TRENTON – El Attorney General Christopher S. Porrino anunció que un lector de medidores y un secretario principal del New Brunswick Water Department fueron imputados hoy en cargos de conspiración a reducir las facturas del agua y del alcantarillado dramáticamente de un cliente en retorno por $4,200 en sobornos. Estos también fueron cargados con conspiración de solicitar $1,000 en soborno de otro cliente a cambio de reemplazar el contador de agua de éste con un contador defectivo que registraría no uso de agua.

El Division of Criminal Justice Corruption Bureau obtuvo una acusación judicial de gran jurado cargando a los siguientes hombres con conspiración (en segundo grado), mala conducta de un oficial (en segundo grado), soborno en asunto oficial y político (en segundo grado), y manipulación de documentos o información (en tercer grado):

• William “Billi” Ortiz, 55, de North Brunswick, el lector del contador, y
• Joseph “Gordo” DeBonis, 55, de Toms River, el secretario principal de cuenta.

Un cargo en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado, incluyendo un mandatorio periodo de 5 años sin la posibilidad de libertad condicional. Ambos hombres fueron suspendidos de sus trabajos del New Brunswick Water Department después de que fueron inicialmente cargados en el caso en Nov. 30, 2016. Los acusados fueron cargados en la investigación del Division of Criminal Justice Corruption Bureau.

Con respecto a los alegados crímenes, la investigación reveló que en Noviembre del 2016, Ortiz se alega aceptó un soborno de $4,200 a cambio de arreglar la reducción de agua y las facturas de alcantarillado para un cliente que poseía varias propiedades. Ortiz se alega arregló reducir las facturas a través de DeBonis, quien tenía acceso como secretario principal a la base de datos del agua y del alcantarillado de la ciudad. Se alega que después que Ortiz recibió el soborno, él proveyó a DeBonis con información acerca de las propiedades del cliente, y DeBonis se alega modificó las facturas de agua y alcantarillado del cliente para dramáticamente reducir los cargos. Las facturas fueron falsificadas para reducir los pagos de aguas y alcantarillado por aproximadamente el 90 por ciento.

Ortiz y DeBonis se alega conspiraron en esquemas previos en el 2014, cuando se alega que Ortiz solicitó $1,000 de soborno de un cliente, a cambio de lo cual él ofreció cambiar el contador de agua e instalar uno defectivo – el cual él llamaba “el ladrón” –que mantendría las facturas del cliente muy bajas por no reportar el uso de agua. Ortiz se alega, le dijo al cliente que un contador funcionando apropiadamente tenía que reemplazar el malo al final del mes para que el uso del agua no se sospechara que era demasiado bajo.

“Ortiz y DeBonis tenían la obligación de asegurarse que los clientes del agua estaban apropiadamente facturados y el contador leído correctamente para que los clientes fueran facturados basado en lo leído,” dijo el Attorney General Porrino. “Cuando empleados públicos como Ortiz y Debonis se alega aceptan sobornos por tratamiento especial, la confianza en el gobierno se menoscaba y el público termina pagando por las facturas.”

“Alegamos que Ortiz y DeBonis aceptaron sobornos para manipular las facturas de aguas en ambos lados del proceso de factura: en el contador y en la base de datos usada para facturar,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Continuaremos agresivamente procesando a cualquier empleado público que usa su posición para ganancia personal.”

Cualquiera con específico conocimiento de los alegados esquemas, o esquemas semejantes, perpetrados por Ortiz y DeBonis, o envuelto en otros esquemas se les urge que se pongan en contacto confidencialmente con la Division of Criminal Justice al 866-TIPS-4CJ.

Los Deputy Attorneys General Anthony Robinson y Samantha McCluskey presentaron el caso al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Corruption Bureau. El Attorney General Porrino encomendó a los abogados y detectives que condujeron la investigación de parte del Division of Criminal Justice Corruption Bureau.

Cada uno de los cargos en segundo grado en la acusación judicial lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado, incluyendo una sentencia mandataria de 5 años sin la posibilidad de libertad condicional, y una multa de hasta $150,000. Crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado, incluyendo un periodo mandatario sin la posibilidad de libertad condicional de 2 años, y una multa de hasta $15,000.

La acusación es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La acusación fue presentada a la Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobson en Mercer County, quien asignó el caso a Union County, donde se les mandará que comparezcan a una fecha más tarde para ser procesados.

El Attorney General Porrino y el Director Honig anotaron que individuos que reportan corrupción pública pueden recibir hasta $25,000 de recompensa. La Division of Criminal Justice tiene una línea gratis 866-TIPS-4CJ para que el público pueda llamar confidencialmente para reportarla. La información del Public Corruption Reward Program está puesta en este enlace: www.nj.gov/oag/corruption/reward-info.html

La fecha tope para reportar corrupción y posiblemente calificar para la recompensa bajo el Public Corruption Reward Program es Noviembre 15.

El Abogados Defensores:
Por Ortiz: Joshua Altman, Esq., Benedict and Altman, New Brunswick, N.J.
Por DeBonis: Stephen Colianni, Esq., Law Offices of S. Karl Mohel, Toms River, N.J.

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