hecho nada ilegal o responsabilidad.

El acuerdo anunciado hoy representa el más grande acuerdo que no es Medicaid relacionado, de False Claims Act entrado por el Estado desde que el False Claims Act de New Jersey se puso en efecto en Marzo del 2008.

“Estamos comprometidos a asegurarnos que todos los vendedores empleados por el Estado entregan las mercancías o servicios prometidos en los contratos,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Cualquier contracto haciendo negocios con el Estado tiene que proveer los servicios prometidos en todos los aspectos, y tiene que remitir reclamos verdaderos para obtener pago. No hacerlo es una violación de nuestro False Claims Act.”

“Esto es un acuerdo importante para el Estado,” dijo el DEP Commissioner Bob Martin.” Muchas de las acciones del DEP, decisiones y regularizaciones dependen de la veracidad de la información que recibimos, y fiabilidad de que los métodos correctos se están usando para obtenerla. Cualquier desviación de estos mandados métodos por cualquier laboratorio con los que estamos trabajando no se tolerará.”

Accutest es miembro de una red de laboratorios de prueba del medio ambiente de toda la nación, cada uno con una matriz propietaria común.

En Abril del 2013, un ex empleado Koroush Vaziri puso una acción de qui tam en el U.S. District Court en New Jersey alegando la falta de Accutest de no seguir los apropiados protocolos en sus laboratorios de extracciones y en sus laboratorios de análisis de los compuestos orgánicos semivolátiles.

La investigación de qui tam fue tratada de parte del Estado por: Deputy Attorney General Janine Matton, Section Chief de la Division of Law’s Government & Healthcare Fraud Section; Deputy Attorney General Nicholas Kant de la Division of Law’s Government & Healthcare Fraud Section; y la Assistant Attorney General Jessica Allen de la Division of Law’s Affirmative Civil Enforcement Practice Group.

El DEP estuvo representado por el Deputy Attorney General Gary Wolf, Section Chief del Dvision of Law’s Environmental Practice Group, Deputy Attorney General Andrew Reese de la Environmental Practice Group, y David Apy, Assistant Attorney General in Charge del Environmental Practice Group.

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