TRENTON -- El fiscal general Gurbir S. Grewal anunció el dïa de hoy que un tribunal federal en Brownsville, Texas, concedió la petición de Nueva Jersey para intervenir en una demanda jurídica encabezada por Texas, la cual pretendía suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés). El fallo del tribunal, con fecha del 25 de junio de 2018, permite que Nueva Jersey defienda a DACA luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. indicó, en documentos judiciales, que "concuerda con el Estado de Texas y otros Demandantes: la política conocída como [DACA] es ilícita".
"Nos complace el fallo del tribunal", dijo el fiscal general Grewal. "Si el Departamento de Justicia no defenderá a DACA, nosotros lo haremos. Haremos todo lo posible para proteger a más de 17,000 Dreamers que consideran a Nueva Jersey como su hogar".
El gobierno de Trump anunció su intención de suspender DACA en 2017, pero varios tribunales le prohibieron actuar en consecuencia. Texas y otros seis estados tramitaron reciéntemente una demanda en un tribunal federal en el Distrito del Sur de Texas, argumentando que DACA era ilegal puesto que fue creada sin ninguna acción por parte del Congreso. Esta demanda pretende obtener una orden provisional de prohibición que impida que los Demandados expidan o renueven permisos bajo DACA en el futuro.
El 21 de mayo de 2018, Nueva Jersey tomó el paso de intervenir en la demanda, argumentando que el gobierno federal, a quien se nombró como demandado en dicha demanda, era incapáz de defender adecuadamente los intereses de aquellos que resultarían perjudicados si se supendiese el programa DACA.
Según la orden de ayer que concedió la petición de Nueva Jersey para que interviniera como demandado, el juez Andrew Hanen del Tribunal Distrital Federal para el Distrito Sur de Texas indicó por escrito que Nueva Jersey demostró que "las partes existentes", incluyendo el gobierno federal y un grupo de recipientes de DACA representados por el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexico-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación) no representan adecuadamente sus intereses".
Nueva Jersey es el hogar de unos 53,000 residentes que califican para el programa DACA, y de un total de 17,400 recipientes activos y actuales de DACA.
Aproximadamente 15,900 recipientes de DACA en Nueva Jersey tienen empleo en la actualidad; más de 900 son propietarios de su propios negocios; 7,800 están en la escuela; 5,600 prosiguen una licenciatura, o una maestría o un grado profesional; y unos 12,650 tienen un hermano, cónyuge o niño/a que es ciudadano/a estadounidense.
Según el informe del estado en su petición de intervención, un estudio reciente estimó que el poder adquisitivo de individuos elegibles para DACA en Nueva Jersey se encuentra en unos $679.7 millones. Si se suspende el programa DACA, según manifiesta el informe, Nueva Jersey perdería unos $19 millones al año, aproximadamente, en cuanto a ingresos fiscales.
El caso está encabezado por la fiscal general asistente Rachel Wainer Apter, quien se desempeña como asesora legal del fiscal general.
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