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TRENTON
-- La Fiscal General Anne Milgram informó
hoy que la firma Tyco International Ltd.
tendrá que pagar un total de $73.25
millones de dólares como parte de
un acuerdo legal que resuelve la presunción
de fraude en los valores, al efectuarse
una demanda judicial por el Estado en contra
de esta compañía y varios
directores y ejecutivos.
Según
el acuerdo, los pagos acordados serán
efectuados a la División de Inversiones
de New Jersey, localizado en el Departamento
del Tesoro, con los fondos de Tyco y los
otros demandados. Dicho acuerdo legal resuelve
la presunción relacionada con la
demanda judicial sometida el año
2002 que la cartera del fondo de pensiones
de New Jersey sufrió pérdidas
significativas debido a la operación
interna y privilegiada de Tyco, en el incumplimiento
por parte de sus ejecutivos en destinar
millones de dólares en préstamos
personales y beneficios recibidos de la
empresa, en irregularidades contables, y
otros tipos de fraude.
"Esta
es una importante solución para los
ciudadanos de New Jersey y para la cartera
de inversiones en las pensiones del Estado”
declaró la Fiscal General Milgram.
"Nuestro deber - y nuestro compromiso
- es mantenernos agresivos en la salvaguardia
de los intereses financieros de los residentes
de New Jersey, dándole protección
contra los fraudes, a las inversiones estatales
y haciendo que las corporaciones rindan
cuentas", precisó Milgram.
"Estamos
satisfechos por los resultados de este litigio
en asuntos de valores", dijo William
Clark, Director de la División de
Inversiones. "Una vez recibido el producto
del saldo neto, será devuelto al
fondo de pensiones y otras administradas
por la División”.
Según
los términos del acuerdo, no hay
admisión de irregularidades por parte
de Tyco Internacional o cualquiera de las
otras partes. Además de Tyco International,
los demandados que son parte del acuerdo
incluyen al ex Asesor General de Tyco, Mark
A. Belnick y los directores de Tyco: Richard
S. Bodman, John F. Fort III, James S. Pasman,
Jr. y Wendy E. Lane.
La
demanda original del Estado permanece pendiente
en contra del ex Jefe Ejecutivo de Tyco,
L. Dennis Kozlowski, el ex-jefe de finanzas
de Tyco, Mark H. Swartz, el ex-director
de Tyco, Frank E. Walsh, Jr. la firma contable
Pricewater house Coopers LLP y su afiliada
Bermuda,PricewaterhouseCoopers.
El año 2005, Kozlowski y Swartz fueron
encontrados culpables y procesados en Nueva
York por cargos de permitir y apoyar lujosos
estilos de vida que ellos mismos se concedían
sin ninguna autorización para recibir
bonos corporativos, abusando de los programas
de préstamos efectuando la venta
de las acciones de Tyco a precios inflados
después de engañar a los inversionistas
con las finanzas de Tyco. Ambos se encuentran
actualmente cumpliendo penas de prisión
de ocho años y cuatro meses.
En
representación del Estado, el acuerdo
legal con Tyco fue conducido por abogados
externos, incluidos los estudios de abogados
de Riker Danzig y Shalov Stone & Bonner
Rocco. La Fiscal Adjunto Carol Jacobson
de la División Legal actuó
como enlace con los abogados externos en
el asunto de Tyco.
En
las resoluciones administrativas por el
Estado con relación a las denuncias
de fraude en contra de Tyco, el acuerdo
anunciado tendrá como resultado la
autonomía del programa de Incentivos
para los Empleados en Negocios del Estado
(BEIP) concediendo los fondos a la empresa.
El
año 2003, Tyco, que trasladó
sus oficinas principales en Estados Unidos,
de Exeter, New Hampshire a Princeton, New
Jersey, recibió la aprobación
en junio de 2003 por BEIP, para conceder
fondos administrados por la Autoridad de
Desarrollo Económico del Estado.
Sin embargo, la aprobación contiene
una estipulación que los fondos no
se puestos a disposición hasta que
el juicio del Estado sea resuelto. Un estimado
total de 11 millones de dólares en
fondos de subvención de BEIP (que
abarca los años 2003 a 2007) están
aun pendientes por Tyco según el
programa de BEIP, aunque el importe exacto
debe ser determinado a través de
un examen a fondo y un proceso de auditoria.
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