NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer Affairs han puesto una queja alegando que un contratista haciendo negocios a lo largo del litoral de New Jersey usó prácticas engañosas para obtener más de $1.3 millones en fondos federales de ayuda de 23 dueños de casa que quisieron reconstruir, elevar o reparar sus casas después de la Superstorm Sandy.

La queja puesta en la Superior Court Chancery Division en Atlantic County, alega que Werks Intended LLC (haciendo negocios como McAllister Building Group), junto con los dueños de la compañía, Lawrence “Tre” McAllister, III y Monica McAllister (“Acusados”), violaron el New Jersey Consumer Fraud Act, el Contractors’ Registration Act, las Regulations Governing Contractor Registration, las Regulations Governing Home Elevation Contractors, las Regulations Governing Home Improvement Practices y las Regulations Governing General Advertising.

La queja alega que la compañía y sus dueños tomaron dinero de los consumidores para renovar, reconstruir y o elevar casas dañadas por Sandy y luego abandonaron los proyectos sin retornar por semanas, meses o no volvieron. La queja también alega que los acusados que tenían una oficina en Somers Point, repetidamente pusieron trabas a los consumidores e hicieron excusas concerniendo cuando el trabajo iba a comenzar, continuar o sería completado.

“Es un ultraje que contratistas sin conciencia y sin vergüenza han tomado ventaja de los residentes cuyas casas fueron dañadas por la Superstorm Sandy,” dijo el Attorney General Porrino. “Esta oficina continuará persiguiendo a aquellos cuyo comportamiento fraudulento ha victimizado a estas personas otra vez.”

“La División ha hecho una prioridad encontrar y confrontar a los contratistas que han cometido fraude y han hecho trabajo chapucero después de la Superstorm Sandy,” dijo Sharon M. Joyce, Directora Interina de la Division of Consumer Affairs. “Continuaremos pidiendo el retorno del dinero federal gastado así como la restitución para los consumidores en estos casos.”

Los consumidores identificaron en la Complaint que recibieron dinero del Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program y del Low-to-Moderate Income (LMI) Program, administrado por el New Jersey Department of Community Affairs, para pagar por el trabajo de construcción en las casas dañadas por Sandy. El RREM Program es la más grande iniciativa de reconstrucción del estado.

“Le damos las gracias a la Division of Consumer Affairs por diligentemente investigar los reclamos de fraude de los contratistas de Sandy y de tomar acción legal contra esos contratistas cuando es necesario. Este importante trabajo demuestra que el Estado está erradicando los contratistas engañosos y ayudando a los sobrevivientes de Sandy poner a sus proyectos en camino,” dijo el Department of Community Affairs Commissioner Charles A. Richman.

La Complaint alega que los acusados fueron pagados más de $1.6 millones en RREM y fondos de LMI para elevación de casas, demolición y proyectos de renovación. De los reclamos, 4 de los dueños de casas dijeron que los acusados tomaron dinero de depósito y no hicieron ningún trabajo. La Complaint dice que en varias ocasiones, la compañía hizo trabajo deficiente, no hizo los trabajos necesarios de corrección y causó daño a las casas y no corrigieron los errores o compensaron a los dueños de casa por el daño.

La Complaint, entre otras cosas, también alega:

• Los acusados no incluyeron en sus contratos las fechas de comienzo y término o proveyeron información que fue muy vaga y compleja para que los consumidores no pudieran determinar cunado el trabajo iba a empezar o a terminar.

• Los acusados les dijeron a los consumidores que la construcción estaba retrasada porque estaban esperando el apruebo de los permisos, pero cuando los consumidores chequearon con las oficinas de los permisos, estos descubrieron que las aplicaciones para los permisos no se habían remitido, o permisos se habían dado pero no se habían recogido.

• Un consumidor tuvo que ir a la corte a pagar una multa porque los acusados no habían mantenido los permisos para los basureros.

• Los acusados no pagaron a los sub contratistas y a otros comerciantes terceros, como las compañías de demolición, compañías de basureros y de arquitectos, cuando los consumidores ya le habían pagado por el trabajo de aplicación.

• Los acusados les pidieron a los consumidores por más dinero, diciendo que la compañía no tenía dinero para terminar los trabajos, y los amenazaron con dejar el trabajo si no se los daban. En algunos casos, los acusados dejaron de trabajar hasta que los consumidores les pagaron más dinero.

La División está pidiendo restitución por cualquier parte afectada por la conducta de los alegados acusados, el retorno de los fondos federales adquiridos por los acusados y multas civiles por las alegadas violaciones del Consumer Fraud Act. La División también está pidiendo que permanentemente los acusados estén prohibidos de hacer trabajo en New Jersey.

Los investigadores Joseph Iasso y Jared O’Cone de la Division’s Office of Consumer Protection condujeron las investigaciones.

La Deputy Attorney General Cathleen O’Donnell de la Consumer Fraud Prosecution Section dentro de la Division of Law, está representando al Estado en esta acción contra McAllister Building Group.

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