TRENTON -- Con el objetivo de proteger a los trabajadores de Nueva Jersey y preservar la habilidad del estado para buscar justicia a favor suyo, el fiscal general Gurbir S. Grewal se sumó hoy a una coalición multiestatal de fiscales generales que se oponen a la determinación independiente de auditoría de nómina (PAID, por sus siglas en inglés), un nuevo programa del gobierno federal. Según lo explican los estados en su carta, el programa PAID es, "aparentemente, un programa de amnistía que permite que los empleadores infractores de leyes laborales eviten un enjuiciamiento y multas a cambio de que sencillamente paguen a sus empleados los salarios atrasados que ya les adeudan".
En una carta dirigida al secretario de trabajo de EE.UU., R. Alexander Acosta, tanto el fiscal general Grewal como los firmantes de la carta manifestaron "inquietudes graves" sobre la posible salida que el programa PAID le puede brindar a aquellos empleadores que se dediquen ilícitamente a infringir leyes de salarios y sueldos por hora. Como lo indica la carta, una inquietud particular es que PAID puede requerir que aquellos trabajadores que reciben salarios atrasados renuncien a sus derechos a interponer cualquier recurso judicial disponible bajo leyes laborales a nivel estatal y local.
Asimismo, PAID exime a los empleadores de la obligación de pagar una indemnización fijada, así como intereses o multas a los empleados perjudicados, por lo que los estados insisten que esta medida es "del todo alarmante".
"Es muy sencillo: si los empleadores deben salarios atrasados, deberían pagarlos", indicó el fiscal general Grewal. "Y no se debería exigir que los trabajadores renuncien a sus derechos con el fin de conseguir algo que por ley se les debe. Desafortunadamente, esto es precisamente lo que exigiría esta propuesta federal. Al parecer, muchas porciones de esta propuesta permiten que empleadores sin escrúpulos salgan de aprietos por medio de eludir multas monetarias y evitar un enjuiciamiento, a la vez que ofrecen muy pocas prevenciones contra futuras instancias de conducta indebida. En Nueva Jersey, vamos a responsabilizar a las compañías cuando engañan a sus trabajadores en cuanto al salario que ganaron con el sudor de la frente".
El comisionado de trabajo Robert Asaro-Angelo manifestó su preocupación por los trabajadores afectados.
"Como comisionado, una de mis prioridades es garantizar que todo empleado reciba un salario diario justo por cada día de trabajo", dijo Asaro-Angelo. "Mi departamento está comprometido a responsabilizar a los empleadores cuando no cumplen con las obligaciones para con sus empleados".
El programa piloto PAID, anunciado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, presuntamente crea una oportunidad para que los empleadores resuelvan "sin demora y sin litigios" las reclamaciones de infracciones salariales de sus empleados.
Se anima a que los empleadores realicen auditorías y, de hallarse infracciones relacionadas con salario mínimo o sueldo por horas extra, a que presenten un autoinforme de dichas infracciones. Se supone, entonces, que el empleador trabajaría "de buena fe" con la Sección de Horas y Sueldos del Departamento de Trabajo para corregir los errores salariales de empleador y pagar todo salario atrasado adeudado.
No obstante, la coalición de fiscales generales plantearon dudas sobre la imparcialidad de PAID en su estado actual de planificación.
Aparentemente, no hay nada en las reglas que impida la participación en PAID por empleadores bajo investigación, ya sea por fiscales generales estatales o por autoridades de cumplimiento de leyes laborales, y existe ambigüedad en cuanto a si los empleadores también pueden tratar de resolver quejas sobre salarios que hayan sido presentadas bajo leyes laborales estatales.
Tal y como los fiscales generales afirman, en vista de la multitud de preguntas sobre PAID y una falta generalizada de claridad sobre dicho programa, tanto Nueva Jersey como los otros estados seguirán adelante con procesamientos jurídicos de infracciones laborales "en la mayor medida posible, según nuestra autoridad tanto civil como penal", sin importar que los empleadores participen o o no en PAID.
"No se debería exigir que ningún trabajador renuncie a medidas de protección contra el hurto de sueldo a fin de obtener las reparaciones parciales que su programa ofrece", mencionó la carta al secretario Acosta, "y nuestra intención es ir en pos de toda opción disponible para garantizar que se protejan, al mayor grado posible, el derecho laboral a un pago justo y a horas extra".
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