TRENTON – El Fiscal General, Gurbir S. Grewal se ha unido a una coalición de fiscales generales estatales para urgir al Congreso a aprobar una legislación para proteger a ciudadanos extranjeros que enfrentan una posible deportación, debido a que el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. rescindió sus designaciones federales de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Aproximadamente 10.000 ciudadanos extranjeros de Haití y El Salvador viven y trabajan en Nueva Jersey bajo la protección de las designaciones TPS otorgadas hace años, luego de que ambos países sufrieran catástrofes naturales. Su remoción de los EE.UU., y de la fuerza laboral regional, podría resultar en la pérdida de cientos de millones de dólares de la economía estatal. También hay miles de niños nacidos en los EE.UU. que viven en Nueva Jersey, cuyos padres, de Haití y El Salvador, son titulares del TPS.
De acuerdo a la ley federal, el TPS otorga el estatus de protección temporal a ciudadanos extranjeros que se encuentran en los EE.UU. provenientes de países que experimentan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.
Aquí, la Secretaria de Seguridad Nacional no determinó que permitir a los titulares del TPS, provenientes de Haití y El Salvador, permanecer temporalmente en los EE.UU., estuviese en contra de los intereses de los EE.UU. Por el contrario, ella determinó que las condiciones de Haití y El Salvador ya no respaldan sus designaciones de TPS. Pero como lo explica la carta multiestatal dirigida al Congreso, a la que se sumó el Fiscal General Grewal, tanto Haití como El Salvador siguen siendo “demasiado peligrosos para permitir el regreso de sus nacionales”.
“Los beneficiarios del TPS son propietarios de viviendas y de negocios y se han convertido en valiosos trabajadores asalariados e integrantes de la comunidades en las que viven en Nueva Jersey”, dijo el Fiscal General Grewal. “Si no se toma ninguna medida, miles de nuestros vecinos enfrentarán un retorno a condiciones inseguras en los países de los que huyeron y, además, afrontarán un daño potencial a sus familias por la distancia, separación y desarraigo. Esto perjudicará a nuestras comunidades y el Congreso tiene el poder de detenerlo”.
Haití fue designado para el TPS hace ocho años luego de un terremoto de magnitud 7,0 que ocurrió el 12 de enero de 2010. La designación ha sido renovada repetidamente por Seguridad Nacional con base en factores subsiguientes tales como epidemias de cólera, múltiples huracanes y escasez de alimentos.
La designación de TPS actual de El Salvador inició el 9 de marzo de 2001 luego de una serie de terremotos. Seguridad Nacional ha renovado la designación 13 veces basándose en huracanes adicionales, inundaciones y escasez de alimentos, así como también en la inestabilidad política y en los problemas de seguridad pública y económicos.
La Administración Trump anunció la finalización de las designaciones TPS para los nacionales haitianos a finales de 2017 y agregó a los nacionales de El Salvador en enero de 2018.
La carta multiestatal urge al Congreso a utilizar su autoridad para “proporcionar un estatus legal temporal o permanente” a los beneficiarios del TPS que pronto perderán su protección contra la remoción.
La carta concluye: “A menos que el Congreso actúe para proteger a estos individuos, las familias serán desmembradas, nuestras comunidades serán perjudicadas y cientos de miles de residentes de larga data tendrán que retornar a países que aún no están preparados para recibirlos, o intentarán permanecer ilegalmente en este país”.
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