TRENTON – El Fiscal General Gurbir S. Grewal anunció hoy que un gran jurado del estado ha dictado una acusación contra siete miembros de una gran red de tráfico de armas en Camden por el delito en primer grado de crimen organizado. Entre los acusados se encuentra el presunto cabecilla de la red, su “testaferro” en Ohio y cinco intermediarios que presuntamente intervenían en el mercado negro para vender armas – incluyendo rifles de asalto – a criminales en la ciudad.

La denuncia fue emitida por la División de Justicia Criminal tras una investigación conjunta entre la Policía Estatal de Nueva Jersey,  el Grupo de Trabajo para Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA) de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en Camden, la Policía Metropolitana del Condado de Camden, y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos (ATF), con la asistencia de la División de la DEA en Filadelfia, la Policía Estatal de West Virginia, y la División de Policía del Condado de Henrico (Virginia). Cuatro acusados fueron arrestados después de que se dictara la acusación el martes 6 de febrero.

Estos hombres están acusados del delito de crimen organizado (en primer grado), conspiración (en segundo grado) e ingreso de armas de fuego al estado para su venta ilegal (en segundo grado) debido al tráfico presunto de armas que habrían desarrollado entre abril de 2016 y julio de 2017:

Cabecilla

• Chucky Scott, 25 años de edad, de Columbus, Ohio, es el presunto cabecilla de la red, enfrenta también cargos por el delito en primer grado de liderar una red de tráfico de armas de fuego y promover el crimen organizado en la calle.

Testaferro

• Anthony Hammond, 26 años de edad, de Columbus, Ohio, presuntamente actuaba como “testaferro”, comprando las armas para Scott en Ohio y entregando algunas de estas armas en Camden en compañía de Scott.

Intermediarios

Los siguientes cinco hombres, entre ellos dos primos de Scott (Moore y Jennings), eran presuntamente “intermediarios” que actuaban como distribuidores al por mayor, organizando la venta de las armas en Camden luego de que Scott las comprara en Ohio a través de Hammond:

• Eduardo Caban, 40 años de edad, de Camden, N.J.
• Eric Moore, 47 años de edad, de Camden, N.J.
• Tymere Jennings, 35 años de edad, de Marlton, N.J.
• Jamar Folk, alias Ibraheem Abdullah, 33 años de edad, de Camden, N.J.
• Darren Harville, 51 años de edad, de Camden, N.J.

“El desmantelamiento del tráfico prolífico de armamento es la mejor forma de reducir la cantidad de armas ilegales que se venden a los criminales en nuestras comunidades, y que son utilizadas para cometer asesinatos e infligir terror”, declaró el Fiscal General Grewal. “Cada arma que incautamos o evitamos que llegue a las calles representa un número incontable de vidas salvadas. Las sentencias potenciales que estos hombres enfrentan servirán también como advertencia para quienes trafican ilegalmente armas de fuego hacia el estado de Nueva Jersey”.

“Más de tres de cada cuatro armas que la ATF incautó en Nueva Jersey en 2016 habrían provenido de otros estados”, agregó el Fiscal General Grewal. “En palabras simples: para reducir la violencia con armas en nuestras comunidades y disminuir la amenaza contra nuestros policías con rifles de asalto y otras armas de fuego ilegales, necesitamos detener el flujo de armas ilegales hacia nuestro estado. Estamos comprometidos a ponerle fin a esta cañería de armas de fuego”.

“Estamos trabajando estrechamente con la Policía Estatal y otros aliados del orden público locales, estatales y federales para arrestar a los traficantes de armas responsables de la proliferación del armamento letal en nuestras calles”, dijo el Director de la División de Justicia Criminal Elie Honig. “Gracias a esta exhaustiva investigación, que se extendió hasta Ohio y West Virginia, pudimos levantar cargos en primer grado por crimen organizado contra esta red delictiva”.

“El único objetivo que Scott y otros delincuentes tenían al inundar con armas ilegales la zona de Camden, era lucrarse a costa de vidas de residentes inocentes”, afirmó el Coronel Patrick Callahan, Superintendente Encargado de la Policía Estatal de Nueva Jersey. “Estoy muy orgulloso por los esfuerzos investigativos y el trabajo policial sólido demostrado por los miembros de las Unidades Especiales de Tráfico del Área Sur y de Fugitivos de la Policía Estatal de Nueva Jersey, así como el de nuestros aliados locales, estatales y federales”.

