TRENTON – El Fiscal General Gurbir S. Grewalanunció en el día de la fecha que participa de la coalición integrada por los fiscales generales de los estadosque instaron al Congreso para que tome las medidas necesarias para garantizar que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA por su acrónimo en inglés) no deba estar obligada a realizar ningún recorte de gastos en su próximo presupuesto.
La Declaración enviada destaca la necesidad de adecuar el presupuesto de la agencia para ayudar a garantizar que los estados, incluyendo a Nueva Jersey, puedan implementar totalmente las leyes ambientales que tienen efectos en sus residentes.
Dirigida a las autoridades de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, la Declaración enviada solicita al Congreso que garantice que el financiamiento de la EPA mantiene “como mínimo”, los niveles presupuestario del año 2017 y hace saber los motivos reales para incrementar el financiamiento de la agencia.
“Inevitablemente, cualquier recorte al presupuesto de la EPA amenazará y perjudicará también los esfuerzos para la implementación de medidas ambientales de Nueva Jersey”, dijo el Fiscal General Grewal. “Históricamente, nuestro trabajo participativo con la EPA ha involucrado una activa co-ejecución por parte de la agencia cuando se requiere, como también, el apoyo a los programas regulatorios estatales. Como estado, confiamos en que la EPA sea un socio sólido en la labor cotidiana para asegurar que los residentes de Nueva Jersey puedan tener aire limpio, agua potable segura y un medio ambiente saludable.
La Declaración enviada señala que por años la EPA ha “luchado con un presupuesto que no condice con sus necesidades ni obligaciones”. En realidad, el grupo de Fiscales Generales expresa que “existen razones fundadas para afirmar que se necesita un financiamiento superior – y no inferior- al que recibió la agencia en el año fiscal de 2017, para que se puedan abordar los problemas apremiantes ambientales y de salud pública, y las nuevas responsabilidades que el Congresoha asignado a la EPAdurante años”.
La Declaración afirma específicamente que cualquier acuerdo presupuestario para el año fiscal 2018 debe garantizar que las “actividades centrales” de la EPA sean financiadas en su totalidad – incluyendo la ejecución de regulaciones ambientales, el establecimiento de estándares ambientales, la emisión de permisos, el monitoreo de emanaciones y el suministro de asistencia técnica y legal.
La Declaración advierte que “despojar de los fondos de los programas principales de la EPA y mermar su fuerza de trabajo incapacitaría a la agencia” y pondría en peligro directamente, no solo sus actividades centrales, sino también,su participación de la que dependen nuestros estados, lo que causaría un resultado final de una menor protección de nuestro aire, agua y tierra, así como de la salud y seguridad de nuestros residentes”.
Encabezada por el Fiscal General de Nueva York Eric Schneiderman, la Declaración multi-estatal enviada también expresa su preocupación por la actividad realizada en el ámbito civil y criminal de la EPA en 2017, que llamativamente mostró una reducción en esfuerzos y cantidad de procesos judiciales, inspecciones y evaluaciones de la principal agencia ambiental del gobierno federal, que presentó los niveles más bajos en los últimos diez años.
La Declaración enviada afirma que evitar los recortes al financiamiento de la EPA en 2018 enviaría a la agencia un “mensaje claro y convincente” de que se espera que cumpla su misión esencial mediante el cumplimiento de la ley federal y la asistencia a los estados y las jurisdicciones locales con sus esfuerzos enfocados en la protección del medio ambiente.
La Declaración concluye estableciendola oposición de los estados a “cualquier” cláusula adicional incluida en el presupuesto 2018 de la EPA, que pueda actuaren detrimento de los esfuerzos para la protección del medio ambiente en todo el país.
Los estados señalan que entre las cláusulas adicionales propuestas más “objetables” están aquellas demorarían la implementación de los estándaresnacionales ambientalesde calidad del airepara elozono de 2015, y otra que anularía la ampliación de protecciones de agua segura.
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