La Attorney General’s Office está continuando agresivamente sus esfuerzos para investigar el fraude en los programas de ayuda de Sandy, trabajando junto con el New Jersey Department of Community Affairs (DCA) y las Offices of Inspector General del U.S. Department of Homeland Security, el U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), y la U.S. Small Business Administration (SBA).

Los individuos que han sido cargados, se alega que en la mayoría de los casos, remitieron aplicaciones fraudulentas a los fondos de ayuda de la Federal Emergency Management Agency (FEMA). En algunos casos, estos aplicaron por los fondos de un programa de ayuda patrocinado por HUD o por préstamos de bajo interés de la SBA. Los fondos de HUD son administrados en Nueva Jersey por el Department of Community Affairs.

“Se alega que estos individuos insensibles robaron de los fondos de ayuda de Sandy, desviando la ayuda de los que de verdad la necesitaban y forzando a los administradores a patrullar este fraude en vez de trabajar exclusivamente para asistir a los que fueron más afectados por la tormenta,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “En un tiempo cuando tantos se ofrecieron a ayudar a los afectados, estos acusados se alega robaron para beneficiarse a sí mismos.”

Los siguientes acusados fueron cargados por denuncia-citación:

• Sandra L. Elliott, 44, de Nutley, N.J., se alega obtuvo un total de $93,055 por remitir aplicaciones falsas después de la Superstorm Sandy para subvenciones estatales bajo el Homeowner Resettlement Program (RSP) y el Reconstruction, Rehabilitation, Elevation y Mitigation (RREM) Program. Se alega que Elliott falsamente reclamó que una propiedad dañada por la tormenta, cuya dueña era ella en unión con sus padres, en East Coral Drive en Brick, N.J., era su residencia primaria al tiempo que Sandy azotó. Se alega que en realidad la residencia primaria de Elliott estaba en Nutley, la propiedad en Brick era una casa de vacaciones. Elliott recibió una subvención de $10,000 de RSP y un total de $83,055 en una subvención de RREM para reparar la propiedad en Brick. Se alega que ella remitió fraudulentos recibos de arriendo que falsamente indicaban que ella había arrendado su casa en Nutley a un arrendatario antes de la tormenta. Elliott también aplicó por un préstamo de bajo interés del SBA, pero su aplicación fue rechazada. Se ha cargado a Elliott en segundo grado de robo por decepción y en cuarto grado por falsificación sin juramento.

• Laura Cortese, 53, y Anthony Cortese, 53, de Warren, N.J., se alega que fraudulentamente remitieron aplicaciones para fondos de ayuda después de la Superstorm Sandy. Se alega que el matrimonio, falsamente dijo que su propiedad dañada por la tormenta en Fremont Avenue en Seaside Heights, N.J., era su residencia primaria al tiempo que Sandy azotó. Se alega que, en realidad, su residencia primaria estaba en Warren, y que la propiedad en Seaside Heights era una casa de verano. Juntos, la pareja puso una aplicación para un préstamo de bajo interés de SBA. Estos fueron aprobados por un préstamo de bajo interés de SBA y recibieron $40,000 en ganancias del préstamo. Las otras aplicaciones fueron remitidas solamente por Laura Cortese y resultó en recibir adicionalmente $40,998 en ayuda de fondos, por un total de $80,998 en subvenciones estatales y federales que recibieron entre ambos acusados. Laura aplicó por asistencia de FEMA y una subvención bajo la Homeowner Resettlement Program (RSP) y el Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program. Ella recibió $28,875 en asistencia de renta de FEMA. Ella también recibió una subvención de $10,000 de RSP y un pago de subvención de $2,123 de RREM. Se ha cargado a Laura Cortese en segundo grado de robo por decepción y en cuarto grado por falsificación no jurada. Anthony Cortese está cargado en tercer grado por robo por decepción y en cuarto grado por falsificación sin juramento.

