Los siguientes acusados, cada uno de ellos, admitieron culpabilidad hoy ante el Juez de la Corte Superior James Den Uyl en Ocean County en cuarto grado de hacer contribuciones ilegales de corporación a través de los empleados:

• Robert Gerard, 56, de Wall, N.J., ex Chief Marketing Officer de BSG, y
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Bajo el acuerdo de culpabilidad, el Estado recomendará que cada hombre sea sentenciado a 270 días en la cárcel del condado como condición de un término de probación. Además, Gerard tiene que entregar al estado $86,200, y                          tiene que entregar $93,720. Se le prohibirá por 10 años a cada hombre de apostar en contratos públicos en New Jersey o tener más de un 5 por ciento de interés en una compañía que apuesta por tales contratos. El Juez Den Uyl programó la sentencia de los dos hombres para Junio 2.

El Deputy Attorney General Anthony A. Picione, Chief del Corruption Bureau, y los Deputy Attorneys General Mallory Shanahan, Brian Faulk y Charles Wright aceptaron la admisión de culpabilidad de parte de la Division of Criminal Justice. El cargo estaba explicado en una acusación judicial en Marzo 26, 2013, la cual también carga a BSG y a otros 6 ejecutivos y accionistas. La acusación judicial se deriva de una investigación del Division of Criminal Justice Corruption Bureau, el cual descubrió que los acusados conspiraron para evadir las restricciones del New Jersey’s Pay-to-Play Act camuflando contribuciones políticas de corporación como contribución personal de los empleados.

“Las múltiples admisiones de culpabilidad que hemos asegurado en este caso mandan un mensaje muy importante: esquemas criminales con la intención de evadir la ley de New Jersey’s pay-to-play se enfrentarán con severo castigo,” dijo el Attorney General Porrino. “Nuestras leyes previenen que firmas con conexiones políticas obtengan contratos públicos basados en contribuciones a campañas políticas, pero los ejecutivos de Birdsall engañaron al sistema y aseguraron millones de dólares en contratos por los que hubieran sido descalificados.”

“La ley de New Jersey’s pay-to-play procura asegurar que los contratos públicos sean equitativos y abiertos, libres de la influencia de intereses políticos,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Procesando criminalmente a esta firma y a sus ejecutivos, le hemos dado a la ley verdaderas agallas.”

BSG admitió culpabilidad en Junio 13, 2013 a cargos en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado en hacer representaciones falsas en los contratos del gobierno. Como resultado de su admisión de culpabilidad, BSG pagó dos grandes multas criminales: una de $500,000 por beneficiarse de corrupción pública y una multa de $500,000 por anti-ganancias de lavado de dinero. En cada instante, la multa fue lo máximo autorizado por la ley. BSG también pagó al estado $2.6 millones para satisfacer una acción civil de confiscación puesta por la Attorney General’s Office en conexión con el caso criminal.

Cinco otros ejecutivos, accionistas y administradores de la firma previamente admitieron culpabilidad:

1. En Abril 22, 2016, Howard Birdsall, ex CEO y mayor accionista de BSG, fue sentenciado a 4 años de prisión en un cargo de segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación. Él pagó $49,808 al estado confiscados por sus ilegales contribuciones políticas.

2. En Junio 10, 2016, Thomas Rospos, ex executivo vice presidente de BSG y su segundo mayor accionista, fue sentenciado a 3 años en la prisión en un cargo de tercer grado por manipulación de expedientes públicos o información. Él pagó $150,000 confiscados por sus contribuciones ilegales.

4. En Enero 6, 2016, Scott MacFadden, ex jefe oficial administrativo de BSG, admitió culpabilidad en tercer grado a mala conducta de un oficial de corporación. Él se enfrenta con una recomendada sentencia de hasta 364 días en la cárcel y un término de probación. Él tiene que pagar $30,000 confiscados por sus contribuciones.

5. En Nov. 30, 2012, Philip Angarone, el ex director de mercadeo de BSG, admitió culpabilidad en tercer grado de manipulación de expedientes públicos o información y en cuarto grado de hacer contribuciones políticas prohibidas por una corporación a través de sus empleados. Él está esperando ser sentenciado y se enfrenta con hasta 364 días en la cárcel y a un término de probación. Él tiene que renunciar a los $26,775 confiscados.

Bajo el alegado esquema, en vez de Birdsall Services Group donar contribuciones políticas de corporación a campañas y organizaciones políticas que lo descalificaría de contratos públicos de ciertas agencias del gobierno, accionistas y empleados de la firma hicieron contribuciones políticas personales de $300 o menos las cuales no tienen que reportarse. Múltiples cheques personales fueron empaquetados en Birdsall Services Group y mandados a la apropiada campaña u organización política. Los accionistas y empleados fueron ilegalmente reembolsados por Birdsall Services Group, directa o indirectamente, a través de pagos de bonos, y la firma ilegalmente omitió los ilegales reembolsos en los documentos puestos con la Election Law Enforcement Commission (ELEC) y con las agencias del gobierno que conceden los contratos de los servicios de ingeniería de la firma. El esquema continuó por más de 6 años y envolvió más de $1 millón en contribuciones.

Los Abogados Defensores
Para Gerard: Frank P. Arleo, Esq., Arleo & Donohue, LLC, West Orange, N.J.
Para                         : Donald R. Belsole, Esq., Belsole and Kurnos, LLC, Morristown, N.J.

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