TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal y la División de Derechos Civiles anunciaron hoy que Trane U.S., Inc., acordó pagar $45,000 a un ex empleado a fin de resolver alegaciones de que incumplió con la Ley contra la Discriminación de Nueva Jersey (LAD, siglas en inglés) al haberlo despedido, luego de que éste quedó sin aliento y pidió permiso para ir a su hogar y conseguir su inhalador de asma.

Además de pagar una compensación monetaria acordada al ex ensamblador J.D., residente de Trenton - no se divulga el nombre del trabajador despedido para proteger su privacidad médica – Trane debe presentar a la División una comprobación de monitoreo del trato dado a sus empleados y solicitantes de trabajo con incapacidades, y también debe crear reformas de política y capacitación.

"Tenemos el compromiso de proteger a los trabajadores que cuentan con incapacidades, ya sean de naturaleza física o mental", dijo el fiscal general Grewal. "Este acuerdo de compensación es importante, no solamente porque brinda justicia a la víctima a nivel individual, sino porque requiere que este empleador modifique sus políticas, capacite a sus gerentes sobre lo que constituye una discriminación ilícita así como formas de evitarla, e implemente nuevas medidas que garanticen el trato justo a sus empleados".

Trane, una filial de Ingersoll Rand, opera una planta de fabricación en Trenton que fabrica equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Cuando la compañía contrató a J.D. bajo una tarifa de $12 por hora, estaba al tanto de su necesidad de utilizar un inhalador para el asma. No obstante, Trane despidió a J.D. cuatro meses después de iniciar su empleo luego de un incidente en el que el empleado se quedó sin aliento, avanzó lentamente en sus labores en la línea de ensamblaje, e indicó que necesitaba usar su inhalador que había dejado en su hogar en Trenton.

Una investigación realizada por la División halló que, durante el incidente en febrero de 2016, un supervisor criticó a J.D. por atrasarse, y J.D. le indicó a éste que necesitaba ir a casa para conseguir su inhalador. En aquel momento, a J.D., quien vivía a menos de tres millas de la planta de Trane, se le dijo que recogiera su mochila y su almuerzo; un supervisor lo escoltó fuera del área de trabajo, y luego se le dejó en frente de la puerta de salida para empleados sin recibir ninguna explicación.

Finalmente, J.D. se marchó de la planta luego de que otro supervisor y los guardias de seguridad en la planta de Trane le aconsejarán hacerlo. J.D. se enteró de su despido la semana siguiente, luego de presentarse para trabajar y hallar que se había desactivado su tarjeta de acceso.

Una investigación por la División halló que, a pesar de las negativas por parte de un oficial de recursos humanos de Trane de que conocía el estado de asma de J.D. y de que utilizaba un inhalador, se había registrado la condición del trabajador en su examen físico previo al inicio de su empleo. Una enfermera en la planta también le indicó a un investigador de la División que el expediente de J.D. indicaba que él padeció de un episodio de asma el 23 de febrero de 2016 – tres días antes del incidente que precipitó su despido.

En la orden de determinación de motivo de procesamiento que se expidió a inicios de este año, Craig T. Sashihara, director de la División, rechazó la afirmación por Trane de que no hubo discriminación, sino que se le despidió por marcharse del trabajo. Sashihara halló que "el peso de las evidencias favorece la versión de los eventos narrada por el denunciante".

Además del pago de $45,000 - el cual representa el salario equivalente a dos años de trabajo, aproximadamente, en base al sueldo por hora que J.D. recibía al momento de ser despedido - Trane debe modificar sus políticas impresas sobre discriminación en casos de incapacidad. En particular, la política modificada debe aclarar que los trabajadores con incapacidades tienen el derecho a acomodaciones razonables; debe proveer instrucciones específicas sobre la manera en que sus empleados pueden procesar una solicitud de acomodación, y debe proveer información detallada sobre la manera en que los empleados pueden interponer una denuncia de derechos civiles ante el estado.

En cuanto a capacitación, la compañía debe proveer a la División una copia de todo material de entrenamiento que vaya a usar. Asimismo, Trane debe permitir que dos representantes de la División estén presentes durante las sesiones de capacitación. Como parte del acuerdo de compensación, Trane también debe crear un sistema de registro de datos en el que ennumere las solicitudes de acomodación debido a una condición médica, así como cualquier denuncia presentada por un trabajador o solicitante en la que se alegue discriminación por causa de incapacidad, así como el resultado de dicha denuncia. Se debe presentar a la División un resumen de la información requerida cada seis meses, aplicable al año siguiente.

Beverley Lapsley, fiscal general adjunta, y Kimberly Arroyo y Elise Olgin, investigadoras de la División, gestionaron el asunto de Trane en nombre de la parte acusadora. 

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