| TRENTON – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor (“OIFP”) anunciaron hoy que dos ex empleados de un concesionario de autos de Union County han sido cargados en segundo grado con lavado de dinero y conspiración porque se alega que conspiraron a robar más de $260,000 de su empleador usando una compañía ficticia para remitir facturas falsas por mejoras a vehículos que nunca hicieron.
Tomas Alicea, 54, de Union Township, y David Roscos, 38, de Elizabeth, fueron también cargados en segundo grado con robo por decepción y mala conducta de un oficial de corporación en una acusación judicial presentada a un Gran Jurado del Estado el Martes.
Los dos se alega usaron una compañía ficticia Track Unlimited, LLC (“Track”) para facturar a Union GMC aproximadamente $264,090 por mejoras en alrededor de 100 vehículos comprados del concesionario entre 2013 y 2015.
“Los pequeños negocios se enfrentan con bastantes retos económicos sin tener que preocuparse de que sus empleados van a robar de ellos,” dijo el Attorney General Porrino. “Agresivamente procesaremos a cualquiera que intenta tomar ventaja criminal de su empleado, como estos acusados hicieron.”
Alicea and Roscos, se alega usaron información identificada de los clientes de Union GMC para crear las falsas Track facturas para remitirlas al concesionario por hacer mejoras a los vehículos que nunca tuvieron lugar, incluyendo asiento de material e instalaciones de televisiones.
Cuando Union GMC pagó las facturas, Alicea y Roscos depositaron las ganancias ilícitas en una cuenta de banco de Track usado por los acusados, según la acusación judicial.
“Rastreando el reguero del dinero pudimos exponer los alegados crímenes que los acusados creían que podían esconder,” dijo el Acting Insurance Fraud Prosecutor Christopher Iu. “Ahora ambos están expuestos a las serias consecuencias de sus alegadas acciones.”
La acusación judicial es meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables. Crímenes en Segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000.
El Deputy Attorney General Colin Keiffer presentó el caso al gran jurado del estado. El Detective Sergeant Jarek Pyrzanowski y el Detective Kahlil McGrady coordinaron la investigación, con la asistencia de los analistas Gregory Nolan, Christina Runkle y Theresa Worthington.
El Attorney General Porrino le dio las gracias al Union Police Department (UPD), al Det. William Fuentes del UPD, a la Union County Prosecutor’s Office (UCPO), al Det. David Nechamkin de la UCPO, y a la Chubb Insurance, y al Pennsylvania Department of Transportation por su asistencia en la investigación.
El Procurador de Fraude en Seguro Iu anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. La gente que esté preocupada con fraude de seguro y tiene información acerca de estafa puede reportarla anónimamente llamando a la línea directa 1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución, y convicción de fraude de seguro.
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