TRENTON – El Fiscal General Gurbir S. Grewal, y la Oficina del Procurador de Fraude en Seguros, dieron a conocer, el día de hoy, que una mujer de Pensilvania ha sido acusada de hurtar cerca de $78,000 a un familiar suyo, de la tercera edad, quien sufre demencia senil y reside en un centro de atención de larga estancia en el Condado de Warren, Nueva Jersey.

Deanna Attinello, 23 años, de Easton, Pensilvania, fue acusada por el delito en segundo grado de malversación de propiedad a su cuidado y hurto por omisión al no disponer de la propiedad en la forma requerida, todo esto en relación con fondos presuntamente hurtados a su tía abuela de 86 años de edad, quien se encuentra bajo su tutoría legal. Los cargos hacen parte de una denuncia procesada por un Gran Jurado estatal en Trenton la semana anterior.

En enero de 2017, Attinello fue designada por el tribunal como tutora legal de su tía abuela, y se le otorgó acceso libre a los activos financieros de la mujer para el pago de servicios de atención en salud y otros gastos en un centro de atención de larga estancia en el Municipio de Warren.

Los fiscales afirman que tan solo días después de que Attinello fuera designada como tutora legal, comenzó a retirar grandes cantidades de efectivo de las cuentas bancarias de la mujer de la tercera edad, además de emitir cheques a su nombre, a nombre de su novio y de su padre. Según los fiscales, en un periodo de cuatro meses, Attinello habría extraído de la cuenta de su tía más de $77,000, dejándola con menos de $26,000.

“El abuso financiero de ancianos es un crimen despreciable, en muchas ocasiones cometido por familiares de las víctimas que esconden sus nefastas intensiones bajo la sombra de un supuesto compromiso familiar”, afirmó el Fiscal General Grewal. “Sostenemos que la acusada, sin vergüenza alguna, sacó provecho de su posición como tutora y persona de confianza de su tía, a quien saqueó su cuenta bancaria para su uso personal”.

Las denuncias fueron presentadas por la Unidad de Control de Fraudes de Medicaid de la Oficina del Procurador de Fraude en Seguros (OIFP por sus siglas en inglés), la cual recibe fondos federales para investigar y procesar fraudes en proveedores de Medicaid, así como abusos y negligencia que afecten a pacientes de Medicaid o pacientes que residen en centros de atención que reciben financiamiento de Medicaid.
“Las presuntas acciones de la acusada no fueron solo delictivas sino increíblemente crueles, ya que los fondos que hurtó estaban destinados al pago de los cuidados que requería la anciana ya que ella sufre los estragos de la demencia senil”, mencionó el Procurador Encargado de Fraude en Seguros Christopher Iu. “Seguiremos protegiendo a los ciudadanos más vulnerables de Nueva Jersey por medio de investigaciones que permitan levantar cargos contra las personas que cometen delitos contra ellos en escenarios institucionales”.

De acuerdo con las acusaciones, Attinello fue designada como tutora legal de su tía abuela cuatro meses después de que esta fuera diagnosticada con demencia senil y le admitieran en un centro residencial de atención de larga estancia.

Poco después, Attinello habría cambiado una cuenta del PNC Bank que pertenecía a su tía abuela a una cuenta custodia a nombre de las dos.

Otras cinco cuentas que contenían los activos de la anciana habrían sido liquidadas y sus bienes depositados en la cuenta custodia del PNC, con esto el saldo total de esa cuenta habría ascendido a aproximadamente $229,000.

Los fiscales aseguran que hubo transacciones por un monto superior a $125,000 a nombre de la mujer de la tercera edad para cubrir los costos de su centro residencial así como otros costos de salud, honorarios legales, impuestos y reparaciones de propiedades. Sin embargo, Attinello habría retirado efectivo y cobrado cheques por más de $77,000, suma que no fue utilizada en beneficio de su tía abuela. Según los fiscales, Attinello conservó para sí misma la mayoría del dinero hurtado y también distribuyó pequeños montos a su novio y a su padre.

Los delitos en segundo grado conllevan una sentencia de cinco a diez años en prisión estatal y una multa de hasta $15,000. La denuncia es solamente una acusación, y la acusada se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La Fiscal General Interina Gina M. Galante fue quien llevó el caso ante el gran jurado.

La investigación fue coordinada por la Detective Celeste Dowd.

El Procurador Encargado de Fraude en Seguros Iu agradeció a la Defensoría de Pacientes Internados de Nueva Jersey por derivar el caso a la Unidad de Control de Fraudes de Medicaid, que hace parte de la Oficina del Procurador de Fraude en Seguros.

El Procurador Encargado de Fraude en Seguros Iu señaló que algunos casos importantes han surgido a partir de denuncias anónimas. Aquellos que tengan inquietudes acerca de estafas en seguros y cuenten con información sobre un fraude, pueden informarlo de forma anónima llamando a la línea gratuita 1-877-55-FRAUD, o en el sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las leyes estatales permiten el pago de recompensas a quienes ofrezcan información veraz que conduzca al arresto, enjuiciamiento y condena del fraude en seguros.

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