“Todos estos hombres habrían desempeñado algún rol que contribuye a la violencia en Camden”, dijo Valerie A. Nickerson, Agente Especial a cargo de la División de Nueva Jersey de la DEA. “Ellos no demostraron preocupación alguna por la violencia que pudiera haber resultado de sus acciones. Los hombres y mujeres a cargo de esta investigación están dedicados a reducir la violencia con armas en la comunidad”.

“Valoramos el trabajo que nuestros aliados del orden público realizan para sacar estas armas de nuestras calles”, expresó el Jefe del Departamento de la Policía Metropolitana del Condado de Camden Scott Thomson. “Este armamento de gran capacidad habría sido utilizado para debilitar nuestra comunidad y desestabilizar a nuestros vecinos, por lo que lograr estos arrestos, y romper esta cañería, era imperativo para la seguridad de nuestra ciudad”.

“Este caso de tráfico de armas de fuego demuestra el más alto nivel de cooperación entre múltiples agencias, jurisdicciones y estados”, reconoció Trevor Velinor, Agente Especial a cargo por parte de la División de Campo de la ATF en Columbus. “No hay lugar en nuestra sociedad para quienes utilizan armas de fuego con fines criminales, como tampoco hay lugar para quienes proveen a los criminales con esas armas de fuego. La ATF se enorgullece de trabajar con nuestros aliados del orden público para detener a quienes desean promover la violencia en nuestras comunidades”.

Scott y Caban ya han sido detenidos y se les dictó prisión preventiva pendiente de juicio en Nueva Jersey. Moore, Jennings, Folk y Harville quedaron con arresto por orden judicial después de la imputación de cargos. La Oficina del Fiscal General está procesando su detención.

La investigación llevó a que el 6 de febrero se realizara una acusación por separado contra Caban y Baron Coleman, 38 años de edad, de Filadelfia, PA, por el delito de conspiración, en segundo grado, para distribuir heroína. Caban también enfrenta cargos por delito de distribución de heroína, en primer grado, debido a su presunta venta de esta droga en repetidas ocasiones entre mayo y agosto de 2017. Coleman supuestamente le proveía la heroína a Caban, quien a su vez se presume la vendía a otros expendedores en Camden. Cuando el Grupo 31 de la DEA de Filadelfia arrestó a Coleman y ejecutó una orden de allanamiento en su lugar de residencia, pudieron incautar un kilogramo de heroína y un kilogramo de cocaína.

La investigación empezó cuando la Policía Estatal de Nueva Jersey, el Grupo de Trabajo del HIDTA de la DEA en Camden y el Departamento de la Policía Metropolitana del Condado de Camden obtuvieron información de que Caban podría estar traficando tanto heroína como armas en Camden. Se presume que durante el curso de la investigación, Caban llegó a vender de manera ilegal 10 armas que fueron recuperadas por las agencias de investigación. Entre las armas recuperadas se incluyen dos rifles de asalto ilegales con proveedores de gran capacidad, seis pistolas 9mm (cuatro de estas con proveedores de gran capacidad ilegales), una pistola calibre .45 y otra pistola calibre .40. Los investigadores pudieron establecer que Caban estaría obteniendo las armas por medio de Scott. Esto pudo corroborarse más adelante con evidencia incautada por la Policía Estatal de West Virginia cuando arrestaron a Scott durante un control vehícular el 9 de julio de 2017. Entretanto, la Policía Estatal de Nueva Jersey pudo establecer la conexión de las armas con Hammond, en Ohio. Al trabajar de manera conjunta entre la ATF y la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio, que ya venía investigando a Scott y Hammond, los investigadores pudieron establecer que Hammond habría estado comprando armamento para Scott, incluyendo rifles de asalto comprados en tiendas en los alrededores de Columbus, Ohio, o en línea a través de sitios web que anuncian armas de fuego a través de avisos clasificados.

