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Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 27 de abril del 2018

Oficina del Fiscal General
-
Gurbir S. Grewal, Fiscal General
División de Justicia Criminal 
- Elie Honig, Director
Prensa:
Peter Aseltine
609-292-4791
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Ciudadanos:

609-984-5828
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La Oficina del Fiscal General Formuló Cargos Contra Otros Tres Individuos por Presentar Solicitudes Falsas de Fondos de Ayuda Relacionados con la Supertormenta Sandy
Oficina del Fiscal General formuló cargos contra 112 acusados en un histórico programa anti fraude, con la asistencia de socios estatales y federales
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TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal anunció hoy que tanto la Oficina del Fiscal General como sus socios a nivel estatal y federal formularon cargos contra tres acusados nuevos por haber presentado solicitudes fraudulentas de fondos de ayuda relacionados con la supertormenta Sandy; de esta manera, la cantidad total de acusados contra quienes esta oficina ha formulado cargos en estos casos desde marzo de 2014 suman unas 112 personas.

"Todo fraude cometido contra programas de ayuda pública es deplorable, pero estos hurtos fueron particularmente indignantes porque desviaron fondos destinados para las victimas que, debido a una de las tormentas más devastadoras en la historia de Nueva Jersey, quedaron sin hogar", dijo el fiscal general Grewal. "Hemos recuperado más de $2 millones a través de estos procesamientos jurídicos, y también hemos enviado un mensaje de peso que debería disuadir a otros de cometer esta clase de fraude durante esfuerzos futuros de ayuda para desastres".

Las 112 personas acusadas por la Oficina del Fiscal General fueron supuestamente responsables de desviar casi $7 millones en fondos de ayuda. La oficina continúa sus esfuerzos enérgicos a la hora de investigar fraudes cometidos en los programas de ayuda relacionados con Sandy, trabajando conjuntamente con el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA), y las Oficinas del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD), de la Administración de Negocios Pequeños de EE.UU. (SBA), y del Departamento de Salud Pública y Bienestar Social de EE.UU. (HHS). De igual manera, los siguientes organismos apoyan al equipo operativo: la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, la Oficina del Contralor Estatal de Nueva Jersey, el Despacho de Investigaciones Criminales del Departamento del Tesoro de Nueva Jersey, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., y el National Insurance Crime Bureau (NICB), una organización sin fines de lucros.

Se alega que los acusados, en la mayoría de los casos, presentaron solicitudes fraudulentas de fondos de ayuda que ofrecía la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés). En muchos casos, también presentaron solicitudes de fondos relacionados con un programa de ayuda para los afectados por Sandy, el cual era financiado por HUD, o para obtener préstamos a bajo interés de parte de SBA para casos de desastres, o fondos de parte de HHS. En Nueva Jersey, los fondos de HUD son administrados por el Departamento estatal de Asuntos Comunitarios, y el Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey administra los fondos de HHS.

Se formularon cargos ayer por medio de un documento acusatorio-citación a los siguientes tres acusados:

  • Diane DiCosmo, de 74 años de edad y residente de Fair Lawn, N.J., presuntamente presentó solicitudes fraudulentas luego de la supertormenta Sandy para recibir ayuda de FEMA y subsidios estatales bajo el programa de reubicación para propietarios de vivienda (Homeowner Resettlement Program, RSP, siglas en inglés) y el programa de reconstrucción, rehabilitación, elevación y atenuación (Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation, RREM, siglas en inglés). Como resultado, se alega que DiCosmo recibió un total de aproximádamente $177,439 en fondos de ayuda a los cuales ella no tenía derecho. Se alega que DiCosmo reclamó falsamente en sus solicitudes que un hogar de propiedad suya en Melody Lane, en Lavallette, N.J., el cual sufrió daños causados por la supertormenta Sandy, era su residencia principal cuando sucedió el impacto de Sandy. Se alega, de hecho, que su residencia principal en el momento de la tormenta se encontraba en Fair Lawn, y que el hogar en Lavallette era un hogar de residencia estacional y de fines de semana. Como resultado de las solicitudes fraudulentas, DiCosmo recibió aproximadamente $6,515 de parte de FEMA, $160,924 en fondos subsidiados de RREM, y un subsidio de RSP por $10,000. Se acusó a DiCosmo de apropiación indebida, un cargo en el segundo grado.
  • Barry Benevento, de 72 años de edad, y su esposa, Karen Benevento, de 70 años de edad y residentes de Matawan, N.J., supuestamente presentaron solicitudes fraudulentas luego de la supertormenta Sandy para obtener un préstamo de SBA a bajo interés con fines de ayuda en caso de desastres, así como subsidios estatales bajo el programa de reubicación para propietarios de viviendas (RSP) y el programa de reconstrucción rehabilitación, elevación y atenuación (RREM). Como resultado, se alega que la pareja recibió un total de aproximádamente $127,388 en fondos de ayuda a los cuales ellos no tenían derecho. Se alega que la pareja Benevento reclamó falsamente en sus solicitudes que un hogar de propiedad suya en Mary Jeanne Lane, en Manahawkin, N.J., el cual sufrió daños causados por la supertormenta Sandy, era su residencia principal cuando sucedió el impacto de Sandy. Se alega, de hecho, que su residencia principal en el momento de la tormenta se encontraba en Matawan, y que el hogar en Manahawkin era un hogar de residencia estacional y de fines de semana. Como resultado de las supuestas solicitudes fraudulentas, la pareja recibió un préstamo de SBA por aproximadamente $8,600, un subsidio de RSP por $10,000, y fondos subsidiados por RREM por unos $108,788. Se acusó individualmente a Barry y a Karen Benevento de apropiación indebida en el segundo grado.

