TRENTON -- El fiscal general Gurbir S. Grewal y la Oficina del Procurador de Fraude en Seguros (OIFP, siglas en inglés) anunciaron que se sentenció hoy a un quiropráctico del norte de Nueva Jersey a siete años de prisión por su papel en una red de fraude médico que estafó a numerosas compañías de seguros por casi $4 millones.

Philip Potacco, de 65 años de edad y residente de Kinnelon, también debe pagar $3.5 millones como indemnización a varias compañías de seguros, en virtud de la sentencia emitida por el juez Thomas J Critchley, en el Tribunal Superior del condado de Morris.

Potacco se declaró culpable en noviembre a cargos en el segundo grado de lavado de dinero y falta en el desempeño de funciones oficiales, y a un cargo en el tercer grado de practicar quiropraxia sin licencia, en relación con una empresa delictiva centrada en su consultorio, South Orange Trauma and Rehab Center ("SOTC", siglas en inglés) de 2010 a 2015.

Potacco, cuya licencia de quiropraxia fue revocada en 2002, admitió que contrató a un quiropráctico con licencia para que actuara como propietario testaferro de SOTC mientras Potacco la dirigía en secreto. Una investigación de OIFP reveló que Potacco utilizó a "gestionadores" ilegales que reclutaban, a favor del consultorio, a pacientes involucrados en accidentes, incluyendo aquellos que simularon los choques. La investigación reveló que, acto seguido, Potacco presentaba reclamaciones de seguros a favor de dichos pacientes de forma fraudulenta, utilizando la información de facturación del quiropráctico con licencia que había contratado.

"Los pacientes deben tener la capacidad de confiar en sus médicos y la información que los mismos les proveen", dijo el fiscal general Grewal. "Pero cuando un doctor miente sobre el estado de sus credenciales médicas, así como la titularidad de su consultorio quiropráctico y los detalles de sus reclamaciones de seguros, está traicionando dicha confianza. La condena prolongada de prisión que este acusado recibió subraya nuestro compromiso de erradicar este tipo de conducta criminal de la industria del cuidado de la salud de Nueva Jersey".

 Durante un período de cinco años, Potacco canalizó una cantidad de aproximadamente $3,991,812 relativa a dinero por reclamaciones a la cuenta de SOTC. Luego, lavó la parte más sustancial de ese dinero por medio de una compañía ficticia llamada Medical Consulting Group, LLC ("MCG"). Una vez transferido el dinero en la cuenta de MCG, Potacco utilizó la cuenta para fines personales, retiró miles de dólares en efectivo, y giró cheques de depósito bajo su propio nombre y el de su esposa.

La investigación reveló además que Potacco cobró dinero por referir a pacientes de SOTC a un abogado de lesiones personales de South Orange, quien, según la investigación, tramitó las reclamaciones de seguros a nombre de ellos. Potacco, quien operaba bajo el nombre del propietario testaferro de SOTC, proporcionó informes médicos falsificados como respaldo de dichas reclamaciones.

"Por años, Phillip Potacco mintió, engañó y quebrantó la ley para obtener lo que quería, pero la justicia le pasó factura el día de hoy", dijo Tracy M. Thompson, procuradora adjunta de fraude en seguros. "Aprendió a las malas que el fraude en seguros no es una forma viable de ganar dinero fácil, sino que es una forma viable de ir a la prisión".

Otros cinco acusados, entre los que se incluye un abogado y un quiropráctico, se declararon culpables anteriormente en relación a la empresa criminal.

John Langeraap, residente de Sparta, fue el quiropráctico quien actuó como testaferro de SOTC y se declaró culpable de conspiración en el segundo grado para cometer fraude de seguros; Langeraap se encuentra en espera de que se le dicte una sentencia.

El abogado que pagó por los referidos de SOTC, Mark Gertner, residente de Montclair, se declaró culpable de gestión fraudulenta delictiva en el tercer grado, y está en espera de que se le dicte una sentencia.

Otros acusados en el caso que se declararon culpables de gestión fraudulenta en el tercer grado son Anulet Josaphat, residente de Union, y Wilguere Rezan, residente de Irvington, quienes se les dictó una sentencia a régimen probatorio. Andre J. Richemond, residente de East Orange, se declaró culpable de obstruir la administración de justicia, el cual es un delito de alteración del orden público, por el papel que jugó en el esquema delictivo, y se le dictó una sentencia a régimen probatorio.

Existen cargos pendientes contra un sexto acusado, Jude M. DiManche, residente de East Orange, a quien se le acusó de dos cargos de gestión fraudulenta en el tercer grado.

Se sentenció a Potacco en 2006 a que se sometiera a un régimen probatorio por tres años, y que pagara más de $48,000 como indemnización luego de haberse declarado culpable de apropiación indebida. Al declararse culpable, Potacco admitió que continuó atendiendo a pacientes luego de que la Junta estatal de Examinadores de Quiropraxia revocaron su licencia por conducta inapropiada en 2002. Admitió, asimismo, que facturó por casi $100,000 a compañías de seguros por los servicios y tratamientos médicos que proporcionó a sus pacientes mientras su licencia estaba en estado de revocación.

El fiscal general adjunto Colin J. Keiffer representó a la parte acusatoria durante el procedimiento de sentencia. Los detectives Wendy Berg y Grace Rocca coordinaron la investigación, y fueron asistidas por las analistas Kelly Celenza y Terri Drumm.

La procuradora interina Thompson señaló que algunos casos importantes han comenzado gracias a avisos anónimos. Las personas a quienes les preocupa el engaño relacionado con seguros y que cuenten con información sobre un fraude pueden denunciarlo anónimamente llamando a la línea telefónica gratuita, 1-877-55-FRAUD, o visitando el sitio Web, www.njinsurancefraud.org. Los reglamentos estatales permiten que se otorgue una recompensa a toda persona elegible que provea información, la cual culmine en un arresto, procesamiento judicial y condena debido a fraude en seguros.

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