Alan Hilla, 77, de Jupiter, Fla., admitió culpabilidad a un cargo en segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación en segundo grado antes el Juez de la Corte Superior Wendel E. Daniels en Ocean County. Bajo el acuerdo de admisión de culpabilidad, el estado recomendará que él sea sentenciado a 5 años en la prisión del estado. Hilla ha indicado que él aplicará por una sentencia suspendida, citando asuntos de salud. Hilla es el último acusado en el caso contra BSG y 9 de sus ejecutivos más importantes, accionistas y empleados. El Juez Daniels programó la sentencia para Septiembre 1, 2017 a las 10 AM.

El Deputy Attorney General Anthony A. Picione, Chief of the Corruption Bureau, y los Deputy Attorneys General Mallory Shanahan, Brian Faulk y Charles Wright están procesando el caso y aceptaron la admisión de culpabilidad de parte de la Division of Criminal Justice. El cargo estaba explicado en una acusación judicial de Marzo 26, 2013, la cual también carga a BSG y otros 6 ejecutivos y accionistas. Otros dos acusados admitieron culpabilidad antes de la acusación judicial. Los cargos se derivan de una investigación del Division of Criminal Justice Corruption Bureau, el cual descubrió que los acusados conspiraron para evadir las restricciones de las leyes de New Jersey’s Pay-to-Play camuflando las ilegales contribuciones políticas de corporación como contribuciones personales a través de los empleados.

“Las muchas admisiones de culpabilidad que hemos asegurado en este caso mandan el importante mensaje que esquemas criminales con el foco de evadir las leyes de New Jersey’s pay-to-play se enfrentarán con severo castigo,” dijo el Attorney General Porrino. “Nuestras leyes previenen que firmas conectadas políticamente obtengan contratos públicos basados en contribuciones a campañas, pero los ejecutivos de Birdsall se burlaron del sistema y aseguraron millones de dólares en contratos a los que hubieran sido descalificados.”

“Mi oficina ha anunciado dos programas de anti corrupción – un programa ofreciendo hasta $25,000 por información acerca de corrupción pública, así como otro programa que permite que un denunciante que participó a nivel bajo en el esquema, pueda evitar prosecución si se reporta” dijo el Attorney General Porrino. “Urjo a cualquiera a que nos ayude y a que se ayuden ellos mismos, tomando ventaja de estos programas que expiran el 1 de Agosto.”

“Las leyes de Nueva Jersey de pay-to-play intentan garantizar contratos abiertos y justos contratos, libres de la influencia de intereses políticos”, dijo el Director Elie Honig Director de la Divison of Criminal Justice. “Criminalmente procesando a la firma y a mandando a muchos de sus más importantes ejecutivos a la prisión, hemos reforzado estas leyes.”

Individuos pueden reportar información y aplicar por el Anti-Corruption Reward Program o el Anti-Corruption Whistleblower Program hasta Agosto 1 por uno de los siguientes métodos:

• Llame a la línea directa de la DCJ al 866-TIPS-4CJ para hablar con los detectives 24 horas al día 7 días a la semana; o

• Vaya a www.njdcj.org para remitir un reporte en línea.

BSG admitió culpabilidad en Junio 13, 2013 a cargos en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado de hacer declaraciones falsas en los contratos del gobierno. Como resultado de su admisión de culpabilidad, BSG pagó dos multas grandes criminales: una de $500,000 por ganancia de corrupción pública y otra de $500,000 de anti ganancia por lavado de dinero. En cada instante, la multa fue la cantidad máxima permitida por la ley. BSG también pagó al estado $2.6 millones para satisfacer una acción civil puesta por el Attorney General’s Office en conexión con el caso criminal.

Otros siete ejecutivos, accionistas y administradores de la firma Birdsall previamente admitieron culpabilidad:

1. En Abril 22, 2016, Howard Birdsall, previamente CEO y el mayor accionista de BSG, fue sentenciado a cuatro años en la prisión en un cargo en segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación. Él pagó $49,808 al estado de reembolso por sus contribuciones políticas ilegales.

2. En Junio 10, 2016, Thomas Rospos, ex ejecutivo vicepresidente de BSG y el segundo mayor accionista, fue sentenciado a tres años en la prisión en un cargo en tercer grado de manipulación de documentos públicos o información. Él pagó $150,000 en reembolso por sus contribuciones políticas ilegales.

3.                         

4. En Junio 2, Robert Gerard, 56, de Wall, N.J., ex Chief Marketing Officer de BSG, fue sentenciado a 270 días en la cárcel del condado y a dos años de probación en un cargo en cuarto grado de hacer prohibidas contribuciones políticas de corporación a través de los empleados. Él renunció a $86,200.

5.                         

6. En Enero 6, 2016, Scott MacFadden, ex oficial jefe administrativo de BSG, admitió culpabilidad en tercer grado de mala conducta de un oficial de corporación. Él se enfrenta con una recomendada sentencia de hasta 364 días en la cárcel y un término de probación. Él tiene que pagar $30,000 en renuncia de sus contribuciones.

7. En Nov. 30, 2012, Philip Angarone, el ex director de mercadeo de BSG, admitió culpabilidad en tercer grado a manipulación de documentos públicos o información y en cuarto grado de hacer prohibidas donaciones políticas a través de sus empleados. Él está esperando ser sentenciado a hasta 364 días en la cárcel y a un término de probación. El tiene que renunciar $26,775.

Bajo el alegado esquema, en vez de Birdsall Services Group hacer políticas contribuciones de corporación que los descalificaría de obtener contratos públicos de ciertas agencias del gobierno, accionistas y empleados de la firma hicieron contribuciones políticas personales de $300 o menos, las cuales no tienen que reportarse. Múltiples cheques personales fueron empaquetados en Birdsall Services Group y mandados a la apropiada campaña u organización política. Los accionistas y empleados luego eran ilegalmente reembolsados por el Birdsall Services Group, directamente o indirectamente a través de bonos adicionales, y luego la firma falsamente omitió las reembolsadas contribuciones a la Election Law Enforcement Commission (ELEC) y con las agencias del gobierno que le otorgaron los contratos de servicio de ingeniería. El esquema continuó por más de 6 años y envolvió más de $1 millón en contribuciones.

El Abogado Defensor:
Michael Critchley, Sr., Esq., Critchley, Kinum & DeNoia, LLC, Roseland, N.J.

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