Jeffrey Colmyer, 41, y Tiffany Cimino, 33, que viven juntos en Little Egg Harbor, N.J., fueron imputados hoy, junto con sus compañías de mejoras de vivienda, Rayne Construction Management Services, LLC (RCMS) y Colmyer & Sons, LLC, en cargos en segundo grado de conspiración, en segundo grado de robo por no hacer la apropiada disposición de la propiedad recibida, dos cargos en segundo grado de facilitación de actividad criminal (lavado de dinero), en segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación, en tercer grado de facilitación financiera de actividad criminal (estructuración) y en tercer grado de manipulación de archivos públicos o información. Colmyer and Cimino también están acusados en varios cargos en tercer grado de remitir falsos retornos de impuestos, no remitir los impuestos o no pagarlos.

La pareja fue arrestada en Oct. 11, 2016, en una investigación conjunta por el Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, el U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Inspector General y la New Jersey Division of Taxation Office of Criminal Investigation. Esas agencias fueron asistidas por la New Jersey Division of Consumer Affairs, la cual previamente investigó el asunto y puso una acción civil el año pasado contra los acusados, alegando numerosas violaciones del Consumer Fraud Act y buscando restitución para los consumidores y multas civiles, entre otras cosas.

Colmyer y Cimino se alega desviaron cientos de miles de dólares que las víctimas les pagaron para reparar sus casas, elevarlas y repararlas. La pareja se alega usó los fondos para pagar gastos personales, incluyendo joyas compradas por Cimino, incluyendo un anillo de diamantes de $17,000, y cientos de miles de dólares que Colmyer jugó en 7 casinos en Atlantic City. Mientras tanto, estos abandonaron los trabajos, o en muchos casos ni siquiera los empezaron, dejando a muchas víctimas en casas inhospitables. La mayoría de los fondos que estos robaron venían del Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program, un programa de ayuda de Sandy administrado por el New Jersey Department of Community Affairs y fundado por el U.S. Department of Housing and Urban Development. El RREM Program era el programa más grande del estado de recuperación de casas de Sandy y proveía fondos para los afectados consumidores para cubrir los costos de reconstrucción de hasta $150,000 que no estaban cubiertos por el seguro, otros fondos de ayuda federales, u otras fuentes.

“Colmyer y Cimino se alega robaron $700,000 de los dueños de casa devastados por la Superstorm Sandy, despiadadamente secando los fondos de ayuda de las víctimas que los necesitaban para reclamar sus vidas, pero estos en vez usaron el dinero para sus vicios de juego y su ansiedad de lujo,” dijo el Attorney General Porrino. “Hemos procesado varios casos de varias clases de fraude relacionados con Sandy, pero este caso es desde luego el peor.”

“El fraude financiero no puede ser más abominable que éste,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Estos acusados agravaron la situación de las víctimas que fueron más afectadas por la tormenta, removiendo la red de seguridad debajo de ellos.”

“Los dueños de casa desesperados de reconstruir sus casas y seguir adelante con sus vidas en la vista de la monstruosa tormenta pusieron el dinero y su confianza en las manos de los acusados, únicamente para ver a los estafadores irse con el dinero, dejándolos con poco o nada,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Los acusados sin conciencia dieron otro golpe devastador a las víctimas de Sandy que ya habían sufrido pérdidas enormes.”

“Desgraciadamente, desastres naturales atraen a los estafadores que se enfocan en gente en el estado más vulnerable de sus vidas,” dijo el Department of Community Affairs Commissioner Charles A. Richman. “Por esta razón, el Estado se ha comprometido desde el primer día a arrancar el fraude, el robo y cualquier otra conducta ilegal mientras nos recuperamos de la desastrosa Sandy. El anuncio de hoy demuestra nuestro empeño y la seriedad con la que perseguimos a los estafadores que roban a los supervivientes de Sandy para sus ganancias personales.”

El Deputy Attorney General John A. Nicodemo presentó el caso al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. Él condujo la investigación con el Detective Michael Arduini, el Detective Jordan Thompson y la ex Analyst Alison Callery, bajo la supervisión del Lt. David Nolan, Deputy Bureau Chief Mark Kurzawa y el Bureau Chief Michael A. Monahan. Estos trabajaron con Agentes especiales de la HUD Office of Inspector General. El Deputy Attorney General Derek Miller y la Civil Investigator Debra Maiorano de la unidad de embargo del estado, también asistieron.

El Attorney General Porrino le dio las gracias al Department of Community Affairs y a la Division of Taxation Office of Criminal Investigation, al HUD-OIG, al U.S. Department of Homeland Security Office of Inspector General, y al Little Egg Harbor Twp. Police Department por su valiosa asistencia en la investigaicón. El Special Agent Kyle Mullane investigó de parte de la Division of Taxation.

El Attorney General Porrino también encomendó a la Division of Consumer Affairs por su investigación, demanda y cooperación. Los investigadores Joseph Iasso y Brittany Kieran investigaron de parte de la Division of Consumer Affairs Office of Consumer Protection. La Deputy Attorney General Cathleen O’Donnell de la Consumer Fraud Prosecution Section en la Division of Law, está tratando la demanda.

Los cargos relacionados a manipulación de documentos se derivan del hecho de que los acusados mintieron acerca de que Colmyer tenía intereses en RCMS cuando aplicó para obtener una registración de Home Elevation Contractor Registration a través de la Division of Consumer Affairs. Los acusados falsamente dijeron que Colmyer tenía menos del 10 por ciento de interés en RCMS, porque la aplicación requiere que cualquiera con más del 10 por ciento de interés tiene que declarar si él o ella habían sido convictos de ciertos crímenes como robo. Colmyer tiene dos previas convicciones de robo por no hacer la apropiada disposición de propiedad.

Colmyer y Cimino pusieron un bono de $150,000 cada uno y fueron puestos en libertad. Desde sus arrestos, la Division of Consumer Affairs ha concluido su acción civil contra los acusados. Como resultado de la acción civil de la División, el Department of Community Affairs ha distribuido unos adicionales $776,000 en fondos de ayuda federal a los recipientes de RREM que fueron alegadas víctimas de Colmyer y Cimino para que puedan emplear a contratistas nuevos para reparar sus propiedades dañadas por la tormenta, y finalmente puedan retornar a sus casas.

Cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras que un cargo en tercer grado lleva una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000. Los cargos de lavado de dinero y de estructuración llevan sentencias consecutivas con el cargo por robo, y posibles multas de $250,000 y $75,000, respectivamente. Los cargos son meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobson en Mercer County, quien asignó el caso a Ocean County, donde se les ordenará a los acusados que aparezcan en la corte a una fecha más tarde para proceso.

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