• Michael Murphy, 63, de Staten Island, N.Y., se alega puso una fraudulenta aplicación después de la Superstorm Sandy para asistencia de FEMA. Se alega que Murphy falsamente dijo que su casa dañada por la tormenta en Budd Drive en Manahawkin, N.J., era su residencia primaria al tiempo de la tormenta Sandy. De hecho, su residencia primaria estaba en Staten Island, y la casa en Manahawkin era una casa de verano. Como resultado de la fraudulenta aplicación, Murphy recibió ayuda de fondos de $27,545 de FEMA. Él recibió $25,275 por reparos de la casa y $2,270 en asistencia de arriendo. Murphy está cargado en tercer grado de robo por decepción y en cuarto grado por falsificación sin juramento.

• William O’Donnell, 62, de St. James, N.Y., se alega que puso fraudulentas aplicaciones después de la Superstorm Sandy, de asistencia a FEMA, a subvenciones del estado bajo el Homeowner Resettlement Program (RSP) y del Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program, asistencia de arriendo del estado bajo el Sandy Homeowner Rental Assistance Program (SHRAP) patrocinado por el State Department of Human Services. Él recibió un total de $19,176 como resultado del alegado fraude. Se alega que O’Donnell falsamente reclamó que la propiedad dañada por la tormenta cuyos dueños eran él y un pariente en Cedar Point Avenue in Brick, N.J., era su residencia primaria al tiempo que la tormenta Sandy azotó. Se alega que en realidad, la residencia primaria de O’Donnell era una casa de un pariente en St. James, N.Y., y la propiedad en Brick no estaba ocupada. O’Donnell recibió $6,741 de FEMA por asistencia de arriendo y pérdida personal de propiedad. Él también recibió una subvención de $10,000 de RSP y $2,435 de asistencia de arriendo del estado a través del programa de SHRAP. Se le dió a O’Donnell una subvención máxima de $150,000 bajo el programa RREM, pero la subvención se retuvo como resultado de esta investigación y no se hizo ningún pago. Se ha cargado a O’Donnell en segundo grado de atento de robo por decepción, en tercer grado de robo por decepción y en cuarto grado por falsificación sin juramento.

• Robert F. Scott, 71, de Jupiter, Fla., se alega remitió una aplicación fraudulenta después de la Superstorm Sandy a FEMA por asistencia. Se alega que Scott falsamente dijo que su casa dañada por la tormenta en Sunset Drive en Seaside Heights, N.J., era su residencia primaria al tiempo que Sandy azotó. De hecho, su residencia primaria estaba en Jupiter, Fla., y la casa en Seaside Heights era una casa de vacaciones. Como resultado de la fraudulenta aplicación, Scott recibió $31,900 de ayuda de fondos de FEMA, lo cual es la cantidad máxima que FEMA asigna a un solicitante único. Él recibió $29,630 por reparos en su casa y $2,270 en asistencia de arriendo. Scott está cargado en tercer grado de robo por decepción y en cuarto grado por falsificación no jurada.

• Jordan Clemons, 30, de Atlanta, Georgia, se alega que hizo falsas representaciones y remitió documentos falsos para obtener asistencia de propiedad dañada de FEMA. Clemons dijo que su 2000 Volvo S80 estaba aparcado en Atlantic City y fue dañado por aguas de inundación cuando Sandy azotó. Basado en las representaciones de Clemons se alega que remitió falsos documentos a FEMA, Clemons obtuvo $5,000 por daño de propiedad personal. Se alega que Clemons proveyó a FEMA con una carta fabricada de una compañía de seguros informándolo que aunque su auto estaba asegurado al tiempo de la tormenta, su póliza no cubría por daños de inundación. De hecho, Clemons se alega no tenía seguro de auto al tiempo de la tormenta, porque su seguro se había cancelado debido a no pago. Clemons, también se alega proveyó una carta falsa de estimado, de un taller de auto en Chester, Pa., indicando que los reparos del auto costarían $7,012.43. Se alega que el taller indicado en la carta no existe. Clemons está cargado en tercer grado de robo por decepción y en cuarto grado por falsificación sin juramento.

“Mientras que los hechos varían, el denominador común en todos estos casos es que los acusados sin vergüenza mintieron para poder calificar para ayuda de los fondos que ellos sabían que no tenían derecho a recibir,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Nuestra meta en estos esfuerzos unidos es recobrar los fondos robados y también mandar el claro mensaje que este tipo de fraude se enfrentará con serios cargos criminales, ahora y durante el futuro de cualquier ayuda de desastres.”

