TRENTON -- Con el objetivo de proteger a decenas de miles de "Dreamers" en Nueva Jersey contra una posible deportación, el fiscal general Gurbir S. Grewal interpuso hoy un informe de causa de carácter amicus curiae ("amigo de la corte") ante el tribunal federal para desafiar la anulación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés) por el gobierno de Trump.

"Los beneficiarios de DACA forman parte de la estructura de nuestro estado. Son trabajadores asalariados y contribuyentes que tienen carreras, viviendas y automóviles propios, así como hijos, hermanos y cónyuges que son ciudadanos estadounidenses", dijo el fiscal general Grewal. "Aunque Nueva Jersey y otros estados pueden señalar una multitud de maneras en las cuales la expulsión de beneficiarios de DACA causará un daño significativo, el gobierno federal aún no ha citado ninguna justificación válida para actuar de tal manera, y esto se debe a que tal justificación no existe. Luchar contra esta acción injusta e innecesaria es algo que nos debemos a nosotros mismos, y me complace hacerlo como fiscal general de este estado".

El informe de causa amicus, al describir el impacto del programa DACA como "transformador de vidas" para muchos inmigrantes de Nueva Jersey, indica que los beneficiarios de DACA son "miembros plenos de la comunidad de Nueva Jersey -- son nuestros vecinos y amigos, maestros y estudiantes, hermanos, hermanas y colegas". DACA ha permitido que todas estas personas "salgan de la oscuridad y vivan vidas plenas y productivas como miembros de la sociedad".

El resumen amicus argumenta que la decisión de rescindir DACA afectaría permanente e irreversiblemente al estado de Nueva Jersey. Privaría a las academias y universidades estatales públicas de la increíble diversidad que aportan los estudiantes de DACA a sus recintos, de cientos de miles de dólares en pérdidas de ingresos por concepto de matrículas, así como de muchos empleados valiosos en quienes las entidades escolares han gastado dinero para su contratación, capacitación y retención.

La rescición de DACA también afectaría gravemente a la tesorería de Nueva Jersey, ya que los residentes que califican para DACA obtuvieron ingresos en Nueva Jersey estimados en unos $811.9 millones en 2015, y se estima que en 2016 pagaron unos $66 millones en impuestos a nivel estatal y local. Se estima que 53,000 individuos elegibles para DACA viven en Nueva Jersey.

Asimismo, la expulsión de todos los trabajadores bajo DACA de la economía estatal le costaría aproximadamente unos $1.587 mil millones a Nueva Jersey por concepto de pérdidas anuales de PIB.

La rescición de DACA también pondría en peligro la salud pública y perjudicaría la capacidad del estado a la hora de aplicar sus leyes penales contra las personas que se aprovechan de los inmigrantes. Un cuarenta y ocho por ciento de beneficiarios de DACA a quienes se encuestó informaron que, de rescindirse el programa DACA, es menos probable que buscarian tratamiento en un hospital, incluso si se lesionaran. Y un 53 por ciento de beneficiarios de DACA informaron que, de suspenderse el programa DACA, es menos probable que reportarían un delito a la policía en caso de ser testigos del hecho.

El resumen amicus que el fiscal general Grewal tramitó respalda una impugnación jurídica multiestatal a la eliminación de DACA, encabezada por Nueva York e incluyendo a otros 15 estados, así como al Distrito de Columbia.

En febrero, se le concedió una medida precautoria al grupo multiestatal en la que se bloqueaba la rescisión de DACA, y el gobierno federal apela dicha medida en la actualidad. Se argumentará la apelación ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito, en donde se tramitó hoy el informe de causa amicus de Nueva Jersey.

Según el informe, una encuesta de más de 3,000 beneficiarios de DACA en todo el país reveló que el "Dreamer" promedio fue traído a los Estados Unidos a los 6 años de edad, ha vivido en este país por casi 19 años, y en la actualidad tiene 25 años de edad. Un setenta y tres por ciento de los beneficiarios de DACA viven con un cónyuge, o hijo o hermano que es ciudadano/a estadounidense, y un 91 por ciento cuentan actualmente con empleo.

El resumen amicus fue redactado por Rachel Wainer Apter, fiscal general asistente quien se desempeña como asesora legal del fiscal general.

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