La investigación pudo establecer que Hammond y Scott visitaban juntos las tiendas donde Hammond compraba las armas para Scott. Se presume que luego de esto, Scott le tomaba fotos a las armas y las enviaba por mensaje de texto a sus intermediarios en Camden, quienes se encargaban de conseguir los individuos que comprarían las armas al precio establecido por Scott. Los intermediarios, supuestamente, adicionarían un “impuesto” al precio establecido por Scott, para cobrar su ganancia. Una vez Scott recibía las órdenes, se desplazaba en coche para entregar las armas a los intermediarios. En algunas ocasiones, el pago a Scott se habría hecho vía transferencia electrónica, aunque en su mayoría los pagos furon en efectivo a través de los intermediarios. Como tal, Scott nunca llevaba a cabo la venta directamente con el comprador final. Ocasionalmente, Hammond habría viajado con Scott hasta Camden para entregar las armas de fuego a los intermediarios. Los rifles de asalto eran revendidos por hasta $2,000. Se estima que Hammond habría comprado más de 30 armas de fuego que fueron introducidas a Camden por Scott y los otros acusados. En la investigación se recuperó un total de 17 armas vinculadas a la red de tráfico de armamento, entre las que se incluyen 14 pistolas, dos rifles de asalto AK-47 y un rifle de asalto AR-15.

La Fiscal General Interina Cassandra Montalto presentó los cargos ante el gran jurado estatal en nombre de la Oficina para Bandas Criminales y Crimen Organizado de la División de Justicia Criminal, bajo la supervisión del Jefe Interino de Oficina Erik Daab y la Jefe de Oficina Lauren Scarpa Yfantis. El Detective Sgto. de primera Clase Erik Hoffman fue el detective al mando por parte de la Unidad de Tráfico del Área Sur de la Oficina de Control del Crimen Organizado y Violento del Área Sur de la Sección de Inteligencia de la Policía Estatal de Nueva Jersey.

El Fiscal General Grewal elogió a las siguientes agencias por su trabajo en las denuncias e investigaciones:

• Oficina para Bandas Criminales y Crimen Organizado de la División de Justicia Criminal de Nueva Jersey
• Unidad de Tráfico del Área Sur de la Policía Estatal de Nueva Jersey
• Unidad de Fugitivos de la Policía Estatal de Nueva Jersey
• Grupo de Trabajo de Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA) de la DEA en Camden
• Departamento de Policía Metropolitana del Condado de Camden
• División de Campo de la ATF de Columbus, Ohio
• Oficina de Campo de la ATF de Camden N.J.
• Oficina de Fiscales de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio
• Grupo 31 de la DEA de Filadelfia
• Policía Estatal de West Virginia (Agente Eric McFarland)
• División de Policía del Condado de Henrico (Virginia)

Scott, Hammond, Caban y Folk fueron condenados también por el delito de posesión ilegal de armamento (en segundo grado) y otros delitos relacionados con armamento, y Caban y Folk enfrentan cargos por el delito de posesión de un arma siendo convictos (en segundo grado). Los siete condenados por delitos relacionados con armamento también enfrentan cargos por el delito de lavado de dinero (en tercer grado).

Los cargos en primer grado conllevan una sentencia de 10 a 20 años en prisión y una multa de hasta $200,000. El delito por crimen organizado en primer grado conlleva un periodo obligatorio de inadmisibilidad para la libertad condicional equivalente al 85% de la sentencia impuesta. Los delitos en segundo grado conllevan una sentencia de cinco a 10 años en prisión y una multa de hasta $150,000. Los cargos por posesión de un arma siendo convicto conllevan una sentencia mínima obligatoria de cinco años sin libertad condicional, y el delito de posesión ilegal de un arma en segundo grado conlleva un periodo obligatorio de inadmisibilidad para la libertad condicional equivalente a la mitad de la sentencia impuesta o a tres años y medio, lo que sea mayor. Los cargos por delitos en tercer grado conllevan una sentencia de tres a cinco años en prisión y una multa de hasta $15,000. Mientras que los cargos por delitos en cuarto grado conllevan una sentencia de hasta 18 meses en prisión y una multa de $10,000.

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