“DCA se ha comprometido desde el primer día al esfuerzo de recobro de Sandy para asegurarse que estos fondos lleguen a los sobrevivientes de Sandy que legítimamente califican para asistencia,” dijo el DCA Comisionado Charles Richman. “Como parte de estar encargado del cuidado de los fondos públicos, estamos y continuaremos estando vigilantes para reportar a las apropiadas autoridades esos individuos que buscan malversar los fondos de ayuda de Sandy.”

Los nuevos casos fueron investigados por los detectives de la New Jersey Division of Criminal Justice y agentes especiales del U.S. Department of Homeland Security Office of Inspector General, HUD Office of Inspector General y SBA Office of Inspector General. Los Deputy Attorneys General Mary E. McAnally, John Nicodemo, Valerie A. Noto y William N. Conlow están procesando a los 8 nuevos acusados, bajo la supervisión del Deputy Attorney General Michael A. Monahan, Chief of the Financial & Computer Crimes Bureau, y el Deputy Attorney General Mark Kurzawa, Deputy Bureau Chief. Ellos están trabajando con Lt. David Nolan, Sgt. Fred Weidman y la Analyst Alison Callery, quienes están conduciendo y coordinando la investigación de parte de la Division of Criminal Justice, junto con otros detectives, incluyendo los Detectives Terrence Buie, Thomas Page, Mike Arduini y Mark Byrnes.

Un crimen en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. Cargos en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000, mientras que crímenes en cuarto grado llevan una sentencia de hasta 18 meses en la prisión del estado y una multa de $10,000. Los cargos son meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

En Oct. 29, 2012, la Superstorm Sandy azotó New Jersey, resultando en un nivel de daño sin precedente. Casi inmediatamente, las afectadas áreas fueron declaradas desastre federal, haciendo a los residentes elegibles de asistencia de FEMA. Las subvenciones de FEMA proveen para reparar casas dañadas y reemplazar propiedad personal. Además, subvenciones de asistencia de arriendo están disponibles para los afectados dueños de casa. FEMA asigna hasta $31,900 por solicitante, en desastres federales. Para calificar para ayuda de FEMA, los solicitantes tienen que afirmar que la propiedad dañada era su residencia primaria al tiempo de la tormenta.

Además de los fondos de ayuda de FEMA, HUD asignó $16 billones en fondos de Community Development Block Grant (CDBG) para las víctimas a lo largo de la East Coast. New Jersey ha recibido $2.3 billones en CDBG en fondos para programas relacionados a las casas, incluyendo $215 millones que fueron alocados al Homeowner Resettlement Program (RSP) y $1.1 billón que fue alocado para el Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program. Bajo el Resettlement Program, el New Jersey Department of Community Affairs está distribuyendo subvenciones de $10,000 para animar a los dueños de casa afectados por Sandy a que permanezcan en los 9 condados que más seriamente fueron afectados por la tormenta: Atlantic, Bergen, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean y Union. El RREM Program, el cual es el programa más grande del estado de recobro de vivienda, provee subvenciones para los dueños de casa que fueron impactados por Sandy para cubrir costos de reconstrucción de hasta $150,000 que no están cubiertos por seguros, FEMA, préstamos del U.S. Small Business Administration, u otros recursos.

El Small Business Administration provee préstamos de bajo interés de desastre a los dueños de casas, arrendatarios, negocios de todos los tamaños, y a la mayoría de organizaciones privadas sin fines de lucro. Los préstamos de desastre de SBA se pueden usar para reparar o reemplazar bienes raíces, propiedad personal, maquinaria y equipos, e inventario y bienes de negocios dañados o destruidos en un declarado desastre. Los arrendatarios y los dueños de casa pueden obtener un préstamo de hasta $40,000 para reemplazar ropa, muebles, autos o electrodomésticos dañados o destruidos en el desastre. Los dueños de casa pueden aplicar por un préstamo de hasta $200,000 para reparar o reemplazar sus residencias primarias a la condición previa del desastre. Casas secundarias o propiedades de vacaciones no son elegibles para estos préstamos, pero propiedades de arriendo calificadas pueden ser elegibles de asistencia bajo el programa de préstamos de negocios.

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