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Attorney General's Biography
     
 
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Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 11 de Julio del 2017

Oficina del Fiscal General
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Christopher S. Porrino, Fiscal General
División de Asuntos del Consumidor
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Steve C. Lee, Director

División de Leyes
- Michelle Miller, Directora Interina
Prensa:
Lisa Coryell or
C. John Schoonejongen
973-504-6327
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Ciudadanos:

609-984-5828
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La Junta Examinadora de Médicos de Nueva Jersey revoca la licencia de un cardiólogo del Condado de Essex por robar de sus colegas falsificando la información de la pensión
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NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer Affairs hoy anunciaron que la State Board of Medical Examiners (“Board”) ha permanentemente revocado la licencia de un cardiólogo de Essex County cuyas prácticas de supervisión del plan del retiro estafaron a sus colegas por no completamente reportar el valor del plan de más de $12 millones, en violación de sus deberes fiduciarios bajo la ley federal.

Dr. Mario Criscito, un ex socio de la práctica médica de Diagnostic and Clinical Cardiology (“DCC”) en West Orange, voluntariamente entregó su licencia, que será considerado como una revocación permanente, bajo los términos de la Consent Order con la Junta.

El acuerdo resuelve el intento del Estado de revocar la licencia de Criscito después de que éste fue declarado culpable civilmente por violación del Employment Retirement Income Security Act (“ERISA”) federal por fraudulentamente infravalorar el balance en la cuenta de pensión del DCC y cobrando los bienes no reportados para su uso personal.

“Esto es un caso claro de la avaricia de un doctor que se enriqueció abusando la confianza que sus colegas pusieron en él como encargado de los fondos de la pensión,” dijo el Attorney General Porrino. “Se descubrió que Dr. Criscito había gastado millones de los fondos de ahorros del retiro en inversiones personales, en membresías de centros de vacaciones, y para aumentar su cuenta de banco.”

La revocación de la licencia de Criscito se deriva de una demanda civil puesta en el 2008 entre Criscito y sus colegas en DCC, lo cual fue litigado en la U.S. District Court para el District of New Jersey y en el Third Circuit Court of Appeals (“Civil Action”). Las decisiones dadas en estas respectivas cortes en Enero del 2011 y Marzo del 2012 descubrieron que Criscito violó su deber fiduciario bajo ERISA proveyendo inexactas y falsas cifras a la American Pension Corporation (“APC”), la compañía que administra los fondos de pensión de su práctica médica. La District Court otorgó a los colegas de Criscito $4.18 millones de dólares en daños e intereses, junto con costos adicionales de abogado y otros. Esta decisión fue sostenida por el Third Circuit Court of Appeals antes de que el asunto fuera resuelto entre las partes.

Como el único fideicomisario del plan de pensión de DCC, Criscito controlaba las dos cuentas combinadas de ahorros de retiro de 17 doctores y miembros del personal que trabajaban allí. En Diciembre del 1999, un mes antes de que los fondos combinados fueran transferidos de las cuentas de grupo a cuentas individuales, Criscito fraudulentamente subestimó el valor de las cuentas del grupo en más de $12 millones en un reporte anual a APC, según los descubrimientos en la Civil Action. Los valores fraudulentamente subestimados fueron luego usados para crear las cuentas segregadas para miembros individualmente.

“Como resultado de Dr. Criscito no revelar el valor verdadero de la cuenta combinada de la pensión de DCC, los miembros del plan fueron robados de millones de dólares cuando los bienes fueron divididos,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Esta clase de conducta deshonesta y engañosa son una ofensiva violación de los estándares profesionales que requieren la revocación permanente de la licencia médica del Dr. Criscito.”

La District Court concluyó que la conducta de Criscito fue intencional y “no se puede razonablemente verse como como el resultado de un ‘mero accidente,’” anotando que el doctor tomó “pasos afirmativos” para esconder su incumplimiento de los deberes fiduciarios en relación al plan de la pensión, incluyendo dirigiendo a APC que mandara toda la documentación pertinente al plan a la dirección de su casa; pidiendo a APC que no hablara con nadie sino solamente con él acerca de las cuentas combinadas; y certificando que la información falsa que le dio a APC era verdadera firmando múltiples reportes federales inexactos.

En Enero del 2014, citando los descubrimientos de la District Court, el Estado puso una Administrative Complaint pidiendo la revocación de la licencia de practicar medicina de Criscito. La Complaint afirmó que las acciones de Criscito constituyeron el uso de deshonestidad, fraude, actos de vileza moral, y mala conducta profesional en violación de las leyes y regularizaciones pertinentes a la práctica de medicina en New Jersey.

En Agosto del 2014, el Estado buscó una Summary Decision de la Office of Administrative Law, la cual fue concedida en Diciembre del 2016. Dando la decisión sumaria, el Administrative Law Judge Jeffrey Gerson dijo “El hecho de que Criscito fraudulentamente reportó incorrectamente los balances de las cuentas combinadas en el 1999 por la cantidad asombrosa de más de $12,000,000 constituye deshonestidad, fraude, decepción, o tergiversación bajo la ley del estado. Además, tergiversando los balances de las cuentas por más de $12,000,000 es una conducta que puede rebajar los estándares de confianza en la profesión médica ante los ojos del público…”

Antes de la consideración de la Board de la decisión del ALJ Gerson, Criscito consintió a la revocación de su licencia. Bajo los términos de la Consent Order, se le pidió a Criscito que entregara su licencia médica lo cual se consideraría como una permanente revocación efectiva en July 1. Él también fue requerido que pagara al Estado $35,000 en pagos de abogados.

A pesar de consentir a la revocación permanente de su licencia, Criscito buscó el último minuto para parar la fecha de efectividad. Después de una aplicación sin éxito en la Chancery Division of Superior Court en Junio 30, una semejante aplicación para una apelación fue negada por la Appellate Division ese mismo día. Como resultado, la permanente revocación de la licencia de Criscito tomó efecto como fue programado. La apelación de Criscito permanece pendiente ante la Appellate Division.

El Deputy Attorney General David M. Puteska, Assistant Chief de la Professional Boards Prosecution Section en la Division of Law, representó al Estado en este asunto.

Shelia M. Mints, Esq. de Capehart Scatchard es la actual abogada de Criscito en el archivo en este asunto.

Pacientes que creen han sido tratados por un profesional de salud de una manera inapropiada pueden poner una queja en línea con la State Division of Consumer Affairs yendo al sitio web de ésta o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde New Jersey) o al 973-504- 6200.

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