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Attorney General's Biography
     
 
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Para Publicación Inmediata:
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Día 20 de Julio del 2017

Oficina del Fiscal General
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Christopher S. Porrino, Fiscal General
División de Asuntos del Consumidor
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Steve C. Lee, Director

División de Leyes
- Michelle Miller, Directora Interina
Prensa:
C. John Schoonejongen
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Ciudadanos:

609-984-5828
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Los dueños de dos compañías de corredores de valores de Tinton Falls acordaron a pagar $2.1 Millones en restitución y multas por violar las leyes de Nueva Jersey de valores
El Buró de Valores descubrió ventas de valores sin registrar, deshonestidad o prácticas sin ética y no supervisar a los agentes adecuadamente
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NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer Affairs hoy anunciaron que una pareja y las compañías que poseían en Monmouth County han acordado a pagar $2.1 millones – incluyendo $1.8 millones en restitución a los consumidores- para satisfacer acciones legales puestas en contra de ellos por el Bureau of Securities por múltiples violaciones de las leyes de Nueva Jersey de valores.

Anthony J. Cantone y Christine L. Cantone acordaron a los términos con el Buró, enunciados en dos documentos, para resolver las acciones en contra de ellos y las compañías de inversiones que poseen en Tinton Falls – Cantone Research, Inc. (“CRI”) y Cantone Office Center, LLC (“COC”).

Como explicado en la Administrative Consent Order, el Bureau descubrió que los acusados se involucraron en prácticas deshonestas o sin ética cuando vendieron los valores – en la forma de certificados de participación – a más de 170 inversionistas. Estos inversionistas pusieron $4.7 millones para que fueran invertidos en préstamos, en la forma de pagarés, suscrito a un promotor de inmobiliaria para un planeado complejo de 186-unidades de condos en Orlando llamado Esplanade at Millennia Condominiums.

Según los documentos del acuerdo, los acusados no alertaron a los inversionistas de información que tenían el derecho de saber antes de que compraran los certificados, incluyendo que el desarrollador quien garantizó las inversiones estaba muy apalancado y que los valores que compraron no estaban registrados ni exentos de registración con el Bureau, lo cual significaba que no se podían ofrecer a los inversionistas. El desarrollador eventualmente no pagó los préstamos de las inversiones para el proyecto.

“Las leyes de New Jersey que gobiernan la venta de inversiones están designadas para proteger a aquellos que buscan un retorno en el dinero que han invertido. Mientras que todas las inversiones tienen riesgo, los presuntos inversionistas tienen el derecho a una completa y honesta evaluación de esos riesgos antes de entregar el dinero que han ganado con tanto sudor,” dijo el Attorney General Porrino. “La industria de valores solamente trabaja cuando los agentes y representantes actúan con la mayor integridad. En este caso, la conducta de los acusados no fue así.”

Según la Administrative Consent Order, desde el 2005 a través del 2007, Anthony Cantone, a través de CRI, vendió certificados de participación (COP) en subordinados pagarés, por casi un total de $8 millones. Cantone Office Center, LLC compró los pagarés del dueño de Esplanade Development, LLC, Robert A. Crowder, el cual estaba buscando edificar condominios in Orlando, Florida.

Anthony Cantone es Presidente y CEO de la compañía de corredores de valores de CRI, y estaba registrado por el Bureau como agente y consejero de inversiones en CRI. Él también es un Managing Member of COC. Christine Cantone es Vice President y fue Chief Compliance Officer de CRI cuando el esquema estaba en curso, y estaba registrada con el Bureau como un agente en CRI.

En una Confidential Disclosure Memoranda (CDM) a presuntos inversionistas, los acusados dijeron que Crowder personalmente garantizó pagos en los certificados de participación, pero el CDM no desplegó acertadamente el valor neto de Crowder o su precario estado financiero.

No se les dijo a los presuntos inversionistas que en el 2006, Crowder no pagó un pagaré de $2.6 millones que COC había comprado en el 2005. Ni fueron informados de que en el 2006, Anthony Cantone proveyó $1 millón de préstamo puente a Crowder que fue usado para esconder la falta de pago en la nota del 2005 y pagar el interés que debían a los inversionistas del 2005. Tampoco se les dijo que en el 2007 COC le prestó al desarrollador $5.1 millones adicionales. Esplanade Development LLC, eventualmente no pagó los pagarés y Crowder no cumplió con la garantía.

El Bureau descubrió que las actividades de los Cantones y CRI constituyeron deshonestidad y prácticas sin éticas de los negocios de valores. Además, Christine L. Cantone, quien sirvió como el oficial de cumplimiento de las firmas, no proveyó la adecuada supervisión a las actividades de Anthony Cantone, descubrió el Bureau.

“Los acusados negaron a los inversionistas información crítica a la que tenían derecho bajo la ley que los hubiera informado mejor acerca de los riesgos que se enfrentarían en este proyecto de inversiones,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Como resultado de la deshonestidad de los acusados, los inversionistas sufrieron pérdidas financieras significantes.”

Bajo los términos de la Consent Order and Final Judgment que resuelve una acción del Bureau contra los acusados en la Corte Superior, los Cantones y sus compañías tienen que pagar $1.8 millones en restitución a los inversionistas, y pagar $300,000 en multa civil. En la Administrative Consent Order, Anthony y Christine Cantone acordaron a la suspensión de más de 18 meses de sus registraciones con el Bureau. Estos también acordaron al empleo de un consultor independiente para revisar, asesorar y proveer recomendaciones a ciertos aspectos de los negocios de CRI; y Anthony y Christine acordaron a no actuar en una capacidad de supervisores.

“La deshonestidad o prácticas sin ética de los acusados violaron la ley y pusieron en peligro la integridad de la industria de valores de Nueva Jersey,” dijo la Deputy Bureau Chief Amy Kopleton. “Estas multas civiles y la restitución que los acusados tienen que pagar, junto con las restricciones administrativas y remedios puestos en ellos, servirá como aviso a la industria que el Bureau of Securities no tolerará tales prácticas.”

La acción del Bureau fue tratada por la Deputy Bureau Chief Amy Kopleton, Chief of Investigations Rudolph Bassman, Supervising Investigator Michael McElgunn, y el Investigator Richard Smullen del Bureau of Securities, dentro de la Division of Consumer Affairs.

La Deputy Attorney General/Section Chief Victoria Manning, los Deputy Attorneys General Toral Joshi, Mehnaz Rahim, Isabella Stempler, y Benjamin Zakarin, y el Special Services Employee Aaron Ash de la Securities Fraud Prosecution Section en la Division of Law representaron al Bureau en este asunto.

El Bureau of Securities está encargado de proteger a los inversionistas de fraude de inversiones y de regular la industria de valores en New Jersey. Es crítico que los inversionistas “Chequeen antes de invertir.” Inversionistas pueden obtener información, incluyendo el estado de registración y la historia disciplinaria, de cualquier profesional de finanzas haciendo negocio a o desde New Jersey, poniéndose en contacto con el número del Bureau (gratis si llama desde New Jersey) 1-866-I-INVEST (1-866-446-8378) o si llama fuera de New Jersey al 973-504-3600, o yendo al sitio web del Bureau: www.njsecurities.gov. Los inversionistas pueden también ponerse en contacto con el Bureau para asistencia, plantear problemas o poner una queja contra profesionales o inversiones basados en Nueva Jersey.

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