NEWARK – El fiscal general Gurbir S. Grewal y la División de Asuntos del Consumidor anunciaron hoy un acuerdo de compensación por unos $296,000 con dos residentes del condado de Monmouth y sus compañías, a fin de resolver alegaciones de estafa a personas de la tercera edad por medio de venderles sistemas de respuesta en caso de emergencias a través de tácticas de ventas de telemercadeo altamente agresivas y engañosas. 

Este acuerdo de compensación requiere la disolución de las compañías e impide permanentemente que los dueños vendan dichos sistemas en Nueva Jersey.
Según una querella civil interpuesta por la parte acusatoria en 2016, Ezra Rishty, residente de Oakhurst, y Lary J. Ansell, residente de Tinton Falls, así como sus negocios Life Aid Connect, Inc., Safety Alert USA Limited Liability Company (conocida también como Med Aid Alert), y Mobile Alert, Inc. ("los demandados") centraron sus esfuerzos en personas ancianas por medio de un bombardeo a nivel de telemercadeo en el que empleaban tácticas engañosas y agresivas, a fin de presionarlos a comprar sistemas de alerta en caso de emergencias que, en ciertas instancias, nunca entregaron, o que a menudo no funcionaban adecuadamente, o en otros casos, no podían activarse en los lugares donde vivían los clientes.

Bajo un fallo permanente de consentimiento que resuelve la demanda entablada por la parte acusatoria, los demandados acordaron en que se les impedirá permanentemente anunciar y vender en el estado sistemas de alerta en caso de emergencia. También se le impide permanentemente a Rishty operar cualquier negocio en el estado, o ser dueño del mismo, que utilice telemercadeo para anunciar o vender mercancía. Rishty y Ansell deben disolver las tres empresas que anunciaban y vendían los sistemas de alerta en caso de emergencia, y destruir toda información personal y de salud que obtuvieron de parte de sus clientes en conexión con las empresas.

"El uso de prácticas engañosas de telemercadeo a fin de explotar a personas vulnerables de la tercera edad no es solamente cruel, sino que también es ilegal", dijo el fiscal general Grewal. "Este acuerdo de compensación envía un mensaje claro: vamos a hacer cumplir firmemente nuestras leyes de protección al consumidor, y procesaremos jurídicamente a aquellos que las infrinjan, en particular aquellos que se aprovechan de personas ancianas".

"Tomamos con seriedad la responsabilidad de proteger a los consumidores de aquellos vendedores telefónicos en Nueva Jersey que quieren defraudarlos", dijo Kevin R. Jespersen, director interino de la División de Asuntos del Consumidor. "No se permitirá que ningún estafador o defraudador intimide a nuestros consumidores para que compren bienes o servicios que no quieren ni necesitan, o que no funcionan tal como se prometió". 

Los demandados manifestaron que los sistemas de alerta en caso de emergencias que vendieron permitían que los usuarios pidieran ayuda médica por medio de sistemas domésticos o de posicionamiento de satélite.  El precio de estos sistemas oscilaba entre $159 a $299, y requería un pago mensual entre $34.95 y $39.95 por concepto de tarifas de monitoreo.

Según la querella entablada por la parte acusatoria en el Tribunal Superior del condado de Monmouth, los demandados infringieron la Ley de Fraude al Consumidor de Nueva Jersey ("CFA", siglas en inglés), los Reglamentos de Publicidad, así como la Ley para Vendedores Telefónicos sobre "No Llamar" y otros reglamentos asociados, de la siguiente manera: 

• Operaron como vendedores telefónicos en Nueva Jersey sin haberse registrado ante la División.
• Llevaron a cabo llamadas telefónicas de telemercadeo a cientos de consumidores que se encontraban en el registro federal de "No Llamar".
• Llevaron a cabo llamadas telefónicas de telemercadeo a consumidores, incluso después de que dichos consumidores pidieron que los demandados borraran sus nombres de su listado de llamadas.
• Realizaron reclamaciones infundadas de que los consumidores necesitaban los sistemas debido a sus "graves problemas médicos".
• Vendieron sistemas rehabilitados que representaron erroneamente como "nuevos, a un 100 por ciento".
• Vendieron sistemas a consumidores que vivían fuera del área de servicio de posicionamiento satelital de los demandados, y como resultado, no les resultó posible utilizar los sistemas.
• Aceptaron pagos por consumidores y luego incumplieron a la hora de proveerles los sistemas por los que pagaron.
• Renovaron los contratos con los consumidores de los sistemas, de forma automática, y contrario a la declaración de los demandados de que no existían "ningunos contratos a largo plazo".
• Realizaron cargos a las cuentas de tarjetas de crédito de los consumidores quienes, luego de proveerles su información de tarjeta de crédito, rehusaron comprar los sistemas.
• Manifestaron que los consumidores que compraron los sistemas recibirían una protección "en cualquier lugar de EE.UU., las 24 horas del día, los 7 días de la semana", siendo que ese no era el caso.
• Manifestaron que el sistema "se conecta con nuestro centro de monitoreo en cuestión de segundos", siendo que ese no era el caso.
• Incumplieron a la hora de reembolsar a los consumidores que compraron sistemas que no funcionaban adecuadamente, o que no funcionaban en lo absoluto.

Según el fallo permanente de consentimiento emitido por un juez del Tribunal Superior del condado de Monmouth, los demandados acordaron en un acuerdo de compensación por una cantidad de $295,545, en el que se incluyen unos $206,000 en multas civiles, unos $8,669 en indemnización a consumidores, $57,980 en indemnización por concepto de honorarios de abogados de la División, y unos $22,783 en indemnización por concepto de costos investigativos de la División. 

Laurie Goodman, investigadora principal del Despacho de Protección al Consumidor de la División, llevó a cabo la investigación.

El fiscal general adjunto Jeffrey Koziar, de la Sección de Procesamiento Judicial relativo a Fraude al Consumidor en la División de Leyes representó a la parte acusadora en este asunto.

Todo consumidor que considere haber sido engañado o estafado por un negocio, o que sospeche cualquier otra forma de abuso al consumidor, puede tramitar una demanda en línea con la División estatal de Asuntos del Consumidor, al visitar su sitio web o al llamar al 1-800-242-5846 (llamada gratuita en Nueva Jersey), o al 973-504-6200.

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