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Día 7 de Febrero del 2018

Oficina del Fiscal General
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Gurbir S. Grewal, Fiscal General
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El Fiscal General de Nueva Jersey Participa en la Coalición Multiestatal que se Opone al Recorte de los Subvenciones Federales para los Estados y Localidades por Asuntos relacionados a Inmigrantes
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TRENTON – El Fiscal General Gurbir S. Grewal se unió a una coalición multiestatal de Fiscales Generales en la presentación de un nuevo informe en calidad de amicus curiae en el que se objeta los intentos de la Administración Trump de sancionar a los estados y otras jurisdicciones con políticas justas e inclusivas, estableciendo condiciones relacionadas con temas migratorios sobre fondos de financiación de programas de justicia federal.

En el informe amicus curiae presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de Illinois en el caso de la Ciudad de Chicago contra Jefferson Sessions - Grewal y otros 15 Fiscales Generales sostienen que la administración Trump está interfiriendo con el derecho de los estados y otras localidades a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley, cuando busca trasladar las condiciones de la ley de inmigración al financiamiento federal del Programa Conmemorativo Edward Byrne de Apoyo a la Justicia (“Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant”).

Más aún, los Procuradores Generales afirman que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ, por su acrónimo en inglés) carece de autoridad suficiente para imponer tales condiciones.

“La Administración Trump está jugando a la política con la seguridad pública”, afirmó el Fiscal General Grewal. “La Administración habla de una caza mayor para reducir los delitos violentos, pero luego, menosprecia a las agencias encargadas en hacer cumplir la ley tanto estatales como locales, que son quienes mejor saben cómo proteger a nuestras comunidades”.

“Estamos seguros que las restricciones de los fondos que el Fiscal General (Jeff) Sessions desea imponer a los estados y las ciudades son ilegales”, dijo Grewal. “Pero lo que es peor, éstas son contraproducentes. Como ex fiscal del condado, tengo conocimiento de primera mano de que se puede luchar contra el crimen y al mismo tiempo tratar con respeto y dignidad a nuestras comunidades de inmigrantes”.

La coalición de estados afirma que la ley federal permite a los estados y las localidades limitar su participación voluntaria con la aplicación de la política de inmigración federal.

En julio, 2017, el Departamento de Justicia anunció que se estaba estableciendo nuevas condiciones de inmigración a los beneficiarios del Programa Conmemorativo Edward Byrne de Apoyo a la Justicia, y amenazó con retener los fondos de las subvenciones  de aquellas jurisdicciones que no cumplan con estas condiciones.

Específicamente, el Departamento de Justicia buscaría obligar a los estados y localidades informar al Departamento de Seguridad Nacional con aviso previo a la fecha programada de liberación de un inmigrante de una instalación correccional, para que los agentes federales puedan acceder a las instalaciones correccionales para interrogar a los inmigrantes e informar y certificar que tanto el estado como la localidad estuvieran cumpliendo con la nueva y amplia interpretación del Departamento de Justicia al Artículo 8 Sección 1373 del Código de los Estados Unidos (8 USC § 1373), la ley federal de intercambio de información.

En su informe amicus curiae, los Fiscales Generales afirman que las nuevas condiciones federales -incluida la condición que exige que los solicitantes certifiquen e informen sobre el cumplimiento de la interpretación del Departamento de Justicia de la ley de intercambio de información, violan el principio constitucional de separación de poderes porque intentan ordenar políticas estatales y locales de aplicación de la ley.

El programa Byrne Grant es un programa federal de subvenciones que proporciona financiamiento a estados y localidades de acuerdo con una fórmula estatutaria obligatoria. El Congreso diseñó el programa Byrne para otorgar a los estados y localidades una fuente confiable de fondos para las agencias judiciales encargadas del cumplimiento de la ley, mientras, al mismo tiempo, les brinda la máxima flexibilidad para decidir cómo usar los fondos conforme a la política judicial establecida en la ley estatal y local.

Desde 1968, Nueva Jersey y los demás estados participantes del informe amicus curiae han recibido subvenciones para agencias del orden público encargadas en hacer cumplir la ley bajo el programa Byrne (y otros programas de subvenciones anteriores) y han utilizado esos fondos para respaldar distintos programas de las agencias judiciales esenciales, adaptados a las necesidades locales, incluido el apoyo a la policía comunitaria y los esfuerzos para reducir la agresión sexual, el maltrato a personas mayores, la violencia con armas de fuego, la reincidencia y la adicción a las drogas.

En Nueva Jersey, el dinero del programa Byrne Grant se ha asignado a esfuerzos de seguridad pública tales como a grupos de trabajo multiagencias que trabajan sobre la actividad ilegal de pandillas, el tráfico de armas de fuego y el narcotráfico; capacitación para fiscales, iniciativas de intercambio de información sobre justicia penal y cámaras de video portátiles para las agencias.

En el año fiscal 2016, Nueva Jersey recibió aproximadamente $ 4.27 millones en financiación a través del programa Byrne Grant. De ese dinero, su mayor parte, aproximadamente $ 3.27 millones, fue destinado a transferencia tipo “pass-through” a las entidades locales encargadas de hacer cumplir la ley. Si bien los fondos del Byrne Grant del año fiscal 2017 están actualmente congelados debido al litigio pendiente, la asignación estatal propuesta del año fiscal 2017 para Nueva Jersey es de aproximadamente $ 4.05 millones.

En el caso Ciudad de Chicago contra Jefferson Sessions, Chicago objetó las nuevas condiciones relacionadas con la inmigración que el Departamento de Justicia pretende afectar las subvenciones emitidas bajo del programa Byrne.

En el otoño pasado, un juez del Tribunal de Distrito de EE.UU.  presentó una medida cautelar a nivel nacional contra la ejecución de las condiciones establecidas por el Departamento de Justicia, sosteniendo que el DOJ carecía de autoridad para imponerlas.

El Departamento de Justicia apeló ese fallo al Seventh Circuit. Aún, no se ha pronunciado al respecto de la apelación.

El informe amicus curiae está a cargo del el Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, y además del Fiscal General de Nueva Jersey Grewal, se incluyen los Fiscales Generales de California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregon, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.

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