TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal exigió el día de hoy que los oficiales federales detengan su práctica de separar a las familias de inmigrantes, señalando que la política socava la confianza de la comunidad y perjudica los esfuerzos por los organismos del orden público.
"Lo que sucede en la frontera está teniendo un impacto directo sobre lo que pasa en Nueva Jersey", dijo el fiscal general Grewal. "Como fiscal profesional, he observado que los organismos del orden público realizan su trabajo de mejor manera cuando cuentan con la confianza de la comunidad local, y el carácter despiadado de la política gubernamental de separación de familias socava la confianza que hemos forjado con tanto trabajo. Causaría que sea menos probable que víctimas y testigos comparezcan y trabajen con los oficiales del orden público y, a su vez, resultaría en que nuestras comunidades sean menos seguras".
El fiscal general Grewal está entre 21 fiscales generales en todo el país que enviaron una carta hoy al fiscal general de EE.UU. Jeff Sessions y a la secretaria de seguridad nacional Kirstjen Nielsen, oponiéndose a la política de "cero tolerancia" por el gobierno de Trump, mediante la cual se encarcela a padres inmigrantes que fueron detenidos en los cruces fronterizos (inclusive padres que piden asilo en EE.UU.) y se les separa de sus niños a la fuerza.
La carta multiestatal describe la política como "drástica", "inhumana", e "incompatible con los valores de Estados Unidos".
Asimismo, la carta afirma que la práctica socava gravemente los esfuerzos realizados por los organismos del orden público para impedir y procesar jurídicamente los delitos.
En particular, la carta menciona, los fiscales generales estatales están encargados de investigar y enjuiciar dichas actividades criminales como la trata de seres humanos, el narcotráfico, y las actividades violentas de pandillas; estos asuntos "en muy pocas ocasiones tienen un contexto local".
Antes bien, argumenta la carta, dichos asuntos "requieren los esfuerzos y la colaboración de organismos del orden público, a través de fronteras tanto estatales como internacionales, para evitar la comisión extendida y redifundida de estos delitos".
"La práctica de separación obligatoria es tanto inhumana como incompatible con los esfuerzos de los organismos del orden público y de otros que dedican sus incansables esfuerzos a detener a delincuentes violentos", señala la carta.
Además de señalar la posibilidad de una confianza disminuida en los organismos del orden público, la carta de hoy sugiere que sin una "investigación judicial rigurosa" que determine la falta de idoneidad de un padre, la división de familias "plantea serias inquietudes" sobre una posible violación de los derechos de los niños, así como los "principios constitucionales del proceso debido y de igualdad de protección".
"En términos simples", indica la carta, "separar deliberadamente a niños de sus padres como parte de un diseño general para disuadir que otros individuos soliciten asilo legítimo es incorrecto".
La carta termina exigiendo que el gobierno federal "de marcha atrás, inmediatamente" a su política de separar a las familias en la frontera.
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