"Esta iniciativa histórica es un modelo de la colaboración a nivel estatal y federal, la cual continúa produciendo resultados con respecto a individuos acusados y fondos de ayuda recuperados", dijo Elie Honig, director de la División de Justicia Criminal. "Hemos recuperado más de $2 millones y podremos recuperar mucho más al garantizar que todo acusado pague una indemnización completa".

Detectives de la División de Justicia Criminal de Nueva Jersey y agentes especiales e inspectores con la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., así como la Oficina del Inspector General de HUD, la Oficina del Inspector General de SBA, la Oficina del Inspector General de HHS, y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. investigaron los nuevos casos. También se contó con la asistencia de National Insurance Crime Bureau. Los fiscales generales adjuntos Supriya Prasad y Alyssa E. Bloom procesaron jurídicamente a los nuevos acusados, bajo la supervisión del fiscal general adjunto Mark Kurzawa, jefe adjunto del Despacho de Crímenes Financieros y Cibernéticos. El teniente David Nolan y el sargento Fred Weidman llevaron a cabo y coodinaron las investigaciones a favor de la División de Justicia Criminal, incluyendo la asistencia de otros colegas, tales como los investigadores de la parte civil especial Ronald Rauer y Amy Campbell.

Los cargos en el segundo grado conllevan una sentencia entre 5 a 10 años en la prisión estatal, y una multa de hasta $150,000. Estos documentos inculpatorios son de carácter acusatorio solamente, y los acusados son presuntamente inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

El 29 de octubre de 2012, la supertormenta Sandy azotó a Nueva Jersey y dejó a su paso un nivel de daños sin precedentes. Las áreas afectadas fueron declaradas como zonas de desastre federal casi inmediatamente, lo cual permitió que los residentes calificaran para recibir ayuda por parte de FEMA. Los subsidios de FEMA son provistos para reparar los hogares que sufrieron daños y para reemplazar propiedad personal. Asimismo, los subsidios de ayuda para el alquiler están disponibles para los propietarios afectados de viviendas. FEMA adjudica hasta un máximo de $31,900 por cada solicitante en el caso de desastres federales. A fin de calificar para la ayuda de FEMA, los solicitantes deben confirmar que la propiedad afectada era su residencia principal en el momento que sucedió la tormenta.

Ademas de los fondos de ayuda de FEMA, HUD asignó unos $16 mil millones en fondos del subsidio global para desarrollo comunitario (Community Development Block Grant, CDBG, siglas en inglés) para las víctimas de la tormenta en la costa este del país. Nueva Jersey recibió unos $2.3 mil millones en fondos de CDBG para programas relacionados con alojamiento, incluyendo nos $215 millones asignados para el programa de reubicación de propietarios de viviendas (RSP) y unos $1.1 mil millones adjudicado al programa de reconstrucción, rehabilitación, elevación y atenuación (RREM). Bajo RSP, el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey proporciona subsidios por un valor de $10,000 que anime a los propietarios de viviendas afectadas por Sandy a permanecer en los nueve condados más gravemente afectados por la tormenta: los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean y Union. El programa RREM, el cual es el programa de indemnización para viviendas más extenso del estado, brinda subsidios a los propietarios de viviendas impactados por Sandy que les permita cubrir los costos de reconstrucción hasta por un máximo de $150,000 que no son financiados por entidades aseguradores, ni por FEMA, o por los préstamos de SBA, ni por otras fuentes.

La Administración de Pequeños Negocios provee préstamos a bajo interés en caso de desastres a propietarios de viviendas, a arrendatarios, a negocios de todos los tamaños, y a la mayoría de organizaciones sin fines de lucro. Los prestamos de SBA en caso de desastres pueden utilizarse para reparar o reemplazar bienes inmuebles, propiedad personal, maquinaria y equipo, así como activos de inventario y activos comerciales que sufrieron daños o pérdidas en un desastre declarado. Se permite que arrendatarios y dueños de viviendas obtengan un préstamo de hasta $40,000 a fin de reemplazar o reparar artículos de ropa, muebles, carros o electrodomésticos dañados o destruidos por el desastre. Los dueños de viviendas pueden presentar una solicitud de préstamo por un máximo de $200,000 a fin de reemplazar y reparar su residencia principal a la condición en que existía previo al desastre. Los hogares secundarios o propiedades de vacaciones no califican para estos préstamos, aunque las propiedades de alquiler que califiquen pueden ser elegibles para recibir una ayuda bajo el programa de préstamo comercial.

La Ley de Ayuda en Caso de Desastres provee a HHS fondos para las víctimas de Sandy por aproximádamente unos $760 millones. La Administración para Niños y Familias (ACF, siglas en inglés) recibió aproximadamente unos $577 millones en fondos relacionados con Sandy a través de tres programas de subsidios, incluyendo el subsidio global para servicios sociales (SSBG, siglas en inglés), el cual recibió casi $475 millones para ayudar a cinco estados (Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, y Maryland). Nueva Jersey recibió más de $226 millones para una amplia gama de servicios sociales relacionados directamente con el desastre. Nueva Jersey empleó los fondos de SSBG para desarrollar el programa de ayuda relacionada con Sandy a dueños y arrendatarios de viviendas (Sandy Homeowner/Renter Assistance Program, SHRAP, siglas en inglés), que permite asistir a familias e individuos con los gastos incurridos en alojamiento y otras necesidades pertinentes.


Abogados defensores
En representación de Diane DiCosmo: Edward J. Dimon, Esq., Carluccio, Leone, Dimon, Doyle & Sacks, LLC, Toms River, N.J.
En representación de Barry y Karen Benevento: Glenn Montgomery, Esq., Montgomery, Chapin & Fetten, PC, Bridgewater, N.J.


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